Los “peros” de fondo de la ley antidiscriminación

Por considerar que es inconstitucional mandar a una persona a la cárcel por expresar sus posiciones políticas, religiosas o morales, el procurador general, Alejandro Ordóñez, le pidió a la Corte Constitucional tumbar la Ley 1482 (expedida el 30 de noviembre de 2011), más conocida como “antidiscriminación”.

En su opinión, sancionar penalmente a quienes declaren o actúen de acuerdo con sus convicciones, podría generar mayor discriminación al limitar sus libertades de expresión, conciencia y religiosa.

Justamente, una de las tres demandas actualmente en curso contra dicha norma, fue presentada por el ex senador cristiano Víctor Velásquez, quien asegura que va en contra de las enseñanzas religiosas que reprochan la homosexualidad.

Velásquez ha expresado que sería ilógico condenar a un pastor o a un sacerdote que se manifieste en contra de este tema.

El procurador respalda este argumento al cuestionar que la ley incluya, de manera general, el tema de la orientación sexual. Según ha dicho, la ley puede mandar a la cárcel a quienes por sus convicciones religiosas, ideológicas o políticas declaren o actúen en contra de la homosexualidad.

Sin embargo, la “ley antidiscriminación” también tiene otros problemas. Adicional a la falta de información sobre su uso, a la dificultad para comprobar que una persona fue víctima de discriminación y a que no deja muy claro qué conductas se consideran hostigamiento, el periódico El Espectador ha dicho que la Fiscalía General no ha abierto una sola  investigación por discriminación y funcionarios públicos la incumplen sin sanción alguna.

“Hay sociedades que necesitan ese tipo de símbolos (dicha ley) y otras en las cuales son una forma de desviar el asunto hacia quienes discriminan: el problema real es social, algo que no se soluciona con la cárcel o con un aumento de penas. Son leyes que, incluso, pueden resultar contraproducentes si no vienen atadas a un cambio cultural y político”, señala Gómez.

Canadá es un país que erradicó la homofobia de su sistema jurídico. Allí un político que hubiera dicho algo ligeramente parecido a lo que el senador Roberto Gerlein afirmó sobre las relaciones del mismo sexo, no habría podido continuar en su cargo y habría sido procesado penalmente: existe una ley contra el discurso de odio que promueve la violencia. Es ilegal expresar lo que Gerlein dijo.

El Artículo 58 de la Ley 599 de 2000, mediante la cual se expide el código penal, señala entre los agravantes del delito, que haya estado “inspirado en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión, creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima”.

Homofobia legal

El problema, por tanto, no es de ausencia de leyes antidiscriminación sino de impunidad y homofobia institucionalizada (o racismo o machismo, entre otros). Esto ha permitido que cuando funcionarios como el senador Gerlein arremetan en el Congreso contra las personas homosexuales sin que pase nada, mucha gente crea que eso es lo correcto.

La idea, entonces, es evitar recibir estas leyes como “avances importantes” sino profundizar en la búsqueda de respuestas sobre cómo enfrentar realmente los prejuicios. “No a todo se puede responder con cárcel”, señala Noguera.

En opinión de este abogado, la ley antidiscriminación castiga al individuo que ejerce actos de discriminación. “La norma responde más al odio que al prejuicio y no ofrece una solución estructural”, agrega.

La mayoría de quienes cometen actos de discriminación son los vecinos o los compañeros de colegio o de trabajo de la víctima, producto de un prejuicio que los lleva a mirar al otro como diferente. Y es ahí donde empieza el problema.

Para enfrentar esta situación, un camino importante es la educación: lograr desmontar la masculinidad entendida como autoridad y que puede ser ejercida por un hombre o una mujer. “Finalmente, las jerarquías pueden estar unidas a cuerpos femeninos o masculinos”, señala Gómez.

“Existen ciertos privilegios que fundamentalmente han disfrutado algunos hombres y mujeres que han reproducido la idea de que todo aquello que muestre que el orden del mundo puede ser diferente, requiere de una reacción inmediata y violenta”, añade Gómez.

Cambiar “la mirada”

También, explica, es necesario cuestionar el poder que tiene la mezcla entre política y prejuicio: “hacerlo, es mucho más importante que contar con unas leyes que aumenten las penas de quienes discriminan, pues esto no cambia el prejuicio”.

La esencia del problema no es si la gente se define como gay, lesbiana o afrodescendiente. Tampoco si tiene una determinada forma de ser o de vestir. El prejuicio es un asunto de quien mira y de cómo esa persona ve ciertas cosas como algo que hay que atacar. “Si hablamos de remedios, lo que hay que cambiar es la forma de ver”, agrega Gómez.

Y para lograrlo se requiere, además de educación, la redistribución de recursos, dado que el prejuicio está unido a la inequidad material (lo que también tiene que ver con acceso a la justicia, al trabajo y a la libertad de expresión).

“Esto no quiere decir que la gente con más dinero no tenga prejuicios –estos existen en cualquier clase social- pero normalmente lo padecen de una manera más intensa quienes han sido víctimas de una inadecuada redistribución económica”, enfatiza Gómez.

Si el reto es enfrentar la discriminación, el camino no está en crear leyes. Para enfrentar las agresiones, la violencia y el hostigamiento que se vive en Colombia, el primer paso es unir fuerzas para cambiar los modelos de autoridad, jerarquías y distribución de recursos. Solo así dejará de ser legítimo ver a los demás con prejuicios y actuar con base en ellos.

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