Las luchas del aborto en Colombia

Más de la mitad de los colombianos llegan a este mundo sin ser deseados. Según la investigación “Perspectivas internacionales en salud sexual y reproductiva”, del Instituto Guttmacher, en 2008 el 67 por ciento de los embarazos fueron no planeados.

Aunque una vez nacen, algunos padres suelen decir que sus hijos son lo mejor que les ha pasado en la vida (otros nunca los aceptan), el hecho de no haber sido planeados evidencia realidades importantes.

La primera y más preocupante es el desconocimiento que aún existe en Colombia sobre los métodos anticonceptivos, producto de vacíos en la educación sexual y afectiva que se imparte en los hogares y en las instituciones educativas.

También demuestra que aún falta mayor conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos y de las situaciones en las que en Colombia está permitida la interrupción voluntaria del embarazo.

Un caso emblemático al respecto tuvo lugar en 2005, constituyéndose en uno de los antecedentes de la sentencia que esta entidad emitiría al año siguiente.

La protagonista fue Martha Sulay González, quien para ese entonces se había practicado una ligadura de trompas con el objetivo de no tener más hijos. Tenía tres. Sin embargo, quedó embarazada.

A la cuarta semana de gestación, le detectaron cáncer de cuello uterino, lo que le representaba acudir a quimioterapia. Debido a que el tratamiento acabaría con el embarazo, solicitó su interrupción. Como en 2005 este procedimiento aún era ilegal, su petición fue rechazada.

El embarazo continuó y meses después nació su cuarta hija. Como era de esperarse, el cáncer había hecho metástasis en varios órganos y Martha Sulay murió el 11 de junio de 2007, a los 37 años. Sucedió un año y un mes después de que saliera la sentencia de la Corte despenalizando el aborto en tres situaciones.

Ese mismo año, la senadora Vera Grave presentó otro “por el cual se definen y protegen los derechos de la mujer y se despenaliza la interrupción voluntaria del período de gestación”. En 1997, la senadora Piedad Córdoba propuso la despenalización por causas específicas como el acceso carnal violento, la inseminación no consentida o por peligro de la vida de la madre.

Allí, mediante una sentencia de 1995, se ratificaron las normas del Código Civil que otorgan existencia legal a la persona solamente desde su nacimiento o cuando se “desprende de la madre”.

Dos años después, a través de otra sentencia, la Corte respondió a una demanda que consideraba inconstitucionales las normas que disminuían las penas por abortar, cuando el embarazo había sido producto del “acceso carnal violento”.

La Corte dijo que dichas normas no vulneraban la Constitución debido a que el legislador estaba en libertad de establecer las graduaciones de las penas.

El nuevo Código Penal, un pequeño paso

En el año 2000 entró en vigencia el nuevo Código Penal que incluyó el siguiente parágrafo: “cuando se realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena”.

En otras palabras, el juez tendría en ciertos casos la posibilidad de no enviar a la cárcel a una mujer que se hubiera practicado una interrupción de su embarazo. Al poco tiempo, un opositor al tema presentó una demanda contra ese parágrafo. La Corte ratificó que era potestad del Estado establecer las penas correspondientes.

El 14 de abril de 2005 la abogada Mónica Roa, de Women’s Link Worldwide, junto con otros abogados y organizaciones, demandaron ante la Corte la inconstitucionalidad de varios artículos del Código Penal.

Argumentaban que la penalización del aborto cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer, el embarazo es resultado de una violación o existe una grave malformación del feto incompatible con la vida, viola los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la autonomía reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad.

La respuesta fue la sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, mediante la cual la Corte Constitucional legalizó el aborto inducido en Colombia en tres situaciones:

1. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificado por un médico.

2. Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico.

3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, de acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o de incesto.

Por la solidez y calidad de los argumentos, esta sentencia se convirtió en un referente mundial. Sin embargo, su implementación ha implicado diversos y numerosos retos.

Espere la segunda parte del especial de Sentiido sobre aborto en Colombia con lo que ha pasado en el país desde 2006.

Enlace relacionado: 

El día de la madre y de la no madre.