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El poder de la sanción social

Género, diversidad sexual y cambio social.

Una vez más, el “templo” de la rumba gay de Colombia le negó el ingreso a una persona sin explicación alguna. ¿Qué hacer con los bares que parecen ser incluyentes pero que en la práctica discriminan? 

a quiénes discriminan en Theatrón Bogotá
Además de herramientas legales como la tutela, no se puede desconocer el poder de la sanción social para frenar actos de discriminación. Foto: Elmo Love.

El sábado 1 de junio se conoció públicamente un nuevo caso de una persona a la que el filtro de seguridad de la discoteca Theatron, ubicada en Chapinero (Bogotá), le impidió ingresar al establecimiento.

En esta ocasión, la protagonista fue Tania Duarte, una mujer transgénero integrante de la Corporación Caribe Afirmativo (organización que trabaja en la promoción de los derechos humanos de las personas LGBT del Caribe colombiano), quien se encontraba en Bogotá participando en el curso de liderazgo político LGBT promovido por Gay & Lesbian Victory Institute.

Como este, son varios los casos denunciados. Otros tantos quedan cada fin de semana en el anonimato. Y no solamente los que tienen lugar en Theatron sino en muchos de los bares que nacieron con la idea de convertirse en una alternativa de entretenimiento, independiente de la orientación sexual o la identidad de género de quienes los frecuentaran.

Marcela Tovar Thomas relató recientemente para Sentiido, en una columna titulada: “Theatron, entre la inclusión y la discriminación”, el desplante del que fue víctima en este lugar. Adicionalmente, otros episodios similares fueron dados a conocer en el artículo: “Derecho de admisión vs. discriminación en bares LGBT”.

Edison Ramírez, gerente de Theatron, ha manifestado en varias oportunidades que su establecimiento tiene unas políticas de admisión que deben cumplir y que es imposible hablar de discriminación en un sitio que cada fin de semana se llena.

También ha dicho que, curiosamente, mientras la gente se queja públicamente de filtros para ingresar, en privado le dicen: “lo malo de Theatron es que entra todo el mundo”.

En más de una ocasión, Ramírez ha señalado que de ninguna manera le impiden la entrada a una persona por razón de su raza, identidad de género, condición social o apariencia física. “Si la población LGBT ha sido tradicionalmente discriminada, no queremos repetir la historia”, es una de sus frases.

Cuando se le ha preguntado por qué le restringen la entrada a las mujeres transgeneristas, él ha dicho que solamente lo hacen con aquellas que tienen “fichadas” por haber cometido actos delictivos dentro del establecimiento.

¿El pasaporte a la discriminación?

Sin embargo, en la práctica, el asunto parece ser distinto. Tanto a Marcela Tovar como a Tania Duarte, les impidieron el ingreso sin explicarles cuál de las políticas de admisión violaron. Para aparentar que existía una justificación, a esta última le preguntaron si tenía la tarjeta StarCard, documento que se ha convertido en la manera de “respaldar” un acto de discriminación.

Lo más lamentable es que nada de esto es nuevo. Lo que sí llama la atención es que muchas de las personas, líderes y funcionarios públicos que de día abogan por la igualdad de derechos para las personas LGBT, de noche frecuentan este y otros establecimientos con prácticas similares.

Por la mañana acuden a las manifestaciones en favor del Matrimonio Igualitario y, por la noche, a la celebración de los 11 años de un espacio que nació con la idea de ser una alternativa segura para las personas LGBT pero que, en múltiples ocasiones, ha sido señalado de frenar la entrada a parte de esta población sin una explicación satisfactoria.

Esa doble agenda es una de las preocupaciones que ha evidenciado el caso de Tania Duarte. Cuando en febrero pasado Sentiido publicó el artículo “Derecho de admisión vs. discriminación en bares LGBT”, algunos activistas manifestaron su desacuerdo con el texto argumentando que Theatron es una empresa de entretenimiento y que mientras exista discriminación en la sociedad, los bares no serán la excepción.

La pregunta que desde entonces formulamos es: ¿los bares y los empresarios de estos lugares no forman parte de la sociedad? Es decir, ¿son los demás quienes deben adoptar prácticas incluyentes para ellos después hacerlo?

¡No más!

La gerencia de Theatron podrá argumentar que éste, como cualquier otro bar, puede reservarse el derecho de admisión. Pero ¿cuál fue el criterio para impedir el ingreso a Tania Duarte? ¿Su identidad de género? ¿El color de su piel? ¿Será que no le dijeron el motivo porque se trata de una premisa discriminatoria? 

Existen herramientas legales como la tutela o una sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para enfrentar el desbordamiento al que han llegado algunos de estos lugares.

Sin embargo, si después de los diferentes reclamos y solicitudes para que sitios como Theatron hagan públicas sus políticas de admisión, no se ha logrado nada, el paso a seguir debería ser una sanción social masiva.

No volver a aquellos bares y discotecas que le niegan la entrada a una persona sin explicar por qué lo hacen y que tienen ese doble juego entre la supuesta inclusión de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y la exclusión por motivos de raza, condición social, apariencia e, incluso, identidad de género.

Abandonar la comodidad de “como a mi sí me dejan entrar evito abordar el tema”, para reclamar un trato justo y digno para todas las personas. Es necesario solidarizarse y entender que no todas gozan de ese “privilegio”.

La agenda de la igualdad de derechos no abarca solamente el Matrimonio Igualitario. Incluye también pequeños detalles como que una persona trans pueda entrar al baño que coincida con su identidad de género o ingresar al establecimiento que quiera como cliente y no necesariamente como parte del espectáculo.

No se trata de dejar de ir a rumbear sino de ser consecuentes con el discurso que se maneja: si se aboga por los derechos del sector LGBT, se deben hacer respetar los de todas las personas que se identifican con esta sigla.

Las organizaciones y entidades oficiales que abogan por la igualdad de derechos también podrían “reservarse el derecho” de no hacer sus eventos en lugares que han logrado su posicionamiento por ser incluyentes en la teoría pero discriminatorios en la práctica.

Y el reto no es solamente para los líderes, activistas y funcionarios públicos, sino para todas las personas que le apuestan a la igualdad de derechos y que tienen la certeza de que estos actos no ayudan a construir un país más justo.

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