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El problema no está en que alguien “se salga de las normas” o de lo que se considera "debe ser", sino en quien tiene el prejuicio. Foto: Daniela Hartmann en Creative Commons.

Chao prejuicios

Los prejuicios no son exclusivos de procuradores, concejales de la familia o de representantes a la Cámara de apellido Cabal. Todas las personas los tienen. El problema es cuando no se superan y se convierten en el criterio a seguir y en el soporte para discriminar. 

Prejuicios. Esta es una de las palabras que más se utiliza a la hora de calificar algunos de los comportamientos de funcionarios públicos como el procurador general Alejandro Ordóñez, el concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez o la representante a la Cámara María Fernanda Cabal.

Según María Mercedes Gómez, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission, la primera percepción que una persona tiene de algo o de alguien, empieza con un prejuicio.

Esto significa que los prejuicios no son exclusivos de unos pocos. Mucha gente considera como un conocimiento justificado esa primera impresión, cuando en realidad no tiene fundamento. Se trata, simplemente, de una percepción que no pasó necesariamente por un proceso racional.

“Aunque todas las personas tienen prejuicios, el problema radica cuando esa sensación o primer acercamiento se fija de tal manera que se convierte en la razón y en el criterio a seguir”, agrega Gómez.

Así, quienes actúan con base en sus prejuicios, se dan razones para justificarse ante sí mismos y frente a los otros, sobre una reacción generalmente negativa que tienen de algo o alguien.

“Una persona puede concluir que como no le gusta el tomate, ese producto es malo. Es decir, a partir de un gusto personal, hace una apreciación general”, afirma Gómez.

Quienes tienen comportamientos que parten de prejuicios, tienden a justificarlos en otros espacios, como los científicos o religiosos, para asegurarse de que tienen la razón. Buscan convencer a los demás de su “verdad”.

De hecho, un prejuicio tiene sentido en la medida en que pueda compartirse con terceros o en que quien lo tenga, constituya por ejemplo “la sociedad antitomate”. Es una manera de garantizarse el respaldo de más gente.

También están quienes perciben ciertas orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género, como salidas de “lo establecido” y las convierten en objeto de prejuicio.

Para Gómez, eso pasa fundamentalmente en aquellas sociedades que consideran la heterosexualidad como la única manera apropiada de ser o de existir.

De lo que creo a lo que conozco

Lo interesante es que como los prejuicios no tienen fundamento, es posible superarlos. Finalmente una persona ve una cosa, pero el conocimiento determina otra.

Así, es posible convertir los prejuicios en juicios fundamentados, desmontando de paso los estereotipos negativos. El primer paso para hacerlo, es entender que el problema no está, por ejemplo, en ser lesbiana, gay, bisexual o trans (LGBT), sino en quien le incomoda que otros lo sean.

Es decir, el “pero” no está en una determinada orientación sexual o identidad de género, sino en la persona que percibe esto como una amenaza. En otras palabras, el problema no está en que alguien “se salga de las normas” o de lo que se considera “debe ser”, sino en quien tiene el prejuicio.

“¿Cómo puede una persona que es percibida como LGBT, provocar violencia por este motivo, si el prejuicio está en el atacante?”, se pregunta María Mercedes Gómez.

María Mercedes Gómez, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission durante su presentación en el seminario "aproximación a los métodos de investigación de delitos contra personas LGBTI", organizado por la Fiscalía General de la Nación.
María Mercedes Gómez, coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de la International Gay and Lesbian Human Rights Commission, durante su presentación en el seminario: “aproximación a los métodos de investigación de delitos contra personas LGBTI”, organizado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.

Una cosa, continúa, es que una mujer se defina como lesbiana y otra muy distinta que alguien le grite por la calle “¡lesbiana!” con el ánimo de insultarla. “La palabra es la misma pero la intención es otra. En este caso, lo hace para controlar, de una manera violenta, una parte de la identidad de esa mujer”.

Muchas veces las agresiones que sufre la población LGBT, provienen de quienes creen que estas personas son inferiores y deben estar subordinadas.

Otro tipo de violencia es aquella que tiene como objetivo eliminar a estas personas, sacarlas del panorama social, como sucede por ejemplo con las mujeres trans. Buena parte de ellas es víctima de crímenes de odio: cuando una característica de la persona se percibe bajo el lente del prejuicio.

“Colombia no necesita de nuevas leyes para penalizar los crímenes de odio. En este país hay suficiente normativa, el problema radica en la impunidad”, dice Gómez. Y este asunto no se resuelve aumentando el número de años de cárcel del agresor sino exigiendo el compromiso estatal para identificar en qué momento el prejuicio se convierte en violencia.

“La prevención de la impunidad empieza por documentar los casos y por tener sistemas unificados de información”, señala Gómez. El trabajo fundamental del Estado es transformar los prejuicios en conocimiento y lograr que sus funcionarios no los perpetúen.

Estas personas pueden tener sus propios prejuicios, pero laboralmente están en la obligación de actuar según las leyes y la Constitución Política de Colombia.

“Determinar cuáles son los prejuicios que tenemos como sociedad, define quiénes somos. Y los procesos que hagamos para superarlos, quiénes queremos ser”, concluye María Mercedes Gómez.

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