El impacto del caso Karen Atala

La jueza chilena Karen Atala, protagonista del caso “Atala y niñas vs Chile”, es un nombre asociado a uno de los más importantes precedentes en cuanto a igualdad de derechos de las personas homosexuales de Latinoamérica.

La sentencia del 24 de febrero de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se convirtió en una prueba reina sobre cómo los Estados vulneran los derechos de gais y lesbianas, sustentados en prejuicios.

La historia de Karen Atala empezó en 1993 cuando se casó con Jaime López, un compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con quien tenía una relación desde 1991.

Para ese entonces, Atala ya había anulado su primer matrimonio y tenía un hijo, Sergio, quien hoy tiene 28 años. Del matrimonio con López nacieron tres hijas que actualmente tienen 22, 17 y 15 años.

En marzo de 2002, Atala y López decidieron separarse. De común acuerdo establecieron que ella viviría con las menores y que, una vez a la semana, las niñas irían a la casa de su papá.

En junio de ese año, Atala empezó una relación con la historiadora Emma de Ramón. Y en noviembre, esta última se fue a vivir con Atala y sus hijas.

En enero del año siguiente, el papá de las niñas interpuso una demanda argumentando que la orientación sexual de Atala afectaba el normal desarrollo de sus hijas y que constituía un riesgo para que contrajeran enfermedades de transmisión sexual.

A pesar de que el juez que analizó la demanda, reconoció que no podía presumirse una inhabilidad de la madre por su orientación sexual, le concedió a López la tenencia provisional de las menores y reglamentó las visitas de Atala.

Sin embargo, la jueza a quien le correspondió dictar la sentencia definitiva, rechazó la demanda señalando que la orientación sexual no es un impedimento para desarrollar una maternidad responsable. Ordenó la entrega de las niñas a la madre.

Como era de esperarse, el papá no quedó conforme con la decisión y apeló la sentencia. No obstante, el 30 de marzo de 2004 la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia respaldando las conclusiones de la jueza.

Un nuevo intento

Al mes siguiente, López presentó en la Corte Suprema de Chile una queja contra la Corte de Apelaciones. Afirmaba que la decisión de Atala de hacer pública su orientación sexual afectaba el desarrollo psíquico y social de sus hijas y solicitaba que ellas estuvieran bajo su cuidado.

La Corte acogió la queja y aceptó la petición de López de que las niñas vivieran con él. El argumento: había inhabilidad entre ser mamá y ser lesbiana, debido a que las niñas podrían ser objeto de discriminación.

También afirmó que Atala había antepuesto sus intereses personales sobre los de sus hijas, al convivir con su pareja homosexual en el mismo hogar en donde criaba y cuidaba a las menores. Asimismo, se refirió a una posible confusión de roles por el hecho de que las niñas no crecieran con un padre de sexo masculino.

Atala respondió que la homosexualidad no podía ser una causa para señalar que ella no era buena madre. Además, dijo que el fallo de la Corte interfería en su vida privada al obligarla a escoger, de manera innecesaria y arbitraria, entre el ejercicio de su orientación sexual y vivir con sus hijas.

El problema en ese entonces radicaba en que, con la sentencia de la Corte, se habían agotado todos los recursos en Chile, a través de los cuales ella podía solicitar la tenencia de sus hijas.

Así que el 24 de noviembre de 2004, Atala denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por atentar contra su derecho a la igualdad y a la no discriminación

Seis años después, en una histórica sentencia, la CIDH concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Atala al quitarle a sus tres hijas debido a su orientación sexual. La CIDH señaló que un derecho reconocido no puede ser negado o restringido, bajo ninguna circunstancia, por la orientación sexual de una persona.

Sentiido entrevistó a la abogada Karen Atala para hacer un balance del impacto de esta sentencia en Chile y en Latinoamérica:

En febrero pasado se cumplieron tres años de esta histórica sentencia. ¿Cuál ha sido su impacto en Chile y en Latinoamérica?

Esta sentencia es una clase magistral de derecho y de interpretación jurídica. Entre otras cosas analiza de qué manera los prejuicios afectaron el fallo de la Corte Suprema de Chile.

Chile no tendría hoy Acuerdo de Unión Civil (AUC), que incluye a las parejas del mismo sexo, si no estuviera esa sentencia. Hoy, contrario a lo que sucedía 10 años atrás, cuando me quitaron a mis hijas, es posible hablar de parejas del mismo sexo como familias. Antes, la relación que yo tenía con mi pareja era considerada una “familia excepcional”, no valorada socialmente.

La sentencia, que se estudia en la academia y en el ámbito jurídico y legislativo, le demostró al Estado chileno la desprotección que tenemos las parejas del mismo sexo. Hemos sido estereotipadas de manera prejuiciosa y no tenemos un acceso igualitario a la justicia.

El fallo también les dice a los jueces latinoamericanos que el interés superior del menor no es una carta blanca para que los adultos evidencien sus propios prejuicios.

Además, el Estado no puede decir que los hijos de parejas del mismo sexo son víctimas de discriminación, sino tomar medidas para que esto no se presente.

La CIDH les dice a los jueces que no deben actuar con base en imaginarios de lo que es una familia, sino de acuerdo con la realidad concreta de cada niño, teniendo en cuenta lo mejor para cada uno.

La sentencia también ha tenido un impacto importante en Latinoamérica. Por ejemplo, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México citó el fallo, cuando estableció que las autoridades de Oaxaca no pueden negar el matrimonio a las parejas del mismo sexo que quieran casarse.

En Chile estamos atrás de muchos avances que han tenido lugar en otros países de Latinoamérica y el mundo. La ley de divorcio es apenas del año 2005. Sin embargo, la sentencia contribuyó a que sus dirigentes entendieran que tienen que empezar a trabajar de acuerdo con los derechos humanos.

El fallo de la CIDH nos dignificó a las parejas y familias del mismo sexo. Son los Estados y sus gobernantes los principales responsables de que no seamos ciudadanos de segunda categoría. El derecho a tener hijos es para todos, sin distinción alguna.

¿Los funcionarios públicos cumplen con lo estipulado en la sentencia?

Los jueces chilenos, mis pares, aprendieron de ese fallo. Lo estudian en la academia judicial y como parte de las capacitaciones en derecho de familia. En Chile, no volverá a pasar que a una madre o a un padre le quiten sus hijos por ser homosexual.

¿Para la Corte Suprema de Chile, todavía ser madre y ser lesbiana son dos opciones válidas pero mutuamente excluyentes?

No sabría decirlo porque la Corte que me quitó a mis hijas no es la misma. Se ha renovado.

¿Se han cumplido las recomendaciones que ordenó la sentencia al Estado chileno de adoptar políticas públicas y programas para erradicar la discriminación por orientación sexual?

Las reparaciones y recomendaciones se han cumplido. Lo único que está pendiente son las capacitaciones. Necesitamos que el Estado lidere campañas en materia de género, diversidad sexual y derechos humanos, dirigidas a todos los funcionarios públicos y del poder judicial. No hablo de capacitaciones ocasionales sino de una política de Estado.

¿Cómo ha sido estar de lleno en el activismo como directora de la Fundación Iguales de Chile?

Ya tenía experiencia en el activismo porque cuando todo esto surgió, con mi expareja formamos la agrupación Las Otras Familias.

Me gusta trabajar en Iguales, creo que ha traído nuevos aires al movimiento LGBT chileno que estaba decaído y agotado. Siempre los mismos actores con sus peleas internas. Esta es una organización que tiene tres años y que nació sin rencillas.

Nosotros no estamos para pelear. Por el contrario, Iguales tiene muy buenas relaciones con todas las organizaciones y trabaja en alianza. Nuestra meta es lograr el pleno reconocimiento jurídico de las personas LGBT.

¿La sentencia podría ser un precedente para la aprobación de la adopción igualitaria en Colombia y en los demás países de la región?

Debería ser un precedente para la aprobación de este tema en Colombia. Este sería un mensaje importante para el resto de países de la región.

Ahora, el tema de que los hijos de parejas del mismo sexo van a ser estigmatizados, es un asunto que le compete a toda la sociedad. Argumentar esto es amparar la discriminación. El problema no es que vayan a ser señalados, el problema son las personas que los estigmatizan: la falla es de la sociedad no de los hijos o de sus padres del mismo sexo.

¿Qué representa para Chile el Acuerdo de Unión Civil aprobado en enero de 2015?

Es el reconocimiento, por primera vez por parte del Estado de Chile, de que dos personas del mismo sexo que tienen una relación constituyen una familia. El acuerdo crea un nuevo estado civil, el de conviviente civil, que se agrega a los de casado, viudo, soltero y divorciado.

En Chile no había unión civil (conocida como unión de hecho en Colombia), así que esto beneficia tanto a parejas del mismo como de distinto sexo. En realidad, las más beneficiadas son estas últimas porque les otorgan más derechos de los que ya tienen.

Finalmente, las parejas heterosexuales siempre van a poder optar por el matrimonio, mientras que las del mismo sexo no. Sin embargo, si la pareja heterosexual no está de acuerdo con esta institución, puede optar por la unión civil que les garantiza ciertos derechos.

La sociedad estaba demandando esto. Según el Registro Civil, cada año se celebran menos matrimonios y cerca de un 60 por ciento de niños han nacido fuera del matrimonio.

El matrimonio implica una sociedad conyugal y un sistema patrimonial que es administrado por el marido. Por esto, a muchas mujeres no les resulta tan entretenido casarse. Así que la unión civil responde a las necesidades de la gran cantidad de niños nacidos fuera del matrimonio y al alto número de parejas que conviven sin reconocimiento legal.

Sin embargo, no habrá igualdad real hasta que las parejas del mismo sexo puedan optar por el matrimonio. Este es un contrato que otorga todos los derechos asociados a esta institución y otros especiales que da la ley, mientras que la unión civil apenas regula unos mínimos.

Adicionalmente, la una unión civil reconoce y protege a los hijos de las parejas heterosexuales, pero no a los de las parejas del mismo sexo. Es decir, no reconoce como mamá a la pareja de una mujer lesbiana que tiene hijos por fertilización asistida.

Lo mismo para los padres gay que han adoptado fuera del país o que han tenido hijos mediante maternidad subrogadas (alquiler de vientres). Este tema quedó expresamente por fuera del Acuerdo de Unión Civil.

¿Cuáles son los retos de Chile en materia de diversidad sexual y de géneros?

Entre los retos está el matrimonio y la adopción. Actualmente la ley de identidad de género avanza de manera lenta en el Congreso. En Chile, una ley puede demorar entre 6 y 8 años en tramitarse, salvo aquellas que no generen mayor debate.

En su campaña, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió en llevar el debate del matrimonio igualitario de una manera seria y profesional y eso es lo que tenemos que pedirle.

En cuanto a derechos de mujeres, se está debatiendo si se va o no a hacer la ley de cuotas. Además, Chile no tiene aborto en ningún caso. Es un delito.

Enlaces relacionados:

Corte Constitucional: el momento es ahora. 
Karen Atala, un excelente regalo para las mujeres en su día.
El falso argumento de los hijos de las familias homoparentales.
Ideas para promover la diversidad en el mundo laboral.
El día en que nació David Alexis.
Nicolás, el de los 2 papás, no está solo.
El caso Daniel Zamudio: un año después.