Conjuez Herrera, no lo dude: la respuesta es sí

En el Congreso de Colombia se han discutido al menos seis proyectos de ley que buscan garantizarles a las personas y parejas homosexuales, los mismos derechos que tienen las heterosexuales. Ninguno ha sido aprobado.

A la Corte Constitucional le ha correspondido hacer el trabajo del Congreso.  En 2007 reglamentó la unión de hecho, con sus correspondientes obligaciones y beneficios, para estas parejas. En 2011 señaló que la procreación no es un elemento esencial del matrimonio y que las parejas del mismo sexo sí constituyen familia.

Ese mismo año la Corte exhortó al Congreso a remediar el déficit de protección que les genera a las parejas del mismo sexo no poder formar una familia a través de un vínculo jurídico como el matrimonio. Manteniendo su línea, el Congreso no aprobó en 2013 el proyecto de ley que buscaba legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, por la actual composición de la Corte Constitucional, la situación es distinta. A pesar de que el magistrado Jorge Iván Palacio presentó una ponencia favorable sobre la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, cuatro magistrados, de los ocho que votaron, lo hicieron en contra.

La ponencia estaba sustentada en los conceptos enviados por diferentes universidades y organizaciones y en estudios científicos que demuestran que la orientación sexual de los padres o madres, independiente de cuál sea, no afecta el desarrollo afectivo, psicológico ni social del menor.

De nada sirvieron los argumentos a favor: los magistrados Jorge Ignacio Pretelt, Gabriel Mendoza, Luis Guillermo Guerrero y Martha Sáchica dijeron “no” a la adopción igualitaria.

Esta no puede ser una discusión en donde se impongan las creencias personales o religiosas. Debe sustentarse única y exclusivamente en los conceptos académicos y en la evidencia científica.

Si bien en Colombia hay libertad de cultos, no es sensato pretender que la legislación se ajuste a unas creencias particulares que pertenecen al fuero íntimo.

La discusión no debe centrarse en el “modelo ideal de familia” porque no lo hay. No se trata de imponer el que cada quien prefiera pretendiendo que es el único o el mejor. Así como muchos niños han crecido de manera saludable en hogares conformados por un papá y mamá, otros tantos han tenido problemas afectivos o psicosociales en estos hogares. Y en esto no tiene nada que ver la orientación sexual de los padres.

El tema de fondo son las capacidades y habilidades de las personas para educar de manera apropiada a un menor y para darle una familia que sea responsable con él. No se es mejor o peor papá o mamá por ser homosexual o heterosexual.

Lo cierto es que, a pesar de las evidencias, cuatro magistrados de la Corte Constitucional votaron en contra de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Esto significó que un conjuez, José Roberto Herrera, sea el responsable de definir si miles de niños de Colombia podrán tener un hogar.

Ojalá que el próximo 18 de febrero, día en que deberá hacer pública su decisión, pesen los argumentos científicos, el derecho a la igualdad para las parejas homosexuales y el talante liberal que, según diversos medios de comunicación, ha caracterizado al abogado Herrera en temas laborales.

El derecho de los menores a tener una familia que los quiera y proteja y el de las parejas del mismo sexo a adoptar no es un asunto que se resuelva con encuestas ni con la opinión de las mayorías, quienes muchas veces opinan con base en sus prejuicios e ignorancia en el tema.

El camino, conjuez Herrera, tampoco es el Congreso. O por lo menos, mientras este escenario reúna a figuras como Viviane Morales, María Fernanda Cabal o Roberto Gerlein. Así que en sus manos está continuar por la línea de la igualdad que, en líneas generales, ha caracterizado a la Corte Constitucional.

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