¿Quién adoctrina a quién?

¿Quién adoctrina a quién?

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Al desconocer que la Constitución Política consagra a Colombia como Estado laico, la diputada Ángela Hernández pretende imponer sus creencias personales, en vez de garantizar ambientes seguros para todos los estudiantes.

Por: Simón Uribe Durán

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Es importante que la diputada de Santander, Ángela Hernández, tenga claro que se está hablando de manuales de convivencia, no de la esfera familiar del menor. Foto: Gonzalo Rocha con Creative Commons.

Las recientes declaraciones de la diputada de Santander, Ángela Hernández, son una muestra más del desconocimiento de algunos funcionarios públicos sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género y sus consecuencias.

A pesar de los avances legales e institucionales que las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) hemos alcanzado en los últimos años, oír declaraciones que no solamente son imprecisas sino discriminatorias, es un llamado de atención para continuar visibilizando estas situaciones.

La polémica comenzó por un cuestionario que el Ministerio de Educación les envió a los colegios para ajustar los manuales de convivencia a lo estipulado en la Ley 1620 de 2013. Esta ley busca incentivar mejores formas de convivencia en los centros educativos debido a los alarmantes niveles de intimidación escolar.

Analizando las cifras, en el 30 por ciento de los casos se trata de agresiones debido a la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes. Al ser un fenómeno tan recurrente, es importante proteger a niñas y niños, especialmente a aquellas/os con sexualidades y géneros diversos, pues son el principal objetivo de esta violencia.

En ese sentido, las preguntas del cuestionario pretendían indagar por la posición de los colegios sobre tres temas: 1. Si es una falta disciplinaria tener una identidad LGBTI. 2. Si se le permite a cada niña/o elegir el uniforme que corresponda con su identidad de género y 3. Si son sancionadas las muestras de afecto heterosexuales y/o homosexuales.

De estas tres preguntas, la diputada concluyó una “colonización homosexual” y la imposición de una “ideología de género”. Solamente los términos utilizados por ella evidencian desconocimiento sobre lo que habla.

Hernández recalcó un sesgo por parte del Ministerio de Educación al supuestamente imponer una visión sobre el asunto y negar el derecho de los padres a criar a sus hijos.

Estas aseveraciones sin difíciles de sostener, pues no se trata de imposiciones (como lo aclaró la secretaria de educación en la misma reunión). Se está hablando de los manuales de convivencia, no de la esfera familiar del niño.

La diputada sugirió crear baños y planteles educativos separados para personas LGBTI, una propuesta segregacionista.

Me atrevería a decir que la diputada es un ejemplo de la necesidad de estos manuales de convivencia, pues si en su época de colegio estos hubiesen tenido material actualizado en cuanto a género, sexualidad y diversidad, no vociferaría prejuicios basados en el desconocimiento de quienes son diferentes a ella y cuyos derechos también ampara la Constitución.

Espacios seguros

Otra de las confusiones de la diputada es pensar que propender por ambientes seguros para niños y niñas LGBTI, quienes son los más acosados y violentados en el país, es un “adoctrinamiento” para que todas las personas se “conviertan” en LGBTI, antes que ser herramientas de respeto por la diversidad y el libre desarrollo de la personalidad.

Además, ni la orientación sexual ni la identidad de género se escogen: son parte de quienes somos, de nuestra integridad como personas. Un colegio estrictamente católico y una familia heterosexual no garantizan la heterosexualidad, como lo mostramos muchas personas diversas que crecimos en esos ambientes. Y no tener una sexualidad heterosexual o un género tradicional no nos hace menos o más humanos.

Como lo señala la Asociación Psicológica Americana (APA), la sexualidad y el género no es algo modificable, ni que se escoge. No pueden, por tanto, ser “corregidos” a través de “terapias”, hecho además anti ético, pues significa actuar en contra de la identidad.

La diputada, como muchas otras personas, aún consideran que ser lesbiana, gay, bisexual, intersexual o trans es indebido.

Quien pretende adoctrinar, desconociendo el Estado laico que consagra la Constitución Política de Colombia, es la diputada Hernández y aquellos que piensan de manera similar. Consideran que tienen la libertad de excluir a una parte de sus conciudadanos basados en unas supuestas diferencias, pasando por encima de nuestros derechos fundamentales.

Cuando la diputada profiere en el marco de sus funciones frases como: “Respeto la homosexualidad pero no creo que sea un acto ético, moral y decente dentro de la sociedad“, es muestra de un falso respeto que nos condena a la invisibilidad y que promueve el odio contra nuestras vidas.

En este sentido, estas no son simples declaraciones, son incitaciones a que seamos segregados emitidas por autoridades regionales, quienes se supone deben dar ejemplo en el cumplimiento de la Constitución y amparo de derechos.

La Biblia no es nuestra Constitución, no se puede actuar bajo esa lógica siendo un funcionario público. Por eso, cuestiono estos puntos de vista que reiteran el discurso de la exclusión social, la discriminación y la violencia.

Es difícil comprender el raciocinio de eliminar nuestra existencia cuando -no me canso de repetir- estas declaraciones tienen un costo humano muy alto.

Simples palabras en la radio justifican una realidad dura, como la que señaló Máximo Castellanos, en nombre de la Red Nacional de Personas Transexuales: somos muy pocos los que sobrevivimos al suicidio, la depresión y la presión social, porque la exclusión familiar, laboral y educativa hace la situación extrema.

Un número significativo de nosotras/os está condenado a no existir públicamente y a exponerse al rechazo y a la violencia física y psicológica. Esto, en gran medida, porque nuestra exclusión sigue siendo ampliamente aceptada y promovida desde las esferas públicas, como en este caso.

Frenar el bullying

La apuesta del Ministerio de Educación es intervenir el matoneo y bajar la tazas de suicidio y otros estigmas sociales que se viven en la escuela, pero se convirtió en otro triste recordatorio de la imposición de una mayoría religiosa sobre un asunto laico que afecta la vida de muchas/os niñas/os. Solo una muestra de eso es ver cómo en vez de un debate sano, se incita al odio, como el que expresaban algunas personas en las redes sociales.

Unas lo hacen en nombre de Dios, pero según el mensaje de Jesús y otros profetas, la religión más importante es la compasión. Muy poco veo de este atributo. Discriminar es de humanos, no de Dios, recalcaba un sacerdote a propósito de la polémica. Me cuesta creer en una espiritualidad que le niega a una persona la posibilidad de ser reconocida como humano por no ser igual a otros o creer lo mismo.

Muchas personas que se aferran a imponer sus visiones del mundo, desde la religión u otras creencias, no se dan cuenta de que hay personas cuyas vidas se acaban o son muy duras debido a esta imposición.

Para mí la intervención de la diputada hace más imperativo que nunca sacar adelante la política pública LGBTI nacional. La discriminación sigue afectando las garantías para existir como un ser diverso en Colombia. No sacamos nada con tener el respaldo constitucional e institucional en ciertos niveles, si el reconocimiento e inclusión de la diversidad sexual y de género no se traduce en nuestra cotidianidad.

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