Dos años después, ¿la Corte anulará los matrimonios de parejas del mismo sexo?

La Corte Constitucional de Colombia debe pronunciarse próximamente sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras esto sucede, aquellas parejas que desde el 20 de junio de 2013 han podido casarse, celebran su segundo año de matrimonio.

La sentencia C-577 de 2011 establece que de no legislar el Congreso sobre el tema, como en efecto sucedió, a partir del 20 de junio de 2013 las parejas del mismo sexo podrían acudir ante notarios y jueces para constituir familia mediante un vínculo jurídico.

Como se sabe, la Corte no mencionó el nombre del contrato que estas parejas firmarían y este fue el argumento que los notarios utilizaron para no celebrar matrimonios. La decisión, por tanto, quedó en manos de la interpretación que cada juez le diera a la sentencia.

Según Esteban Restrepo, profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes, el hecho de que la Corte haya establecido que el vínculo a firmar debe tener las mismas características del matrimonio, pero que no lo haya llamado así, envía un mensaje de desigualdad.

“Pareciera que existiera un lindero que ‘cierta gente’ no puede cruzar y que la legislación se utiliza a manera de policía de esas fronteras. Es establecer un apartheid jurídico”, afirmó Restrepo en un reciente evento que tuvo lugar en la Universidad de Los Andes en Bogotá.

El 2 de julio de 2013, la solicitud de matrimonio civil presentada por Carlos Rivera y Gonzalo Ruiz fue admitida. Se ordenó que se celebrara el 24 de julio de 2013.

Es decir, no celebró un matrimonio civil sino un contrato innominado, atípico y sin ningún efecto jurídico. Sin embargo, otros jueces dijeron “sí”.

Este es el caso de Luz Stella Garay, jueza 44 civil municipal de Bogotá, quien el 3 de octubre de 2013 celebró el matrimonio civil entre Sandra Marcela Rojas y Adriana Elizabeth González. Para Garay, la obligación de ella y de sus colegas, es pronunciarse y ejecutar cuando el Congreso calla y archiva.

Es matrimonio civil, no un contrato cualquiera

Según esta jueza, ella tomó esta decisión porque esta pareja de mujeres no solicitó la celebración de un contrato innominado, sino de un matrimonio civil. “Y la orden quinta de la sentencia C-577, no es otra que la de permitirles a las parejas del mismo sexo conformar familia mediante un vínculo jurídico o, en otras palabras, a través de matrimonio”.

Según Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia, si se quiere superar el déficit de protección del que habló la Corte, las parejas del mismo sexo deberían poder casarse sin barrera alguna.

“Esta es la única figura que les permite hablar de su esposo o esposa, como lo hacen las parejas heterosexuales”. Asimismo, la visa de cónyuge para ciertos países solamente es aceptada si la pareja está legalmente casada.

Ahora, cuando la ley permite más de una interpretación, explica Garay, debe preferirse aquella que mejor satisfaga los derechos de los involucrados. En este caso, la respuesta es matrimonio civil.

“No existe ninguna justificación para que las parejas del mismo sexo no puedan formalizar su unión y formar una familia a través de un vínculo jurídico. Los derechos humanos no están sujetos a discusión”, explica Garay.

Sin embargo, la ponencia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, con base en la cual esta entidad tomará próximamente una decisión sobre la validez de los matrimonios celebrados hasta la fecha por jueces, señala que estos no pueden llamarse de esta manera sino “unión solemne”.

Según Pretelt, los jueces que han casado, se tomaron competencias que no les corresponden. Afirma que la figura del “vínculo formal y solemne” a la que se refiere la Corte en la sentencia C-577, no es matrimonio.

Por una parte, el matrimonio igualitario cuenta con total respaldo del gobierno colombiano. Contrario a lo que sucedió en 2013, donde ni el presidente Santos ni ninguno de sus ministros se pronunció a favor de este proyecto, el escenario actual es distinto.

Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, ha dicho públicamente que la democracia es un sistema de gobierno que consagra garantías para que las visiones y decisiones de las mayorías no se impongan sobre los derechos de minorías, como son las personas con orientaciones sexuales no heterosexuales o con identidades de género diversas.

También debe abordarse bajo la guía del artículo 93, el cual señala que las normas constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Y estos no señalan que los matrimonios tengan que ser exclusivamente entre un hombre y una mujer.

Tampoco es válido seguir utilizando el argumento de que para casarse, hay que poder reproducirse. Finalmente, tener o no hijos es una posibilidad pero no un fin obligatorio del matrimonio. “De ser así, el Estado tendría que preguntarle a cada pareja antes de casarse si planea o no tener hijos”, afirma Uprimny.

Según explica, el matrimonio es una figura para formar una familia o una comunidad de cuidado y de amor. “Si fuera solamente para procrear, estaría prohibido para las mujeres mayores de 60 años”.

Para la senadora Claudia López, el reclamo no es que los sacerdotes celebren matrimonios, sino que el Estado respete y trate a todos sus ciudadanos de igual manera frente a la ley.

¿La Procuraduría decide?

“¿Qué sentiría una pareja heterosexual si al momento de celebrar su matrimonio llegara un funcionario de la Procuraduría a impedirlo?”, pregunta Claudia López.

Según la senadora, cuando ella va a pagar sus impuestos o a votar para unas elecciones, no le preguntan su orientación sexual. “¿Por qué entonces el Estado sí lo hace cuando solicito la celebración de mi matrimonio?”

Además del respaldo del gobierno, el periódico El Espectador informó recientemente que la Corte le hizo un llamado de atención al procurador Alejandro Ordóñez, al advertirle que no puede imponerles a jueces y notarios su visión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Por otra parte, aunque los jerarcas de la iglesia católica, religión que profesa el 70 por ciento de los colombianos, mantienen su posición de “se puede ser pero no ejercer”, hay pequeños pasos que permiten ver que, al menos algunos de sus líderes, están abriendo su mente.

Esto fue lo que demostró monseñor Juan Vicente Córdoba, arzobispo de Fontibón y presidente de la Comisión de vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, en un reciente evento que tuvo lugar en la Universidad de Los Andes en Bogotá.

Aunque los medios de comunicación se enfocaron en que él dijo: “no sabemos si alguno de los discípulos fue mariconcito o si Magdalena fue lesbiana”, Córdoba también afirmó: “nadie escoge ser heterosexual u homosexual. Hay que respetar los corazones de los seres humanos. Sencillamente se siente y se ama y ninguna atracción es mala”.

Monseñor aseguró públicamente que el pecado está en irrespetar la dignidad de las personas y no en la orientación sexual de cada quien. “Jesús habló de amor y respeto, no de ser ‘machitos’ ni de vestirse de una u otra manera”.

Durante su intervención afirmó que está mandada a recoger una iglesia que le diga a una sociedad –y no solamente a sus creyentes– qué es bueno y qué es malo, así como una iglesia que pretenda mandar y mantener una unión con las ramas legislativa y ejecutiva.

Además, si la Constitución de Colombia promueve el pluralismo y ampara las diversas visiones del mundo, el reto está en permitir que cada quien viva como mejor se sienta, pero sin afectar los derechos de los demás.

Para la senadora López, el tema va más allá del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo. “Lo que se busca es el cumplimiento de la principal promesa de una democracia: que todas las personas sean tratadas y consideradas como ciudadanas ante la ley y el Estado”.

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