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Primer matrimonio del mismo sexo reconocido en Uruguay.

Matrimonio igualitario: lo que Colombia puede aprender de Uruguay

Una de las deudas que Colombia tiene con las personas homosexuales, es permitir que puedan casarse bajo la figura de matrimonio y sin persecución alguna. Uruguay es un buen ejemplo de cómo lograrlo.

El contacto con el portero se limitaba a un escueto “buenos días” y “buenas noches”, pero el 5 de agosto de 2013 el saludo fue distinto. Cuando Omar Salsamendi y Federico Macerattini llegaron al edificio donde viven juntos desde hace alrededor de tres años, el portero los abrazó y los felicitó.

Ese día entró en vigencia en Uruguay, país en el que nacieron y en el que viven, la Ley 19075 que aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se estableció que el artículo 83 del Código Civil debía decir: “el matrimonio civil es la unión permanente entre dos personas de distinto o igual sexo”.

Aunque Omar y Federico habían celebrado el suyo en Buenos Aires (Argentina) el 27 de noviembre de 2012, ese 5 de agosto fue reconocido de manera automática por el gobierno uruguayo como el primero que se llevó a cabo en este país.

Sin buscarlo y sin imaginarlo, se convirtieron en noticia: era la primera pareja uruguaya, del mismo sexo, reconocida oficialmente como casada. Así se los hizo saber no solamente el portero de su edificio sino también la oficina de Registro y muchos vecinos con quienes jamás habían cruzado palabra. Aunque también pasó lo contrario: algunos de los que los saludaban, dejaron de hacerlo.

Para Omar, de 43 años, quien es periodista y forma parte de la Asociación de familias homoparentales y LGBT de Uruguay, este último comportamiento obedece a miedos y desconocimiento.

“Nosotros llevamos una vida como la de cualquier otra pareja: vemos televisión, salimos con amigos, viajamos cuando podemos, vamos a cine y pagamos nuestras cuentas. Las creencias religiosas son respetables así como los derechos al libre ejercicio de la sexualidad y del amor”, afirma Omar.

Ellos decidieron casarse en Buenos Aires porque para noviembre de 2012 la ley de matrimonio igualitario uruguaya llevaba más de dos años de debates y no había una fecha concreta de aprobación.

Nada que ocultar

Antes de empezar su relación con Federico, de 22 años, Omar tuvo una novia por cinco años con quien después se casó. Vivieron juntos cinco años más.

“Yo no me casé para ocultar algo. Simplemente no había asumido mi orientación sexual. A veces nos toma tiempo darnos cuenta. Cuando me casé tenía 23 años y palabras como gay u homosexual no eran comunes y no había ninguna legislación al respecto. En los medios de comunicación no se hablaba sobre el tema y cuando se hacía se estigmatizaba”.

Cuando Omar asumió su orientación sexual, se lo comunicó con franqueza a sus amigos y familiares. Por este gesto de sinceridad una de las personas que más lo apoyó fue quien entonces era su suegra. Le agradeció que, de frente, les hubiera dicho la verdad. “Cuando uno lleva una doble vida no es libre”, asegura.

Como ha sucedido en otros países, Uruguay debió pasar primero por una serie de leyes antes de llegar a la de matrimonio igualitario. En 2004, se aprobó la ley 17.817 “contra el racismo, la xenofobia y otra formas de discriminación”. Y en 2008 se reglamentó la ley de unión de hecho entre parejas del mismo o distinto sexo.

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Aunque se casaron en Buenos Aires (Argentina) en noviembre de 2012, el matrimonio de Omar y Federico fue el primero del mismo sexo reconocido en Uruguay. Foto: Archivo Particular.

Sin embargo, la ley de unión de hecho no garantiza los mismos derechos que se obtienen mediante la figura de matrimonio. Además, si unas parejas pueden casarse y otras no, no se cumpliría con el artículo ocho de la Constitución de Uruguay que señala: “todas las personas son iguales ante la ley”.

“Si las parejas del mismo sexo solamente pueden acudir a uniones civiles o de hecho, existiría una especie de apartheid legal, algo así como una ventanilla para heterosexuales y otra para homosexuales”, afirma Omar.

En 2009 Uruguay reformó el Código de infancia y adolescencia, permitiendo la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y ese mismo año se aprobó la ley de identidad de género que facilita el cambio de nombre y de sexo en los documentos de identidad.

2013 fue el año del matrimonio igualitario. Como suele suceder, el tema despertó oposición en algunos sectores políticos y por parte de líderes religiosos. Sin embargo, encuestas divulgadas antes de su aprobación, demostraron que el 60 por ciento de uruguayos estaba a favor de esta ley.

Este apoyo se refleja en el número de asistentes a la marcha de la diversidad que cada septiembre tiene lugar en Montevideo. “Reúne a más de 30.000 personas, una cifra representativa si se tiene en cuenta que Uruguay tiene aproximadamente tres millones trescientos mil habitantes”, dice Omar.

Todo esto refleja que, en materia de igualdad de derechos y reconocimiento de las diferencias, Uruguay es junto con Argentina uno de los países que lleva la delantera en la región.

En esto hay aspectos que resultan definitivos, como el hecho de que en dos gobiernos de principios del siglo XX, el presidente José Batlle y Ordóñez estableció la separación de la iglesia y el Estado, afirmando que este último no puede profesar religión alguna.

Madurez social y política

Desde 1913, Uruguay tiene ley de divorcio, incluso solamente por voluntad de la mujer. “La madurez social y política del país hace que los derechos humanos sean un tema transversal”, afirma Omar.

Al aprobarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, Uruguay pasó a tener una de las legislaciones más avanzadas del mundo en igualdad de derechos para las personas LGBT. Un avance importante en el reconocimiento de derechos y deberes de sus ciudadanos sin distinción de ningún tipo.

Un tema que, por el contrario, parece no estar claro entre los congresistas colombianos quienes una y otra vez se han opuesto a los proyectos de ley que buscan legislar al respecto.

Por este motivo, la Corte Constitucional de Colombia deberá pronunciarse en 2015 sobre si las uniones celebradas desde el 20 de junio de 2013 son matrimonios o si deben anularse tal como lo pretenden la Procuraduría y la Fundación Marido y Mujer. Lo que hasta ahora se sabe es que la ponencia del magistrado Jorge Pretelt no favorece a las parejas del mismo sexo.

En Uruguay, el proyecto de ley de matrimonio igualitario nació de la sociedad civil, de manera específica, de las organizaciones LGBT. En abril de 2011, el diputado Sebastián Sabini lo presentó en el parlamento. Después de su aprobación en Senado y Cámara, el presidente José Mujica firmó la ley.

Sin embargo, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo no significa el final del movimiento LGBT de Uruguay. “Hay que trabajar por una política de educación en diversidad para enseñarles a los pequeños, desde los primeros años de vida, que existen familias diversas y que la homosexualidad es una orientación sexual más”, explica Omar.

Este paso redundará en beneficio de otro de los desafíos que tiene este país: enfrentar la violencia por orientación sexual e identidad de género. En este sentido, la educación debe venir acompañada de cambios legislativos para sancionar estos hechos de una manera más efectiva y contundente.

Otro de los retos es dejar atrás el decreto 385 que desde el año 2000 impide la donación de sangre a los hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres durante los últimos 12 meses.

En Uruguay, agrega Omar, se habla con frecuencia de violencia doméstica, pero normalmente se identifica como ataques de hombres contra mujeres y no se aborda la que tiene lugar entre parejas del mismo sexo. “No hay estudios ni cifras oficiales al respecto para poder emprender acciones concretas”.

Según Omar, América Latina necesita más mujeres como Rosa Parks, quien el 1 de diciembre de 1955, en Montgomery (Alabama), se negó a entregar su asiento en un bus público a una persona blanca.

De igual manera, las personas homosexuales están en su derecho de exigir que sus gobiernos apliquen realmente lo que dicen sus constituciones. Y la de Colombia establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley.

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