¿Cuánto importan las personas transgeneristas en la política pública LGBTI de Bogotá?

En los últimos años hemos visto un aumento en la participación de personas LGBTI en dependencias y asuntos públicos de Bogotá. El hecho de que esta ciudad tenga una política pública dirigida a personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) se ha convertido en un hito local y nacional: finalmente contamos con herramientas para defender nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo, unos meses atrás escribí en Sentiido una entrada en la que me preguntaba si la inclusión de las personas LGBT es real o se queda solamente en el papel. Cuestionarse esto, pero desde la perspectiva de las personas intersexuales, daría para otra columna que ya vendrá más adelante.

Entre más indago, veo por ejemplo que las necesidades y realidades de las personas trans exigen un abordaje específico, cualificado y con ciertos requerimientos técnicos.

Me alegré mucho cuando Juan Florian, subdirector para Asuntos LGBT, dependencia que forma parte de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en una entrevista para Sentiido afirmó: “Hemos avanzado en mejorar el clima laboral y, especialmente, en el respeto hacia las mujeres trans. Estoy donde estoy gracias al trabajo con estas mujeres, así que cómo no pagar la deuda histórica que se tiene con ellas”.

Hay una premisa (perversa por cierto) que dice: “las mujeres trans solamente son trabajadoras sexuales o peluqueras”. Sin embargo, ahora también pueden trabajar en la Subdirección para Asuntos LGBT. Entonces, entre el compromiso de la política pública LGBTI de Bogotá y la apuesta de Florian, hay una línea conectora: cada vez es más posible ser una persona trans en esta ciudad. Pero en la práctica, ¿qué tan cierto es esto?

A mis manos llegó una respuesta a un derecho de petición en el que una ciudadana consultó sobre cuatro aspectos a la Subdirección para Asuntos LGBT:

1. En los últimos dos años qué programas y acciones específicas están dirigidas a la población trans de Bogotá.
2. Cuántos funcionarios se encuentran destinados para atender esta población.
3. Rubros presupuestarios para atender esta población, su ejecución y la planeación de los próximos meses.
4. Procedimientos que se siguen para consultar y consensuar con las y los destinatarios de las acciones.

Las respuestas a estas preguntas permiten evidenciar qué se ha hecho, qué personal debe hacerlo, presupuestos requeridos y cómo se sabe si estas acciones son las que necesitan las personas trans para que sus derechos estén garantizados.

El documento de respuesta aclara que la política pública LGBT tiene como objetivo “garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBT” (acá la “I” de intersexuales no existe). “Garantizar” es uno de los verbos rectores más amplios dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, e implica esfuerzos enormes por parte del Estado, en este caso, representado por el Distrito.

El Estado es el único responsable de proteger esos derechos. Tengamos eso en mente, pues se habla del concepto de “corresponsabilidad”, lo que puede disolver la obligación que, en este escenario, tiene el Estado/Distrito.

Considero aconsejable revisar una columna que Sentiido presentó en días pasados, que da cuenta de ese universo de definiciones propias del mundo trans y que en un escenario de política pública podría servir para no casarse con una sola. Esto último sería un ejercicio hecho desde arriba, por aquellos que pueden nombrar y no por quienes viven día a día en el tránsito de género o sexo.

Respecto a la pregunta planteada por la ciudadana sobre cuáles son las políticas y programas específicos para las personas trans, el documento señala: “todas las acciones de la política pública y su plan de acción son para trans”. No precisan acciones ni procesos puntuales porque, supuestamente, todo el paquete les funciona.

En cuanto a la inquietud del número de funcionarios/as que atienden estas necesidades específicas de la población trans, le responden a la ciudadana que todas las personas en la administración distrital de Bogotá deben garantizar los derechos LGBT. “Todos y todas deben hacerlo”, pero ¿tienen las competencias para tal fin? ¿Han sido preparados/as y entrenados/as para esto?

La peticionaria pidió conocer el número de funcionarios/as distritales destinados/as a atender a la población trans. La respuesta fue: busque en www.contratacionbogota.gov.co. Es decir, no establecen la cifra exacta de las personas contratadas y capacitadas para esto.

En el tercer punto, la ciudadana pregunta por los rubros o el presupuesto. En la respuesta, la Subdirección para Asuntos LGBT informa que el presupuesto de toda la Alcaldía de Bogotá para 2014 es de 14 billones 730 mil millones de pesos y que a la Secretaría de Integración Social le correspondieron 899 mil millones de pesos.

Proyectos específicos

Sin embargo, no responde de manera específica la pregunta de cuánto y cómo se han invertido los recursos destinados para las personas trans. Informan que hay Centros de Integración Social que atienden a la población LGBT, sus redes y familias. Pero, ¿algo específico para población trans? La Subdirección se abstuvo de precisar al respecto.

Finalmente, la ciudadana pregunta: ¿cómo se consultan y se tienen en cuenta las opiniones de las personas destinatarias de las acciones específicas para población trans? Y la inquietud tiene sentido si se tiene en cuenta que para que los procesos de implementación de políticas públicas resulten exitosos, las personas beneficiadas deben ser escuchadas.

El derecho a participar en las decisiones de gobierno está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el 40 de la Constitución Política de Colombia.

Sin embargo, lo que más me llama la atención de la respuesta al derecho de petición es este aparte: “Por obligatoriedad legal las acciones del gobierno distrital cumplen con los fines del Estado y están especificadas en la normatividad mediante la cual se establecen los objetivos misionales de los diversos sectores de la administración pública. Por lo anterior, no corresponde al gobernante de turno o a un grupo de ciudadanos, por capricho o influencia, establecer el quehacer de la administración pública”.

En otras palabras, quedamos a merced de la sabiduría del Estado y de quienes trabajen en él y no podemos aportar ni ser consultados para mejorar la implementación de la política pública LGBT o expresar nuestro disentir.

Y las personas trans, ¿cómo participan y expresan sus necesidades? “Tienen el Consejo Consultivo”, responde la Subdirección para Asuntos LGBT. Y explican cómo está conformado, pero no cómo trabaja con el Distrito.

El director de la Subdirección reitera que, en el marco de la “corresponsabilidad”, uno de los objetivos de la política pública es que “los sujetos cuenten con las condiciones y capacidades para actuar en el cumplimiento de sus derechos”.

Esta afirmación que no solamente usa un sinsentido, pues los derechos no se cumplen, sino que se ejercen, apunta a que el Estado/Distrito les dice a los/as ciudadanos/as qué deben hacer.

El documento remata diciendo que se busca desarrollar una cultura ciudadana en perspectiva de derechos, y yo me pregunto: ¿saben en la Subdirección LGBT lo que esto implica? Y si lo saben, ¿cómo responden este derecho de petición sin un enfoque de derechos? ¿Cómo se está cualificando la demanda de derechos de personas trans? ¿Se las está capacitando en incidencia política, Derechos Humanos, presentación de demandas, tutelas, derechos de petición o procesos disciplinarios?

Y en caso de que esto se esté  llevando a cabo, ¿cómo se mide el impacto de esas capacitaciones? ¿Son públicos los resultados? ¿Se han incrementado las demandas de derechos?

Invitaría a que la respuesta a este derecho de petición fuera compartida a muchas personas trans. Quizás así mi confusión se disiparía o, por el contrario, se confirmaría mi sospecha de que las necesidades trans siguen sin ser prioridad para la Subdirección para Asuntos LGBT, así el discurso prometa más.

Como epílogo, solo para abrir debate, si así es el tema en Bogotá, ¿cómo estaremos en otras regiones del país? ¿Se contemplan estos temas en la política pública nacional LGBTI que lleva más de 4 años en diseño?

Enlaces relacionados:

Los retos de la población transgénero
Diferentes formas de ser transgénero
¿Nacer en el cuerpo equivocado?
¿Personas LGBT para trabajar asuntos LGBT?