“Los derechos humanos se construyen entre todos”

El pasado 6 de agosto concluyó el primer gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y al día siguiente tomó posesión para iniciar su segundo mandato. Uno de los principales avances que se observó durante su primer período fue la construcción participativa de la política pública nacional de derechos humanos, liderada por el exvicepresidente Angelino Garzón.

Este proceso implicó el fortalecimiento del Programa Presidencial de Derechos Humanos, una instancia que a veces es poco conocida pero que tiene un gran campo de trabajo y de acción.

En este marco, los derechos humanos de las personas LGBTI cobraron mayor relevancia y se abrieron un espacio de reconocimiento y respeto. La actual directora, Alma Viviana Pérez, ha sido una gran aliada en este proceso y cuenta con una perspectiva amplia sobre el trabajo que se llevó a cabo.

¿Cuál es el rol del Programa Presidencial de Derechos Humanos en la lucha contra la discriminación?

El Programa es una oficina del Presidente, a través de la cual se encargó al Vicepresidente Angelino Garzón que presidiera la Comisión Intersectorial de derechos humanos, que es el brazo operativo y técnico de esa Comisión, encargado de la promoción de cultura de derechos humanos.

Cuando llegué a dirigirlo hace dos años, el propósito era fortalecer el trabajo en ejercicio de derechos y en la lucha contra la discriminación.

Recientemente se ha hablado mucho del Sistema Nacional de Derechos Humanos. ¿En qué consiste?

El Presidente impulsó  la creación del Sistema Nacional de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en 2010 y operativamente iniciamos actividades concretas en el 2012, luego de la expedición del Decreto 4100 de 2011.

Lo primero que hicimos fue identificar quiénes tienen mandatos específicos sobre derechos humanos. La gran conclusión es que tras más de 40 años de conflicto armado interno, tenemos el imaginario de que los derechos humanos están relacionados con las violaciones en el conflicto porque es lo que afecta a defensores y a comunidades.

Pero los derechos humanos también existen en la cotidianidad de las personas.

¿Cómo se construyó el Sistema?

Este fue un proceso de dos años, discutiéndolo en grupos, talleres, afinando procesos, estrategias. El Estado ahora está más coordinado pero aún hace falta. Hay unos ejes que avanzan más rápido y más coordinadamente que otros, como sucede con la Estrategia para atención de mujeres víctimas de violencia de género.

El otro que puedo mencionar es la Mesa de Casos Urgentes de personas LGBTI, que es nuestro segundo piloto de coordinación interinstitucional.

El Presidente ordenó crear el Sistema para responder coordinadamente y hemos visto que muchas veces funciona. Adicionalmente, el Presidente y el Vicepresidente pidieron adelantar la convocatoria para crear una política pública nacional mediante una construcción participativa.

Se inició con 32 foros regionales para preguntar qué se requería, junto con la Secretaría técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hubo una abundante demanda de gente que quería participar.

Fue una conversación muy dura sobre sus necesidades y sobre posibles vías para encontrar soluciones concretas y duraderas. En medio de este proceso hicimos una conferencia nacional y, al  final, se construyó una propuesta que se le entregó al Presidente en diciembre de 2013.

En todo este proceso, ¿cómo se ha abordado la discusión sobre los derechos de las personas LGBTI?

Hemos visto que hay un proceso más allá de la construcción de política pública LGBTI por parte del Ministerio del Interior.

En la metodología se tenían contempladas 7 mesas de trabajo, entre las cuales se encontraba la de igualdad y no discriminación, que permitió que en la mayoría de departamentos tuviéramos la oportunidad de recibir quejas, demandas y sugerencias de personas LGBTI.

Ya dentro de la Política pública de Derechos humanos hay todo un capítulo dedicado a los derechos de personas LGBTI en el que se compilan la jurisprudencia existente y los lineamientos de la política.

Este es un proyecto que va hasta el año 2034, y que plantea acciones y líneas estratégicas  para la consolidación de un país en paz y que pueda disfrutar de sus derechos.

¿Puede citar un ejemplo de estos procesos de articulación en relación con la respuesta a personas LGBTI?

Barranquilla muestra problemáticas profundas sobre ataques a personas LGBTI. Vimos que responder a los ataques a defensores era urgente. Por ello se creó la Mesa de Casos Urgentes, con la unión de voluntades dentro del gobierno.

La cultura del conflicto armado interno implicaba que se concibieran los homicidios como hechos más graves que las amenazas, y por ello se hizo necesario priorizar los casos que se recibían.

Para la formalización de la Mesa se creó un documento de buenas voluntades de alto nivel. Sus inicios fueron muy lentos pero permitieron crear conciencia en las entidades de que los derechos LGBTI también son derechos humanos.

En perspectiva de los próximos cuatro años del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿cuáles son sus consideraciones o sugerencias?

Es necesario impulsar todos estos procesos y esfuerzos del Estado, fortalecerlos y ampliarlos. Debemos aprovechar mejor la asociación con la ONU y recordar que Colombia fue uno de los Estados que apoyó la Resolución que condenaba la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el Consejo de Derechos Humanos hace 4 años.

Recordemos que hay una Ley antidiscriminación en Colombia pero la cultura de discriminación persiste en el país. Por ello es necesario hacer una política general de respeto por todos y de paz con equidad.

Esto parece un gran esfuerzo. ¿Se tienen en cuenta los aspectos culturales de la discriminación?

Ha sido una apuesta muy dura por incluir a las personas LGBTI. Sabemos que hay ataques, agresiones, que no es cultural sino un tema de impunidad.

Reconocemos que la Unidad de Víctimas ha contribuido significativamente en este sentido, porque se ha reconocido que existen las personas LGBTI y que han sido victimizadas en el conflicto armado, lo cual ha ayudado en términos de conciencia y visibilidad.

¿Cómo podemos seguir avanzando a pesar de esas resistencias que menciona?

En estos procesos no se imponen velocidades, no se cambian realidades sólo con leyes, ni de un día para otro. El Estado los promueve y uno debe empujarlos. Los funcionarios de Estado son seres humanos con sesgos, historias difíciles. El proceso de formación debe ser continuo.

Para apoyar este proceso se creó, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Iberoamericano de educación en derechos humanos, con el fin de formar a los funcionarios colombianos en temas de derechos humanos, paz, víctimas, entre otros.

Una resistencia específica es la postura religiosa conservadora de algunas instituciones. ¿Qué acciones se pueden tomar para contenerlas?

El  Gobierno ha tenido una línea clara en esta materia, pero se debe reconocer que es un conjunto de instituciones que se debe atener a compromisos internacionales y a un marco legal.

Se deben reconocer las barreras culturales y tener en cuenta que no se cambian automáticamente. Estos son procesos, y ha sido fundamental el trabajo de las organizaciones sociales por hacer visible lo que no nos gusta, qué no se debe hacer.

Existe un vínculo entre pobreza y personas LGBTI. ¿Cómo lo enfrenta el Programa?

En efecto, la discriminación no se limita a lo civil y a lo político. Es muy importante hablar de empoderamiento económico. En julio hicimos un evento para discutir sobre igualdad y no discriminación, y allí se hizo una mesa de empoderamiento económico al cual llegó la Cámara de Comercio LGBTI.

En nuestro trabajo sobre Empresa y derechos humanos se habla de inclusión y hemos visto cómo hay un enfoque que reconoce el principio de igualdad y no discriminación, que se debe exigir a todas las demás empresas que aún no lo tienen.

¿Cuál sería su mensaje para la sociedad civil frente a estos retos y avances?

La Sociedad civil debe denunciar y promover. Si se abren procesos debe haber participación, construyendo confianza, lo cual se reconoce que es difícil por las heridas que hay, por los temores.

Sin embargo, hay más gente comprometida con estos temas que antes. La Ley de víctimas, el proceso de paz, el Sistema y los procesos de construcción de la política nos ayudaron.

Creemos también que todo esto discutido en Bogotá suena bien. Pero en el interior del país es otra la realidad, y debemos trabajar más en llevar el debate a las regiones.

La discusión se debe orientar a que lo que hemos ganado se mantenga e institucionalice. Se debe hacer que la voz de las personas por una agenda incluyente pese más.

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