A pesar de ser una entidad concebida para, entre otros, defender los derechos fundamentales de los colombianos, la Procuraduría General se ha convertido en un obstáculo para las personas LGBT.
El Congreso colombiano ha sido uno de los principales obstáculos para lograr que las parejas del mismo sexo puedan casarse.
Así lo demuestran seis proyectos de ley presentados entre 1999 y 2012 hundidos en este escenario.
Para Mauricio Albarracín, activista y abogado de la organización Colombia Diversa, los debates sobre Matrimonio Igualitario en este espacio han estado marcados por los insultos y las expresiones desobligantes. “El Congreso es un espacio donde las personas LGBT no tienen voz ni mayor representación”, señala.
Ejemplos de esto son: cuando el senador Roberto Gerlein manifestó que el catre compartido por dos varones merece repulsión y que este es un sexo sucio, asqueroso y excremental. También, cuando el senador Edgar Espíndola señaló que la homosexualidad es una disfunción de la identidad sexual.
La otra cara de la moneda ha sido la Corte Constitucional, entidad que ha dado pasos importantes para avanzar en la igualdad de derechos de la población LGBT. En 2007, por ejemplo, reconoció jurídicamente las uniones de hecho (o uniones libres) entre personas del mismo sexo, con los mismos derechos y obligaciones de las heterosexuales.
También previó, mediante la sentencia C-577 de 2011 que, en caso de que el Congreso colombiano no legislara sobre el Matrimonio Igualitario, las parejas del mismo sexo podrían acudir a notarías o juzgados a formalizar su unión a partir del 20 de junio de 2013.
A pesar de esto, los notarios dijeron que no celebrarían matrimonios civiles sino “uniones contractuales”. Tomaron esta decisión, según explican, porque la Corte no especificó qué tipo de contrato podrían celebrarles a las parejas del mismo sexo y, adicionalmente, ratificó el Artículo 113 del Código Civil que dice: “el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen”.
Para Albarracín, en esta posición de los notarios influyó el hecho de que Alejandro Ordóñez, procurador general de la nación y abierto opositor al Matrimonio Igualitario, tenga competencia para investigarlos disciplinariamente.
“Por miedo a que el procurador los sancionara, los notarios se organizaron para negar el derecho al matrimonio a las personas del mismo sexo. A cambio, ofrecieron un contrato que no existe en la legislación nacional y que no genera derechos ni obligaciones”, enfatiza Albarracín.
Contrario a los notarios, desde el pasado 20 de septiembre algunos jueces están celebrando matrimonio civil a personas del mismo sexo. Esto se logró, en buena medida, gracias al trabajo adelantado por las organizaciones Colombia Diversa y El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia.
Juez a juez
El equipo jurídico de Colombia Diversa ha venido visitando diferentes juzgados del país para explicarles a cada uno de sus funcionarios que la imposibilidad de formar una familia mediante un vínculo jurídico como el matrimonio, les genera a las parejas del mismo sexo, no solamente discriminación, sino un déficit de protección.
Esto, debido a ciertos derechos que otorga el matrimonio y que, de manera inmediata, no permite la unión de hecho o unión libre. Por ejemplo: la posibilidad de formar una sociedad patrimonial y de obtener la visa de cónyuge.
También, les han recordado a los jueces que, en la sentencia C-577, la Corte dijo que es inconstitucional la falta de protección que estas personas padecen por no tener derecho a casarse.
En opinión de los abogados de Colombia Diversa, la Corte pudo no dar el nombre del contrato a celebrar entre las personas del mismo sexo, pero ofreció las herramientas para que jueces y notarios entendieran que se trataba de matrimonio. Finalmente, este es el único contrato solemne que permite constituir familia y que cambia el estado civil a casado.
“En la sentencia C-577, la Corte dijo que el hecho de que en la Constitución exista una norma que describa el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer no significa que lo prohíba entre personas del mismo sexo”, explica Albarracín.
Para este abogado, es muy pobre interpretar la Constitución como un “código de hierro”, inmodificable para siempre. “Con mayor razón, cuando está para proteger a los ciudadanos y no para discriminarlos”, señala.
A pesar de que actualmente en Colombia hay parejas del mismo sexo casadas bajo matrimonio civil, aún es muy temprano para sumar este país a la lista de los que tienen Matrimonio Igualitario.
“Falta garantizar que ese derecho sea para todos los ciudadanos, en cualquier parte del país y sin discriminación alguna. En este momento, cada juez, según su interpretación de la ley, decide si casa o no a una pareja”, agrega Albarracín.
Sin embargo, la barrera más grande que actualmente tiene el matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia se llama Alejandro Ordóñez Maldonado, cabeza de la Procuraduría General de la Nación, entidad que, paradójicamente, tiene entre sus funciones representar a los ciudadanos ante el Estado y defender sus derechos fundamentales.
“El procurador es quien articula, a través de una institución pública, una campaña de odio por los derechos de las personas LGBT. Ordóñez usa los recursos públicos para promover sus ideas particulares. La Procuraduría no solamente no ayuda a las parejas del mismo sexo sino que es su enemiga”, añade Albarracín.
Casados bajo matrimonio
Para la muestra, a mediados de agosto de este año una pareja del mismo sexo presentó una solicitud de matrimonio que fue admitida por el juzgado 48 civil municipal de Bogotá. La Procuraduría intentó evitar esta unión mediante algunos recursos que fueron negados y la unión se celebró el pasado 20 de septiembre.
Sin darse por vencida, la Procuraduría decidió, entonces, emprender acciones para anular el vínculo. Para tal fin acudió a la tutela, mecanismo creado en la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de los colombianos.
Según Albarracín, esa tutela tiene varias irregularidades. La primera es que la Procuraduría no podía presentarla porque esta institución no tiene derechos fundamentales y solamente puede actuar en defensa de los ciudadanos.
Adicionalmente, un matrimonio puede ser anulado por un juez de familia y no mediante una acción de tutela. “Es la primera vez en la historia del país que la Procuraduría interviene en matrimonios y que vínculos de esta naturaleza son anulados por una tutela”. Para completar, el juez de tutela nunca notificó a la pareja sobre la acción interpuesta por la Procuraduría.
Por todo esto, el juez 39 civil no debió admitir ni fallar sobre esa tutela. No obstante, la consideró procedente y declaró nulo el matrimonio. De igual manera, por una tutela interpuesta por la Fundación Marido y Mujer, el juez 44 civil del circuito de Bogotá también declaró nulo un matrimonio civil oficiado a una pareja del mismo sexo el pasado 4 de octubre.
Estas decisiones que, solamente afectan a estas dos uniones y no al resto que se celebren o se hayan celebrado, puede apelarse al Tribunal Superior de Bogotá y, en última instancia, a la Corte Constitucional. No son fallos definitivos.
Según Albarracín, lo que está haciendo el procurador no solamente puede ser un abuso de poder y un prevaricato (cuando funcionarios públicos no cumplen con las obligaciones y deberes de su cargo) sino una violación a los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo.
“El procurador Ordóñez está usando la Procuraduría para, entre otras cosas, recoger datos personales (nombres, direcciones y teléfonos) de las parejas del mismo sexo que quieran casarse. Esto, además de ser una violación a la intimidad personal y familiar, es un riesgo para estas personas porque su información queda en manos de un funcionario que, claramente, persigue a las personas homosexuales y a las parejas del mismo sexo”, explica.
Demanda penal
Por sus intentos por obstaculizar los derechos de varias parejas del mismo sexo que quieren casarse, la concejal de Bogotá Angélica Lozano, interpuso el pasado 30 de septiembre una denuncia penal por abuso de autoridad contra Gustavo Trujillo, procurador judicial de la Procuraduría General de la Nación.
Para Albarracín, además de este tipo de denuncias, es fundamental que la ciudadanía, sin importar su orientación sexual o identidad de género, presione al procurador y se movilice para evitar que siga usando esta institución para imponer su ideología y creencias religiosas: “se trata de demostrar que esta institución no está representando a la ciudadanía sino solamente al procurador”.
Lo más posible es que las tutelas interpuestas contra los notarios que se negaron a celebrar matrimonio civil, así como las puestas por la Procuraduría y la Fundación Marido y Mujer contra las uniones celebradas, terminen en la Corte Constitucional. Seguramente esta entidad dirá la última palabra sobre el tema.
“Tendrá, entonces, la obligación de garantizar, sin discriminación alguna, los derechos de las parejas del mismo sexo porque no puede ser que unas personas tengan derecho a casarse y otras no. Además, esta no es una discusión religiosa sino entre personas que deben tener la misma protección ante la ley”, añade Albarracín.
El problema es que la composición actual de la Corte dificulta un resultado favorable para las parejas del mismo sexo. Esta institución ha tenido dos cambios importantes: en marzo de 2012, el magistrado Juan Carlos Henao renunció para asumir la rectoría de la Universidad Externado de Colombia y, en septiembre de ese año, al magistrado Humberto Sierra Porto se le acabó su periodo.
El conservador Luis Guillermo Guerrero asumió la vacante que dejó el primero (quien estaba a favor del Matrimonio Igualitario) y, Sierra Porto, fue remplazado por el magistrado Alberto Rojas quien dice ser liberal pero su hoja de vida deja serias dudas al respecto.
“Incluso los magistrados más conservadores tienen que entender que este no es un asunto de unas minorías sino de igualdad de derechos. A medida que la ciudadanía se movilice y quede claro que las parejas del mismo sexo necesitan esta protección legal, la Corte Constitucional no tendrá otra alternativa que aprobar el Matrimonio Igualitario”, enfatiza Albarracín.
Además, una Corte que niegue el Matrimonio Igualitario en pleno 2014 quedará ante los colombianos y el mundo como una entidad retrograda y anacrónica. “La Corte de Estados Unidos, con mayoría conservadora, dijo que la definición de matrimonio como una unión heterosexual era inconstitucional y señaló que las parejas del mismo sexo deben tener la misma protección”, dice Albarracín.
Los matrimonios del mismo sexo, agrega, son patrimonio de la democracia, representan un avance y un cambio social significativo y son ejemplo de igualdad de derechos. Por esto tienen que ser defendidos con todos los recursos legales disponibles y mediante la movilización social. Las personas que quieran casarse deben tener derecho a hacerlo. Es un asunto de libertad propio de un estado democrático.
Nota: a raíz de un comentario recibido de una lectora de Sentiido, aclaramos que la expresión “mano negra” incluida en el título de este artículo, se refiere al manejo “tras bambalinas” que funcionarios e instituciones públicas están llevando a cabo para entorpecer el proceso del Matrimonio Igualitario en Colombia. En ningún caso, se pretende hacer una connotación negativa del término “negra” con relación a la raza.
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#DerechosLGBT #FamiliasDiversas #MatrimonioIgualitario #Política
Las escorias conservadoras solo son un estorbo para la sociedad civil, qué hubiera sido del sufragio universal si para los conservadores de la época la mujer no daba la talla para participar en la política, qué hubiera sido si según los conservadores las personas de color no son personas ni tienen libertades ni derechos… Esa gentuza es dispensable, como la religión en el estado, y además de eso es dañina para las libertades civiles.