Agresiones con agentes químicos ¿violencia de género?

Por Juan Sebastián Jaime Pardo.

Trabajo en temas de género, diversidad sexual, vejez y discapacidad y por ese motivo tengo a la mano mucha más información de la que Verónica Ucrós buscó (o encontró) para la columna que publicó en el portal VICE.

Soy abogado en el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, donde hacemos parte de la Mesa Interinstitucional para la Prevención, Protección, Atención y Restablecimiento de los derechos de las mujeres sobrevivientes a agresiones con agentes químicos que lidera la Secretaría Distrital de la Mujer para hacer frente a esta forma de violencia.

En su texto, Ucrós resalta que, como reacción al cubrimiento de los medios de comunicación a la agresión de la que Natalia Ponce de León fue víctima, varias mujeres con espacios de opinión salieron rápidamente a condenar el ataque y a etiquetarlo como “violencia de género”.

Luego presenta y analiza algunas cifras, todas de Medicina Legal, y afirma que en realidad este fenómeno no puede ser definido como “de género” según la evidencia disponible. Aunque ella aclara que este aspecto sí puede estar influyendo en estos actos, finalmente afirma que todas las personas que opinamos que sí es violencia de género nos estamos dejando llevar por fórmulas simplistas.

Una de las mayores falencias que encontré en la columna de ella, además de que no busca fuentes alternativas a Medicina Legal, es que da a entender que todos los casos de agresiones llegan a Medicina Legal.

Esta entidad es, para ponerlo en palabras sencillas, una institución experta que le presta apoyo al sistema de justicia. Es decir, las personas llegan allá para que valoren sus lesiones con el objetivo de que esto sea aportado a un juicio como prueba (principalmente).

En otras palabras, que los hombres atacados con ácido sean la mitad de las personas que llegan a Medicina Legal por estos casos no quiere decir que sean la mitad de las víctimas. Además, los datos de Medicina Legal no son comparables con los de otros países porque incluyen más sustancias en esta clasificación, como el gas pimienta.

Esto podría explicar que ella encuentra en los datos una gran cantidad de hombres de las fuerzas armadas que agreden a otros hombres, ya que la Policía Nacional ha usado este tipo de gas en estadios, por ejemplo.

Por eso es importante traer a colación los datos del Instituto Nacional de Salud, que tiene bajo su cuidado el SIVIGILA. El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública tiene información del sistema de salud en general: registra a las personas que acuden al sistema de salud para atender sus lesiones.

Según estas cifras, el 80.9% de las personas atendidas por estos ataques son mujeres. Con base en estos y otros datos se está haciendo la regulación de la ley 1639,  norma que se presentó en el Congreso para evitar estos ataques, castigar a los agresores y atender a las personas sobrevivientes.

La ley dice que debe crearse una ruta de atención, asunto que pronto estará listo. Dicha norma la propuso el movimiento político MIRA sin consultar a las mujeres sobrevivientes, quienes son las que ahora enfrentan las consecuencias de tener que usar una ley que no está tan conectada con sus necesidades.

El hecho de que el 80% de las víctimas sean mujeres, pero que solamente el 50% de ellas lleguen a Medicina Legal es por sí mismo muy elocuente. Esto vuelve a demostrar que la administración de justicia disuade a las mujeres de acceder a su sistema.

Esto no es nuevo para los estudios de género que han reconocido desde hace mucho tiempo que las instituciones del Estado son revictimizadoras. Tradicionalmente tienden a minar la credibilidad de la mujer y a forzarla a repetir su experiencia varias veces a distintos funcionarios.

Por este motivo, algunas de esas entidades como Medicina Legal, han adoptado protocolos y modelos de atención para violencias basadas en género. Este es un importante primer paso para empezar a cambiar la situación.

Y fuera del argumento de los estudios de género, también hay que reconocer una realidad colombiana y es el precario acceso a la justicia en términos generales. En Colombia, sólo el 23% de los conflictos sociales llegan al sistema de justicia. Por todo esto, analizar un fenómeno como el de los ataques con ácidos únicamente a partir de los datos de Medicina Legal es peligroso y poco responsable.

Para terminar con esta parte del argumento, decir que un fenómeno no es  violencia de género a partir únicamente de la lógica cuantitativa es, por lo menos, inocente. No se trata del número de los casos, se trata del significado que tienen en contextos patriarcales.

Para terminar, todas las agresiones de las que se tiene información (para el momento del informe que se presentó en la Mesa) son a rostro y tórax. Según la investigadora Lisa Taylor, esta es una forma de marcar los cuerpos de las mujeres y de mostrar dominación y subordinación.

Este es uno de los motivos por los que no se puede mirar tal situación únicamente desde la lógica cuantitativa. Detrás de los ataques con ácidos hay patrones que no podemos ignorar solamente por la proporción de mujeres víctimas u hombres agresores.

¿Son estos ataques una forma de violencia basada en género? Yo creo que sí y  la evidencia lo confirma. ¿Podemos hacer un análisis más profundo? Por ahora no. Los datos que tenemos disponibles son muy pocos, con pocas variables y en algunos casos no son consistentes.

Por eso en PAIIS solicitamos, dentro de la regulación de la ley 1639, que todas las instituciones que forman parte de la ruta integral recopilen, sistematicen y rindan públicamente y de manera periódica la información sobre este fenómeno.

Esperamos que acojan la sugerencia incluyendo variables adicionales, como orientación sexual e identidad de género, y que en la academia podamos impulsar más esfuerzos para responder con más seguridad la pregunta inicial.