Ser LGBT no se aprende ni se impone, se vive

Ana creció en una familia conservadora y católica. Los únicos comentarios que allí escuchó sobre homosexualidad fueron chistes de hombres gais estereotipados. Su hermano creció rodeado de la misma información. Ni a él ni a ella les hablaron de orientación sexual, identidad de género y mucho menos de diversidad sexual. Sin embargo, él es heterosexual y ella lesbiana.

Una pareja de líderes de una iglesia pentecostal -él es pastor y ella una aliada estratégica- educaron a sus tres hijos señalándoles que la homosexualidad es un pecado y un “comportamiento que no agrada a Dios”. Dos de sus hijos son heterosexuales y la mayor es lesbiana.

Esto significa que, a pesar de los esfuerzos de los papás, las religiones y las instituciones educativas por ocultar o estigmatizar la homosexualidad, la bisexualidad y el transgenerismo, cualquier persona puede ser LGBT. Finalmente, ni la orientación sexual ni la identidad de género se eligen al gusto de los papás.

Sin embargo, esto no parece tan claro para algunos papás, docentes y directivas de instituciones educativas, quienes consideran que enseñarles a sus hijos y estudiantes que existen diversas orientaciones sexuales e identidades de género y que todas merecen el mismo respeto, es incentivar que “se vuelvan” lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT).

Y la molestia con el hecho de que así pueda ser (que es imposible) es que a pesar de todos los avances legales en cuanto a igualdad de derechos de las personas LGBT, aún hay quienes piensan que la homosexualidad, la bisexualidad y el transgenerismo son enfermedades que se contagian o características de la personalidad que pueden “fomentarse”.

Detrás de estas creencias está el hecho de que buena parte de actores de la comunidad educativa (docentes, directivas y empleados, etc.) crecieron con un único esquema de ser hombre y de ser mujer, caracterizado por la masculinidad (en hombres), la feminidad (en mujeres) y la heterosexualidad (en todos), rechazando cualquier otra posibilidad.

Educación sexual integral

Para evitar seguir reproduciendo estas ideas, el Ministerio de Educación de Colombia dispone de un programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía que, entre otros temas, contempla las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.

Esta iniciativa no se reduce a una cátedra o taller, sino que es un proyecto pedagógico transversal articulado con el proyecto educativo institucional. Su objetivo: “propender por el desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano“.

Sin embargo, los colegios son autónomos a la hora de su implementación, lo que significa que, si quieren, pueden saltarse los apartes que no consideren ajustados con sus valores.

Es decir, a pesar de que el Ministerio de Educación contemple enseñar las diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las directivas y docentes pueden ignorarlas si creen que este material va en contravía de la filosofía de la institución.

En otras palabras: como esperan que sus hijos y estudiantes sean heterosexuales y se ajusten al género asignado al momento de nacer, creen que estudiar estos temas podría incentivarlos a “volverse” algo que consideran inmoral.

Los colegios se sienten tan autónomos a la hora decidir qué temas enseñar y cuáles no, que hace unos días la Mesa Nacional de Educación Privada -“el órgano oficial de interlocución con el Ministerio de Educación para asuntos de interés gremial”- emitió un comunicado donde rechaza la revisión de los manuales de convivencia de las instituciones educativas por parte del Ministerio de Educación.

Esta revisión tiene lugar porque a propósito del caso de Sergio Urrego, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T – 478 de 2015, en la que, entre otras cosas, le ordena al Ministerio de Educación revisar todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas del país para determinar que sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas de incentivar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Es cierto que el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia estipula que los papás tienen derecho a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Pero esto no significa que puedan impedir que en los colegios les hablen de diversidad sexual y de género, por más que la institución elegida tenga alguna filiación religiosa.

Entre otras cosas porque por encima de las creencias personales o religiosas de los papás y directivas de los colegios, está la dignidad y la autonomía de cada ser humano. Los hijos y estudiantes no les pertenecen ni a sus papás ni a las directivas de las instituciones educativas. Su misión es formar individuos que sepan ejercer su libertad de manera responsable.

En este sentido, el artículo 13 de la Constitución es claro: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades“.

Además, la autonomía institucional y la libertad de cultos no pueden pasar por encima de la legislación, la cual es neutra en materia de creencias religiosas. Es decir, el Estado no puede adherir o promover los postulados de una religión.

El Estado regula y vigila

El artículo 67 de la Constitución establece: “la educación formará al colombiano en el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia”. Y le corresponde al Estado, en cabeza del Ministerio de Educación, vigilar que esto se cumpla.

Adicionalmente, en la sentencia del caso de Sergio Urrego, la Corte también le ordena al Ministerio de Educación: “implementar, si no lo ha hecho aún, la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en particular el derecho a la identidad sexual– e incorporarlos en los proyectos educativos institucionales de los colegios del país“.

Ahora, por más de que algunos papás, docentes y directivas de instituciones educativas quieran decidir la orientación sexual o identidad de género de su preferencia para sus hijos y estudiantes e intentar que no sean LGBT, no está en sus manos ni en las de nadie impedir o lograr esto.

Lo que sí pueden conseguir omitiendo enseñar el respeto por la diversidad sexual y de género, es fomentar la violencia contra las personas LGBT. Quienes son víctimas de bullying por su orientación sexual o identidad y expresión de género, además de vivir un sufrimiento diario, pueden padecer problemas de sueño, irritabilidad y reacciones desmedidas frente a hechos que no lo justifican.

Los alumnos objeto de esta clase de violencia se caracterizan por su baja autoestima, desconfianza, temor, culpa, inseguridad, aislamiento y mayor riesgo de conductas de autoagresión y sentimientos de desesperanza, lo que puede llevarlos al suicidio.

Quienes se oponen a que los estudiantes reciban una educación sexual integral, suelen tener dificultad para separar sus creencias religiosas y personales, con los postulados de un Estado social de derecho, laico y pluralista que protege el libre desarrollo de la personalidad.

Además, en muchas de estas discusiones se utilizan a los menores como excusa para dar vía libre a los prejuicios de unos adultos. Tal como lo señala el sociólogo William Mauricio Beltrán en su investigación Del monopolio católico a la explosión pentecostal, para muchos católicos y pentecostales sigue siendo legítima su pretensión de que la religión regule la sociedad y la política.

“Así, a pesar de la secularización (Estado laico), en la sociedad colombiana la religión se resiste a circunscribirse a los límites de la esfera privada y sigue actuando en la esfera pública como un factor de presión política y social”.

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