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La ponencia de Pretelt, un retroceso en el Matrimonio Igualitario

Género, diversidad sexual y cambio social.

Teniendo en cuenta las sentencias de la Corte Constitucional para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo, llama la atención el retroceso que representa la ponencia del magistrado Pretelt.

magistrado Pretelt Corte Constitucional
El magistrado Jorge Pretelt, acompañado de su esposa Martha Ligia Patrón, en el matrimonio de la hija de Alejandro Ordóñez, procurador general de la nación. Foto: Revista Jet Set.

Es gracias a la Corte Constitucional de Colombia y no al Congreso, que las parejas del mismo sexo son reconocidas en este país como familia y cuentan con unión de hecho.

Mediante la Sentencia C-075 de 2007, la Corte estableció que la Ley 54 de 1990 que regula las uniones maritales de hecho heterosexuales (unión libre), también debía proteger a las del mismo sexo.

Por su parte, en el Congreso han fracasado cinco intentos por garantizarles a estas parejas sus derechos patrimoniales y de afiliación a seguridad social y uno por aprobar el matrimonio. Lo que estas parejas han ganado ha sido por medio de la Corte.

Fue en el Senado de la República donde se reeligió como procurador general de la nación a Alejandro Ordóñez, férreo opositor de los derechos de las personas LGBT. Y es también allí donde se han escuchado palabras displicentes sobre las relaciones del mismo sexo.

Por todo esto, la Corte Constitucional decidió tomar medidas con la Sentencia C-577 de 2011. Su idea era prever qué hacer, en caso de que un tiempo prudencial el Congreso no legislara para remediar el déficit de protección que tienen las parejas del mismo sexo ante la imposibilidad de formar familia por un vínculo jurídico como el matrimonio.

Como en últimas el Congreso no lo hizo, esta sentencia abrió una puerta para que las parejas del mismo sexo pudieran casarse desde el 20 de junio de 2013. Atravesarla no ha sido fácil.

Debido a que el documento no especifica la palabra “matrimonio”, desde entonces estas parejas están sujetas a la decisión de cada juez de si quiere o no casarlas.

Y en caso de que este funcionario opte por hacerlo, tanto el juez como la pareja deben enfrentar la posterior “vigilancia” de la Procuraduría General, entidad que, paradójicamente, tiene entre sus funciones defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A pesar de las dificultades, alrededor de 30 parejas del mismo sexo han logrado casarse, adquiriendo los mismos derechos y obligaciones que las heterosexuales que han optado por este vínculo.

Enfilar baterías

Este hecho llevó a que los opositores al matrimonio igualitario, liderados por la Procuraduría, interpusieran tutelas –mecanismo creado en la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales– con el propósito de anular los matrimonios celebrados.

Finalmente, el tema de si estas parejas pueden o no casarse regresó a la Corte Constitucional, entidad que debe dar la última palabra. El periódico El Espectador informó recientemente que el magistrado Jorge Pretelt Chaljub tiene lista una ponencia donde señala que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados por jueces, no pueden llamarse de esta manera sino “unión solemne”.

Según Pretelt, los funcionarios que las casaron, aplicaron las normas de manera indebida y se tomaron competencias que no les corresponden. Afirma que la figura del “vínculo formal y solemne” a la que se refiere la Corte en la Sentencia C-577, no es matrimonio.

Para la formulación de esta ponencia, señala El Espectador, el magistrado solicitó conceptos a expertos de 12 universidades de Colombia. La mayoría expresó que las parejas del mismo sexo están en las mismas condiciones que las heterosexuales, por lo que no existe una razón para establecer una diferencia que, en últimas, podría traducirse en discriminación por orientación sexual.

Contrario al espíritu de garantizar la igualdad de derechos que ha caracterizado a la Corte Constitucional desde 2007, el magistrado Pretelt concluyó que sólo el Congreso puede modificar el Código Civil Colombiano, el cual establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.

La ponencia desconoce que la imposibilidad de acudir al matrimonio no solamente es discriminatorio, sino que les genera a las parejas del mismo sexo un déficit de protección. Esto, debido a ciertos derechos que otorga el matrimonio y que de manera inmediata no permite la unión de hecho o unión libre. Por ejemplo, la posibilidad de formar una sociedad patrimonial y de obtener la visa de cónyuge.

La Sentencia C-577 busca garantizarles a las parejas homosexuales los mismos deberes y derechos que adquieren las heterosexuales a través del matrimonio. Allí se establece que las parejas del mismo sexo necesitan una figura jurídica diferente a la unión de hecho o unión libre, que sea solemne, formal, les permita hacer público el vínculo jurídico que las une, les proporcione legitimidad ante la sociedad y las proteja y relieve su dignidad. Y el único vínculo que cumple con esos requisitos es el matrimonio.

No es un avance

Con un contrato cualquiera, como la “unión solemne” que plantea Pretelt, no se estaría aumentando el nivel de protección con el que ya cuentan las parejas del mismo sexo ni se estaría avanzando en la igualdad de derechos.

Además, como lo ha dicho Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia, la Constitución Política de Colombia establece el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pero no prohíbe otras formas de matrimonio.

Proponer un contrato distinto para las parejas del mismo sexo se sale del rumbo que había tenido la Corte Constitucional de garantizar igualdad de derechos. Lo que el magistrado Pretelt propone es continuar con la idea de que existen familias de segunda clase y transmitir el mensaje de que el “verdadero matrimonio” es para las parejas heterosexuales. A las del mismo sexo se les deja una unión de segunda categoría.

Asimismo, queda la sensación de que el magistrado Pretelt intenta “quedar bien” con el procurador Ordóñez. ¿El motivo? En octubre de 2012, después de la reelección de este último, la periodista Cecilia Orozco escribió en su columna de El Espectador que Martha Cecilia Pretelt hermana del magistrado, se desempeña como procuradora judicial de esa entidad y, Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado, como procuradora de familia subalterna de Ilva Myriam Hoyos.

Mientras los magistrados actúen de esta manera, será muy difícil evitar la discriminación contra la población LGBT en otros escenarios como instituciones educativas o contextos laborales. Finalmente, el mensaje que se envía desde una institución como la Corte, es que los derechos de los colombianos tienen jerarquías.

Esta ponencia será debatida en los próximos días en Sala Plena. Sin embargo, como lo explica el portal La Silla Vacía, el magistrado ponente es quien marca el ritmo inicial de un proceso para tomar una decisión definitiva.

“Aunque el ponente tiene bastante poder para definir el marco de la discusión, la decisión final es una construcción colectiva. Por eso, es imposible pronosticar el resultado con tan sólo saber quién es el ponente. Para lo que es interesante saber quién hace la ponencia es para predecir a qué elementos le dará más peso”, explica La Silla Vacía.

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