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4 retos del aborto legal en Colombia

Género, diversidad sexual y cambio social.

Para evitar que más mujeres tengan que acudir a abortos clandestinos, es necesario superar la desinformación que existe sobre la interrupción voluntaria del embarazo e implementar una educación sexual libre de prejuicios y pecados.  

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“Los hombres también son beneficiarios del aborto legal en Colombia. ¿Cuántos de ellos no se salvaron de tener un hijo que no deseaban?”, dice Catalina Ruiz-Navarro, periodista y columnista. Foto: Álvaro Ramírez con Creative Commons.

10 años cumplió la sentencia C-355 mediante la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres situaciones. Sin embargo, según integrantes del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, los obstáculos para hacer uso de este derecho van desde la exigencia de requisitos adicionales hasta el desconocimiento de la autonomía de las mujeres para decidir la conveniencia o no de practicarse una interrupción de su embarazo.

Para Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, en Bogotá, las instituciones deben actuar de acuerdo con sus valores y, uno de los del San Ignacio como hospital católico, es la protección de la vida.

el director del Hospital San Ignacio se escuda en creencias religiosas del ámbito personal, para no cumplir con lo estipulado por la Corte.

Sin embargo, recientemente la Corte Constitucional ratificó el artículo 90 del Código Civil, el cual establece que la existencia legal de una persona comienza al separarse completamente de quien la lleva en su vientre. Es decir, al momento de nacer.

Además, el aborto inseguro sigue prevaleciendo sobre el aborto legal lo que contribuye a la mortalidad materna en Colombia. “Se estima que cada año, 132.000 mujeres sufren complicaciones debido a abortos practicados en condiciones clandestinas”, ha señalado el Grupo Médico por el Derecho a Decidir.

Aunque existen numerosos retos para disminuir la tasa de abortos ilegales en Colombia, Sentiido seleccionó cuatro que son clave de enfrentar:

1. Superar la desinformación:

Una de las principales barreras para que las mujeres puedan interrumpir legalmente su embarazo tiene que ver con el desconocimiento de los médicos o los profesionales de la salud sobre lo estipulado por la Corte Constitucional en su sentencia.

A muchos de estos profesionales, por ejemplo, les cuesta entender –o aceptar– el alcance de la causal salud: “Cuando la continuación del embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer”.

La palabra salud se refiere a un estado de bienestar bio-sicosocial que contempla las perspectivas física, psicológica y social. Esta causal está fundamentada sobre el riesgo, no sobre el resultado o daño causado en la salud de la mujer.

“La causal salud interpretada de manera expansiva, da un camino para avanzar sin esperar un proyecto de ley que despenalice el aborto”, Alejandro Gaviria, ministro de Salud.

Las mujeres no deben sentirse obligadas a buscar situaciones extremas para justificar su decisión de interrumpir su embarazo. No tienen que convencer a los profesionales de la salud de cumplir con su trabajo sino obligarlos a ajustarse a lo estipulado por la Corte. “Es la mujer quien decide, el médico simplemente evalúa y entrega una información técnica”, afirma Alejandro Gaviria, ministro de Salud.

Además de la desinformación existente sobre las causales despenalizadas, hay desconocimiento de las rutas de atención y abuso de la objeción de conciencia, que se derivan de la falta de capacitación del personal asistencial.

El hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo siga siendo calificada por algunas personas como un “crimen”, ha llevado a que los profesionales de la salud que prestan de manera legal este servicio médico sean víctimas de señalamientos y de procesos disciplinarios, amenazas y marginación.

La Superintendencia de Salud ha dicho que frente a la solicitud de interrupción del embarazo enmarcada en las tres causales que señala la Corte, los médicos no pueden expresar juicios, realizar juntas médicas ni alegar objeción de conciencia institucional.

2. Dejar de discutir el aborto de manera aislada:

Según Mónica Roa, quien hasta hace poco formó parte de la organización Women’s Link Worldwide, la interrupción voluntaria del embarazo es una ficha de un rompecabezas más grande: los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos tienen dos partes:

  • La autonomía sexual y reproductiva o las decisiones que cada persona toma de manera libre y autónoma sobre su vida sexual y reproductiva.
  • Los servicios que provee el Estado para que cada quien pueda ejecutar, de manera segura, las decisiones que tomó.

Una ficha más es la violencia contra las mujeres y el impacto que esto tiene en su vida sexual y reproductiva. Según Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cada vez hay más padrastros abusando de sus hijas.

“Hay que trabajar de manera prioritaria en la violencia intrafamiliar y en la violencia sexual dentro de la familia, el peor enemigo que tiene Colombia. Esta es la semilla de las demás violencias. En algunas localidades, muchas mujeres quieren quedar embarazadas del líder de la pandilla como una forma de protegerse”, señala Plazas.

“La paz no es solamente la que se está firmando en Cuba. La paz también es hablar de qué está pasando con los cuerpos de las mujeres”, Jineth Bedoya, periodista.

Además de incluir el aborto como parte de un tema mayor, los derechos sexuales y reproductivos, también es importante dejar de ver el embarazo y su interrupción como asuntos exclusivamente femeninos.

“Los hombres también son beneficiarios del aborto legal en Colombia. ¿Cuántos de ellos no se salvaron de tener un hijo que no deseaban? Ellos también deberían reconocerlo públicamente y no ser solamente ellas las que ponen la cara”, señala Catalina Ruiz-Navarro, periodista y columnista.

3. Educación sexual libre de prejuicios y pecados:

“Una de cada cinco mujeres adolescentes está embarazada en Colombia. De esas niñas, el 50 por ciento tendrá un segundo embarazo en dos años. Y entre el 10 y el 30 por ciento de esas mujeres no terminará el colegio”, afirma Cristina Plazas.

El embarazo adolescente, una de las causas de las desigualdades socioeconómicas predominantes, no se puede seguir tratando como un tema de repartir preservativos. Las instituciones educativas deben ofrecer una educación sexual de calidad, acorde con la edad, que vaya más allá del funcionamiento de los órganos reproductivos.

Y aunque el Ministerio de Educación tiene un programa al respecto, el problema de fondo es que su implementación queda sujeta a las creencias religiosas o personales de las directivas o padres de familia del colegio.

“A pesar de que la educación sexual es de carácter obligatorio, todos sabemos que está guardada en un cajón que no se abre en los colegios”, señala Martha Royo, directora de Profamilia.

Así, mientras los papás, mamás y directivas de instituciones educativas evitan hablar de la vida sexual y los métodos anticonceptivos, como una supuesta estrategia –poco efectiva por cierto– para no incentivar el inicio de su vida sexual, los menores reciben vía Internet y redes sociales una cantidad de información que no tienen con quien aclarar.

“Lo que tenemos que hacer es darles todas las herramientas a los jóvenes para que puedan tomar sus decisiones”, Cristina Plazas, directora del ICBF.

Por encima de las creencias personales o religiosas de los papás o las directivas del colegio, está la dignidad y la autonomía de cada ser humano. Es fundamental formar individuos que sepan ejercer su libertad de manera responsable.

“Colombia es un Estado social de derecho, pluralista, multicultural, que se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, que protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que ya se separó de la iglesia. Es un Estado liberal y laico que reconoce a las personas como sujetos autónomos”, señala Florence Thomas, feminista.

4. No es un tema que debe decidir la mayoría:

La frase “un asunto tan polémico como el aborto deben decidirlo los colombianos” se suma a la ya conocida premisa “hay que esperar a que la sociedad esté lista para tratar esos temas”.

Esa pareciera ser la creencia de Julio César Castellanos, director del Hospital San Ignacio, quien en el foro sobre aborto en Colombia organizado por la Fundación Buen Gobierno señaló: “cómo es posible que lo que hasta un día fue delito, al siguiente se convierta en una práctica obligatoria”.

También dijo que las instituciones que tienen valores morales distintos a otras, tienen derecho a existir. O, en otras palabras, a negarse a cumplir con lo estipulado por la Corte Constitucional. Y mientras tanto, muchas mujeres se ven obligadas a interrumpir su embarazo de manera clandestina.

Ahora, es cierto, como lo afirma el sacerdote Carlos Novoa de la Universidad Javeriana, que detrás de muchos embarazos no deseados hay pobreza. Pero no se puede esperar a resolver la desigualdad existente para avanzar en los derechos de las mujeres.

Buena parte de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo señalan que esas decisiones, entre más democráticas sean, más legitimidad tienen. Por eso proponen que sea la mayoría de colombianos quienes decidan.

“El referendo no procede para derechos fundamentales”, Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá

“No es posible que cinco de nueve magistrados de la Corte Constitucional, le impongan al país un tema tan trascendental como el aborto. Eso no es pluralidad”, ha dicho el ex senador José Darío Salazar.

La Constitución dice que los 102 senadores elegidos por voto popular designan a los nueve magistrados de la Corte. Por supuesto, lo ideal es que estos temas sean discutidos y reglamentados en el Congreso, que tiene una representación más amplia que la Corte.

Sin embargo, por este escenario han circulado ocho proyectos de ley para tratar de despenalizar el aborto total o parcialmente y todos fueron archivados sin pasar por una discusión técnica -no religiosa- al respecto.

Y cuando el Congreso no actúa, el tema no puede quedar a la deriva y por esto la Constitución le permite a la Corte tomar cartas en el asunto. Es más, desde mayo de 2006, la Corte le dijo al Congreso que siguiera desarrollando lo correspondiente a la interrupción voluntaria del embarazo y desde entonces no ha hecho nada.

“Ex senadores como José Darío Salazar consideran democráticas las decisiones de la Corte cuando les gustan. De lo contrario, ‘no son pluralistas’. Él, por ejemplo, estuvo de acuerdo cuando en una ocasión la Corte avaló la reelección del ex presidente Álvaro Uribe. Y en un Estado social de derecho hay que acatar los fallos de la Corte nos gusten o no”, afirma Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá.

Según Mónica Roa, ninguna apuesta de país puede ser exitosa, si no se incluyen las necesidades de las mujeres que en el caso de Colombia superan los 24 millones.

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