Hace pocos días escuchamos la noticia en el Canal RCN:120 parejas contrajeron matrimonio católico auspiciadas por la gobernación del departamento del Meta.
El argumento que daban para justificar tal evento era que estas personas carecían de los recursos necesarios para acceder a una ceremonia de este tipo, lo que les permitió recibir por parte de la gobernación el ajuar y todos los gastos necesarios para llevar a cabo el casamiento.
Esta noticia no tiene, en realidad, nada de novedoso. Sin embargo al estar tan cerca de la decisión de la Corte Constitucional con respecto al matrimonio igualitario en Colombia, sí suscita una pregunta que todavía no se ha podido resolver del todo:
Es claro que todas las parejas que participaron en este evento masivo son mayores de edad y que finalmente fue su decisión estar ahí. Lo que llama la atención es el tinte moralista (presentado, obviamente, de manera soterrada) con que se justifica la ceremonia, pues no queda claro por qué el matrimonio tenía que ser por medio de la Iglesia Católica y no sólo por ceremonia civil.
Y aún más, por qué la Gobernación tenía que entregarles (habiendo otras necesidades mucho más imperiosas) vestido blanco y anillos a las parejas, todos estos símbolos tradicionales de la religión católica.
¿Por qué el Estado colombiano insiste en involucrarse y decidir en la vida privada de las personas?
¿Por qué le preocupa a la Gobernación del Meta que existan personas que, a pesar de llevar muchos años viviendo juntos (40, como lo declaró una pareja), no hayan “formalizado” su relación ante una institución religiosa o, mejor, “LA” institución religiosa de este país?
Claramente la razón no puede ser por cuestiones legales, pues finalmente la unión marital de hecho concede casi los mismos derechos que una pareja unida por el matrimonio.
Lo mismo sucede con todo el debate que se ha presentado sobre la legalización de los matrimonios para personas del mismo sexo. No en vano, este fin de semana las diferentes iglesias de este país se unieron para conformar una liga extraordinaria que se pronunciara en contra de dichas uniones.
Si se sigue partiendo de la idea de que es un problema del Estado y no de los ciudadanos decidir sobre su propia vida, seguiremos teniendo ideas tan insípidas como que al legalizar las uniones del mismo sexo, habrá una tendencia más marcada a que algunas personas se vuelvan homosexuales o habrá más casos de abuso sexual contra menores.
Se ha dicho que aunque la Constitución del 91 invoca “la protección de Dios” en su preámbulo, ésta misma se planteó como una Carta abierta a la libertad de cultos (artículo 19) y por lo tanto, como un Estado en el que la religión no tenía poder decisivo sobre resoluciones gubernamentales.
No obstante, el ejemplo de los matrimonios colectivos en Villavicencio y el llamado de las iglesias nos recuerda que en Colombia estamos lejos de vivir en un Estado laico en el cual las opiniones de las organizaciones religiosas, principalmente la católica, sean un accesorio más de las cosas que suceden a diario.
