Los niños no son propiedad de sus padres

Los niños no son propiedad de sus padres

Coordinadora de proyectos en Sentiido. Doctora en Lenguas y Literaturas Romances (Universidad de California, Berkeley). Profesora de Género y Sexualidad y Literatura Latinoamericana en American University (Washington DC).
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Recibir una educación sexual integral no confunde a los niños, pero sí incomoda a los padres que, con trágicos resultados, se escudan en sus hijos para no enfrentar sus propios prejuicios.

ideología de género que quieren imponer en los colegios
Distinguir entre las creencias religiosas personales y los principios del Estado laico y pluralista promulgados en la Constitución Política de Colombia de 1991 es fundamental para la convivencia escolar y nacional. Foto: Guillaume Paumier con Creative Commons.

“Nuestros niños heterosexuales también tienen derechos”, decía una de las pancartas en el debate sobre la implementación de la Ley 1620 de Convivencia Escolar citado para el lunes 25 de julio por la diputada santandereana Ángela Hernández.

Con fuertes convicciones cristianas, poco conocimiento de la ley y mucha desinformación respecto al género y la sexualidad, la diputada equiparó la homosexualidad con la zoofilia, sugirió que deberían crearse escuelas segregadas para personas LGBTI y denunció lo que ella llama “la colonización de la ideología de género y los valores homosexuales”.

Más aún, para ser un evento que llevaba el nombre de “debate”, la reunión no sólo mostró poca diversidad de opiniones, sino también un fuerte desbalance entre las mismas. La diputada no invitó a quienes no comparten su posición, sino que expuso sus ideas ante quienes están de acuerdo con ella, contribuyendo a la polarización y desinformación de la comunidad educativa y la ciudadanía en general.

Uno de los problemas de la posición de la diputada es que está basada en una de dos opciones: un profundo desconocimiento del marco normativo y jurisprudencial que llevó al proceso de revisión de los manuales de convivencia o una descarada manipulación del mismo.

Como explicó el abogado Mauricio Albarracín, dicho proceso es el resultado de la Ley de convivencia escolar sancionada por el Congreso de la República que está en mora de ser cumplida y de una sentencia de la Corte Constitucional que, tras el suicidio de Sergio Urrego, ordenó al Ministerio de Educación establecer rutas de acceso para proteger a los estudiantes —incluidos aquellos con orientación sexual o identidad de género diversas— del matoneo y del acoso institucional en todos los colegios del país.

No es un invento

Al afirmar que dicho proceso es resultado de la orientación sexual y la arbitrariedad de la ministra Gina Parody, la diputada Hernández difama a la ministra y afianza tres prejuicios que deben ser desarticulados en el proceso de construcción de ciudadanías para la paz:

1. Que la orientación sexual y la identidad de género pueden enseñarse.
2. Que las personas homosexuales aspiran a “convertir” a quienes no lo son.
3. Que la diversidad sexual y de género es algo indeseable para la sociedad bien sea por razones morales o de salud.

Ninguna de estas afirmaciones es cierta:

1. Numerosos estudios científicos han demostrados que la identidad de género y la orientación sexual son características tan naturales como el color de la piel. Todas las personas nacemos con un sentido interno de cuál es nuestro género y hacia quién nos sentimos atraídos y, pese a los esfuerzos de muchos, estos no pueden ser cambiados.

Es cierto que la sexualidad humana es un espectro y que existe variabilidad en la atracción en distintos momentos de la vida, pero esto no significa que quien se siente atraído hacia personas del mismo sexo vaya a dejar de experimentarlo porque sus padres, comunidad religiosa o compañeros se lo pidan.

“Lo que sí sucederá es que esa persona aprenderá a reprimir su afectividad y sexualidad con graves repercusiones para su salud emocional, mental e incluso física”.

Por su parte, la identidad de género, es decir, el sentido interno de ser hombre, mujer, o ninguno de los dos, se desarrolla mucho antes. La mayoría de personas la definen completamente entre los tres y los 10 años.

La identidad de género, tanto en personas trans como cisgénero (aquellas que no son trans), no es un capricho, sino un sentimiento arraigado que se manifiesta de manera insistente, consistente y persistente a lo largo de la vida.

Si la orientación sexual y la identidad de género pudieran ser enseñadas con el ejemplo o con (falta de) información, no existirían personas homosexuales ni trans pues la gran mayoría de gais y lesbianas han sido criados por padres y hermanos heterosexuales y en colegios donde nunca se les habló de homosexualidad ni transexualidad.

También, han estado rodeados de series de televisión y películas que sólo idealizan el amor heterosexual y asistido a iglesias que han dejado muy claro que el amor no heterosexual es pecaminoso ante los ojos de su dios.

Por eso, informar no es incitar. Recibir una educación sexual integral no confunde a los niños, pero sí incomoda a los padres quienes, con demasiada frecuencia y trágicos resultados, se escudan en sus hijos para no enfrentar sus propios prejuicios.

Enseñar que las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas existen y tienen los mismos derechos que el resto no es promover la homosexualidad sino el respeto por la diferencia.

No se imponen ni se aprenden

Contrario a lo que creen personas como la diputada Ángela Hernández, la orientación sexual y la identidad de género no se imponen ni se aprenden, se tienen y, o se asumen de manera sana y plena, o se reprimen causando profundas heridas emocionales, psicológicas y, a veces, físicas.

Más aún, distinguir entre las creencias religiosas personales y los principios del Estado laico y pluralista promulgados por la Constitución Política de Colombia de 1991 es fundamental para la convivencia no solo escolar, sino nacional.

La libertad de culto termina donde empieza la Constitución y los colegios, por religiosos que sean, deben ceñirse a ésta. Cada cual tiene derecho a regirse por el código moral que su religión libremente elegida le indique, pero todos tenemos que diferenciar entre el delito y el pecado.

“Diga lo que diga su libro sagrado, en Colombia un padre no puede vender a su hija, ni un marido puede lapidar a su esposa porque le ha sido infiel”.

Los mormones tienen todo el derecho de no tomar café o alcohol, pero no pueden exigirnos a quienes no lo somos hacer lo mismo. Los testigos de Jehová pueden rehusar las transfusiones de sangre, pero no pueden exigir que el sistema de salud deje de practicar un procedimiento médico que le salva la vida a miles de personas.

Los colegios católicos pueden enseñar el Génesis pero no pueden prohibir que también se enseñen teorías científicamente aceptadas como la evolución.

Además, pueden decirle a sus estudiantes que lo deseable es que la sexualidad se limite al vínculo matrimonial y a la función reproductiva, pero no pueden expulsar a una niña en estado de embarazo, decir que los niños nacidos fuera del vínculo matrimonial carecen de derechos, negarse a enseñar cuáles son los métodos anticonceptivos fiables o no explicar que en Colombia existen tres causales legales para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.

Los colegios cristianos que así lo consideren pueden enseñar en su clase de religión que la homosexualidad, desde el punto de vista de su credo, es pecado. Lo que no pueden es acosar, denigrar o negarles el derecho a la educación a quienes tienen identidades de género y orientaciones sexuales diversas y faltar a la verdad diciendo que las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) no tienen igualdad de derechos ante la ley colombiana o que son enfermas mentales.

2. Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no aspiran a que todo el mundo se “vuelva LGBT”. Ellas, más que nadie, saben que la identidad, la afectividad y el deseo no se pueden cambiar. A lo que aspiran es a lo que aspiramos todos: a que sus derechos sean respetados y a ser tratadas con dignidad y respeto. Nada más pero tampoco menos.

Temor, odio y desconocimiento

Afirmar, como decía la pancarta, que el respeto por los niños homosexuales, bisexuales o trans menoscaba los derechos de quienes no lo son, es tener una idea excluyente del derecho y deshumanizadora de la diferencia.

Esta noción promueve el temor, el odio y el desconocimiento como principal forma de afirmarse a sí misma e, inevitablemente, conduce a la discriminación y a la violencia.

Si el respeto por el otro me amenaza es porque la propia identidad está fundada en el irrespeto, la subordinación y la exclusión. Por eso, la frase “yo no soy homofóbico pero…” nunca termina bien, pues más que el verdadero reconocimiento del otro en tanto ser humano con mis mismos deberes y derechos, denota un afán de auto complacencia y exculpación.

Más que un examen de conciencia, marca la glotonería de quién aún estando satisfecho y teniendo de sobra se niega a compartir. En este sentido, la Primera encuesta nacional de clima escolar para estudiantes LGBT realizada por Sentiido y Colombia Diversa con el apoyo de GLSEN y Todo Mejora Chile, realizada entre 2015 y 2016, y cuyo informe final se presentará a finales de agosto, revela un panorama muy preocupante.

El 66% de los niños reportaron sentirse inseguros en el colegio debido a su orientación sexual y el 69% afirmó escuchar frecuentemente comentarios como “maricón” o “arepera”.

El 76 por ciento de los niños asegura que la palabra “gay” solo es utilizada de manera peyorativa en su colegio, el 43 por ciento ha sido atacado físicamente por su orientación sexual, el 23 por ciento por su identidad de género y, el 60 por ciento, dijo no haber reportado estos incidentes en el colegio.

Los resultados son graves para la salud física y mental de los niños y el futuro del país: los estudiantes que son víctimas de este acoso tienen el doble de probabilidades de faltar al colegio y de, eventualmente, desertar del todo. Y los niños gais y trans que no son apoyados por su familia o colegios son cuatro veces más propensos al suicidio.

3. La diversidad sexual y de género no son un problema social, moral ni de salud física, mental o pública. Afirmar que al enseñar a los niños a valorar la diversidad se corre el riesgo de que más jóvenes se vuelvan homosexuales o trans, no solo implica, como ya hemos dicho, un profundo desconocimiento del género y la sexualidad, sino que reafirma la idea de que la diversidad es algo indeseable o preocupante.

La homosexualidad fue sacada del Manual de Psiquiatría de los Estados Unidos en 1973 y del listado de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990. Y no existe evidencia científica que demuestre que las personas homosexuales o trans tienen problemas de salud mental o física asociados con su orientación sexual o identidad de género.

La depresión, los altos índices de infección de VIH y la dificultad de encontrar empleo y vivienda estables provienen del rechazo familiar y escolar, la discriminación laboral, la marginación social y la falta de garantías para acceder a servicios de salud médica competentes.

La homosexualidad y la heterosexualidad no son valores ni indicadores del carácter. Son, simplemente eso, orientaciones sexuales. Existen pedófilos, abusadores y personas que están lejos de la idoneidad moral de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Y, de hecho, los hombres heterosexuales son quienes más comenten crímenes sexuales contra niñas, niños y mujeres y quienes más ejercen el maltrato infantil y la violencia de género.

Los valores no dependen de la orientación sexual. La equidad, la igualdad, la justicia social y el respeto por la diversidad (racial, étnica, de clase, de habilidad, sexual y de género entre otras) son lineamientos éticos que guían la conducta tanto de heterosexuales como de homosexuales y de personas trans y cisgénero.

La Ley de convivencia escolar no restringe los derechos de ningún niño, por el contrario, los amplía. No se trata de la imposición de ninguna “ideología”, se trata de la construcción de ciudadanías para la paz y la paz es igualitaria, incluyente y diversa.

Finalmente, no podemos olvidar que existe un marco normativo vigente que garantiza el interés superior del niño. Los niños no son objetos de los padres y es obligación del Estado protegerlos del abuso, maltrato, y sí, también, de los prejuicios de los padres.

A este respecto puede ser ilustrativo lo que ha sucedido con el género: impedir que una mujer usara pantalones, votara, estudiara o trabajara era aceptado —y en muchas partes todavía lo es— como algo natural, pero hoy en día reconocemos que esto es una construcción cultural que resulta limitante y violenta.

“Sin embargo, Continuamos escandalizándonos porque un niño quiera llevar falda o maquillarse”.

Así también, en los últimos años se han dado rápidos cambios sociales que han cuestionado y modificado los entendimientos culturales respecto al bienestar de los niños, los métodos aceptables y más efectivos de educación y las relaciones intergeneracionales. El castigo físico, que hasta hace poco era visto como parte fundamental de la educación familiar y escolar, hoy es identificado como maltrato y está penalizado.

Es violencia

De manera similar, hoy en día muchos consideran que no es violento, sino simplemente “formativo” —o que forma parte de la moral y las buenas costumbres— impedirle a una adolescente expresar su afecto por otra joven o prohibirle a un niño vestir la ropa que mejor se ajuste a su identidad de género.

Pero esto también es violencia de género y, la violencia de género es eso, violencia, y no solo se ejerce contra las mujeres. La violencia de género es el maltrato y la discriminación que surge como resultado de una visión binaria y jerárquica del género y una concepción heterosexista de la sexualidad.

Es decir, la idea de que solo la heterosexualidad es deseable y aceptable, y por lo tanto quienes se salgan de esos parámetros deben ser castigados a través de legislación punitiva, el juicio social o moral o el despojamiento o restricción de sus derechos.

Afortunadamente, el Estado colombiano ya ha reconocido que, al menos en lo que a educación formal se refiere, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho protegido e incluye la orientación sexual y la identidad y expresión de género.

“Asumir una identidad de género o una orientación sexual no normativa no es indisciplina, ni atenta contra la convivencia. No merece sanción sino respeto”.

Por eso, quiero cerrar con un llamado a la diputada Hernández y a quienes, como ella, están preocupados por las implicaciones que estos cambios pueden tener para la educación y la sociedad.

Estoy segura de que todos queremos lo mejor para los estudiantes y que nos esforzamos por construir una sociedad en paz. Desde Sentiido los invitamos a que encontremos puntos de encuentro y trabajemos juntos por el bienestar de los niños y del país.

Diputada Hernández, usted dice que respeta a las personas LGBTI. Demuestre que es así, conversemos sobre lo que eso significa. Sentémonos a dialogar para que todos los niños —heterosexuales, homosexuales, cisgénero y trans— puedan ir a estudiar sin temor de ser agredidos o discriminados y tengan los mismos derechos y oportunidades.

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