¡Cuélguenlos!

¡Cuélguenlos!

Abogada, experta en Derechos Sexuales y Reproductivos. Activista feminista por la no violencia contra las mujeres y por la igualdad de derechos LGBT. |La opinión de los colaboradores es personal y no compromete a Sentiido ni a institución alguna|
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Aunque para muchas personas el “ojo por ojo” es el camino a seguir para lograr el orden, la evidencia demuestra que esta alternativa termina por convertirse en una forma de venganza y no de hacer justicia.

“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”, Mahatma Gandhi (1869-1948).

la polarización política en Colombia
David Kato, activista ugandés asesinado en 2011. Su muerte ocurrió después de que su nombre y datos personales, junto con los de otros 100 activistas LGBT, fueran presentados en un periódico local, acompañados del titular: “¡Cuélguenlos!”. Foto: Almcalabria.

David Kato fue un activista Ugandés. Lo asesinaron cuando tenía 42 años. Su muerte ocurrió después de que su nombre y datos personales, junto con los de otros 100 activistas LGBT, fueran presentados en un periódico local, con una frase resaltada que decía: “¡Cuélguenlos!”. Lo mataron en su casa. Es uno de esos casos que aún en Colombia las autoridades se resisten a calificar como un típico crimen de odio.

Recientemente Alejandro Pérez, universitario tolimense, hizo bromas macabras en sus redes sociales sobre la tragedia del municipio de Fundación (Magdalena), en la que murieron 33 niños en el incendio de un bus. En menos de 24 horas, su nombre completo, datos de contacto y fotos habían sido expuestas en Twitter  y se invitaba abiertamente a distintos actos: “¡quémenlo!” “¡es un HP mátenlo!”.

La eliminación del otro como forma de control. En el primer caso, el de Kato, el control sobre quien tiene una conducta “desviada” a la luz de la norma heterosexual. En el otro, la eliminación del joven por sus comentarios indolentes e irresponsables, “desviados” de la compasión que suscitó la tragedia.

¿Quién determina a quién se puede eliminar y a quién no? ¿Se puede dejar en manos de las mayorías ese tipo de decisiones? Las mayorías francesas, sin orden y sin estructura,  determinaron que los nobles podían ser eliminados por egoístas, explotadores e indolentes.

En países en los que es legal la pena de muerte, grupos más pequeños, actuando como jurados, con estructuras muy claras y al amparo de la ley, pueden decidir que una determinada persona debe ser eliminada, condenada a muerte: La eliminación de quien rompe la ley porque ha quitado una vida.

¿Es más válida una conducta que otra? ¿El linchamiento de un violador descubierto en el barrio es un acto legítimo? ¿Es una respuesta proporcional a la agresión?

Puede plantearse que el “ojo por ojo” es el camino para lograr el orden, pero la evidencia demuestra que no es una forma de control efectiva: la transgresión a la norma sigue ocurriendo y, lo peor, el mecanismo termina convirtiéndose, en muchos casos, en una forma rápida de venganza, no de justicia.

El populismo punitivo, fijar penas altas para delitos que generan alta sensibilidad social, no es más que eso: populismo. Cada cierto tiempo se escucha que necesitamos la pena de muerte en Colombia, para abusadores de niños y homicidas.

Quienes promueven esta medida, suelen olvidar los enormes índices de desigualdad en el acceso a la justicia, su profundo problema de corrupción e impunidad y aquello que la sabiduría popular ha señalado tan claro: la justicia es para los de ruana. Los demás suelen escapar a las sanciones.

Estas formas de eliminación del “otro transgresor”, no son más que una manera de justificar a los “buenos” y sancionar a los “malos”. Una estrategia que libera de responsabilidades a la sociedad, la cual genera por múltiples condiciones las “desviaciones” en los casos de delitos como el homicidio y que sanciona como “desviaciones” conductas como la homosexualidad.

Creo que aceptar la posibilidad de eliminar a un “otro transgresor” abre un abismo muy peligroso que puede llevar a que cualquiera que tenga el poder, o las mayorías, determine quién puede ser eliminado y quién no. Y las razones pueden ir desde la sanción ante un asesinato, hasta el hecho de tener conductas homosexuales. Toda una caja de Pandora.

Como país le apostamos a la paz en la segunda vuelta electoral presidencial. Estamos prontos a iniciar un proceso largo y doloroso. Una vez firmados los acuerdos y aprobados en referendo – si lo consideran las mayorías – entraremos en la etapa más difícil: reconocer a los agresores y ponerles a aceptar sus crímenes en frente de las víctimas.

Hablamos de gente que mató, violó, desplazó, robó y que en general vulneró profundamente el alma de muchas comunidades, dejándolas sin aliento y sin esperanza. La gran apuesta del proceso de paz que se avecina, será vencer la tentación de justificar la eliminación, la justicia por mano propia, la venganza.

Las guerrillas nacieron como una respuesta a los atropellos contra los campesinos en la época de “la violencia”, ese período oscuro de nuestra historia en el que la razón para eliminar a los otros era su pertenencia a un partido político o sus concepciones religiosas.

Los paramilitares nacieron unas décadas después, como respuesta a los atropellos de las guerrillas. Todos queriendo eliminar a los transgresores, considerando justa su causa, así como los medios para alcanzarla. La violencia es una serpiente que se muerde la cola.

Muchos de los implicados en la ley de justicia y paz, saldrán de la cárcel entre este año y el próximo. Y lo harán sin haber dicho la verdad y sin haber reparado a las víctimas. Pocos casos han sido plenamente sancionados y la gran mayoría saldrá por vencimiento de términos, no por que hayan cumplido con lo que debían hacer en el marco de la ley que facilitó su desmovilización.

Esta historia no puede repetirse en el proceso de paz con las FARC y el ELN. Las exigencias del acuerdo de paz van a implicar un claro reconocimiento de responsabilidades, no solo para las guerrillas, también involucrará a los neo-paramilitares (desmovilizados que no desmovilizaron sus estructuras) y a los auspiciadores de estos grupos en el gobierno y en la empresa privada. Y deberá incluir a las fuerzas armadas que han incurrido en no pocos desafueros contra la sociedad civil en el ejercicio de sus tareas.

La verdad debe salir a flote y las reparaciones deberán ser efectivas. Ese es el gran reto del post-conflicto. La tentación de tomarse la justicia por propia mano puede ser muy alta. La vía más fácil podría ser abrogarse el poder de eliminar a esos otros, los transgresores, que tanto daño le han hecho al país.

La vía más difícil será aceptar que los acuerdos determinen penas alternativas, unos tiempos reducidos, y la posibilidad de que, una vez dejadas las armas, los hoy combatientes se incorporen en las ciudades y los barrios, sean nuestros vecinos y los papás de los amigos de nuestros hijos.

Si aceptamos la vía rápida, quien quiera podrá sancionar o decretar la eliminación de cualquier “otro” en razón de lo que considere es una desviación. Ese camino ya lo ha transitado muchas veces este país y no ha dado resultados. La tentación puede ser alta. El riesgo, es enorme.

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