La inclusión de las víctimas LGBTI del conflicto armado colombiano en la Comisión de la Verdad debe ir más allá del papel y constituirse en un elemento esencial para saber lo que en realidad pasó.
Por: Juan José Verhelst*
Los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prometen poner fin en Colombia a una tendencia global de exclusión de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) de los escenarios de postconflicto. (Ver: Una diversidad más amplia para el postconflicto).
Históricamente los órganos establecidos para avanzar en los procesos de transición hacia la paz, han dejado de lado la violencia que han experimentado las personas LGBTI por parte de diferentes actores armados.
Por ejemplo, el Tribunal de Nuremberg creado por los Aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, ignoró a los hombres homosexuales y a las personas trans torturadas y encerradas en campos de concentración durante el régimen nazi.
A pesar de que este tribunal emitió sentencias contra algunos nazis por su participación en el genocidio del pueblo judío, no mencionó la persecución sistemática de las personas LGBTI durante el llamado Tercer Reich.
A muchas personas LGBT les han vulnerado sus derechos humanos en conflictos y momentos de inestabilidad política.
Al finalizar las guerras y conflictos, a las víctimas LGBTI se les han negado la reivindicación de sus derechos y el goce de una ciudadanía plena.
Por el contrario, muchas de quienes estuvieron encerradas en campos de concentración bajo el famoso símbolo del triángulo rosa, fueron obligadas a pagar penas de prisión después de ser liberadas, debido a que al finalizar la guerra la homosexualidad siguió siendo criminalizada.
Esta historia de discriminación se ha repetido alrededor del mundo. Las víctimas LGBTI han sido excluidas de los procesos de reconstrucción social y sus experiencias no han formado parte de la historia oficial de los conflictos. (Ver: Personas LGBT piden no ser excluidas de los acuerdos de paz).
A pesar de esto, algunos países han incluido a las personas LGBT en sus procesos de transición. Aunque esta tendencia comenzó en Sudáfrica (en su informe final, la Comisión de la Verdad incluyó las llamadas “terapias de conversión” implementadas durante el Apartheid), ha sido Latinoamérica la región con más avances en la materia.
Perú, Paraguay, Ecuador y Brasil han incluido casos de violencia contra personas LGBTI en sus informes de las comisiones de la verdad. Sin embargo, estos procesos han sido criticados por haberles dado a las víctimas LGBTI un papel residual y poca atención a los hechos de violencia contra ellas.
Por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, incluyó el asesinato de ocho personas trans por parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Pero Kelli Muddel, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, explicó en un informe que este episodio se incluyó por el descubrimiento accidental de un memorial por parte de un grupo LGBTI. Es decir, no entró al informe final por un mandato de la Comisión ni por un interés en develar un patrón de persecución contra estas personas.
La poca importancia prestada a las víctimas LGBTI en muchos países, refleja la idea de que “es normal” la violencia contra las minorías sexuales y de género en procesos de justicia transicional. Los mecanismos empleados en diferentes escenarios de postconflicto han sido diseñados desde una perspectiva heterosexual y cisgénero, olvidando la inclusión LGBTI.
El turno para Colombia
Colombia ha sido el país que más avances ha tenido al respecto. Antes de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, la Ley de víctimas y restitución de tierras había reconocido que la orientación sexual es un criterio que amerita la adopción de medidas diferenciales de asistencia y reparación.
La Corte Constitucional, por su parte, se ha pronunciado en repetidas ocasiones sobre las víctimas LGBTI del conflicto armado. Asimismo, el informe Aniquilar la Diferencia del Centro de Memoria Histórica y otros de organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han demostrado un trabajo excepcional en la recolección, sistematización e interpretación de las violaciones cometidas contra las personas LGBTI por diferentes actores armados en Colombia. (Ver: Recursos sobre diversidad sexual y de género).
Tal vez por esta razón, a pesar del gran debate que suscitó la llamada “ideología de género” y de la influencia de sectores de derecha en la “renegociación” de los acuerdos de paz después del triunfo del “No”, el enfoque diferencial en relación con las personas LGBTI sigue vigente en los mecanismos establecidos para la finalización del conflicto armado. (Ver: Es un “No” más profundo).
En particular, el Decreto 588 de 2017 que organiza la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, establece que este órgano tiene entre otros mandatos promover el reconocimiento del impacto del conflicto armado sobre las personas LGBTI. (Ver: Líderes LGBT se reunieron con las FARC – EP).
Este mismo decreto señala como función de la Comisión crear un grupo de trabajo que realice sus funciones en coordinación con organizaciones de mujeres y grupos LGBTI.
Esto significa que la Comisión de la Verdad en Colombia es la primera en su clase en establecer de manera expresa una perspectiva LGBTI y en contemplar la obligación de incorporar una visión de género incluyente en su trabajo.
Más allá del papel
En este escenario, la Comisión de la Verdad promete cambiar la historia de la discriminación y la doble victimización a la que han sido sometidas las víctimas LGBTI en procesos de transición.
Esto no solo tiene consecuencias para estas personas y sus familiares, sino para toda la sociedad colombiana que tendrá la posibilidad de tener una versión más incluyente de la historia del conflicto armado en Colombia.
Sin embargo, es relevante entender que la inclusión formal de una perspectiva LGBTI no necesariamente implica que el trabajo de la Comisión se vaya a traducir en una garantía plena del derecho a la verdad de las personas LGBTI.
La historia de discriminación de estas personas amerita la aplicación de medidas especiales para garantizar que el informe final de la Comisión evidencie los patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos implementados por diferentes grupos armados contra las personas LGBTI.
Esto implica que las víctimas participen y cuenten sus historias ante la Comisión, no solo en relación con las violaciones de derechos humanos sufridas durante la guerra, sino respecto a la situación que vivían antes del conflicto y las estructuras sociales que permitieron que fueran vulneradas.
De igual manera, la adopción de un enfoque interseccional es vital para entender de qué manera las diferentes categorías de una persona LGBTI interactuaron para hacerla especialmente vulnerable en una situación de conflicto. (Ver: La verdadera diversidad LGBT).
Por ejemplo, resaltar que algunas de las personas LGBTI que fueron violentadas dentro del conflicto vivían en zonas rurales, en situación de pobreza y marginadas por sus comunidades. Todas estas categorías impactan en el análisis. (Ver: En Chocó, gais y lesbianas se reinventaron el activismo).
La Comisión de la Verdad tiene una enorme responsabilidad con las personas LGBTI en Colombia
La implementación de una perspectiva de género de las personas sexualmente diversas es esencial para garantizar un escenario de postconflicto más incluyente y generar un cambio positivo en medio de una tendencia mundial de discriminación y olvido.
Después de todo, una versión del conflicto armado en Colombia que no incluya a las víctimas LGBTI, equivale a la reconstrucción de una verdad incompleta y de una historia que no garantiza la transición para todos los sectores de la sociedad.
Por este motivo, el trabajo de las organizaciones sociales es ahora más importante que nunca. Es necesario velar para que la inclusión de las víctimas LGBTI en la Comisión de la Verdad vaya más allá del papel y pueda materializarse en el informe final de este órgano, que se convertirá en un elemento esencial para contar la guerra a las futuras generaciones de nuestro país.
*Abogado, candidato LLM (máster) en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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