El 4 de julio de 1991, hace 30 años, gracias al movimiento estudiantil, Colombia celebró la llegada de una nueva Constitución política centrada en la igualdad, la pluralidad, la participación y la paz.
Hace 30 años los jóvenes en Colombia también estaban marchando y protestando por las calles del país. En ese entonces lo hicieron después de que el 18 de agosto de 1989, el narcotraficante Pablo Escobar ordenara asesinar a Luis Carlos Galán, quien seguramente habría sido el presidente de Colombia entre 1990 y 1994. Esa madrugada de agosto, los narcotraficantes también habían asesinado al coronel Valdemar Franklin Quintero de la Policía de Medellín y el día anterior al juez Carlos Valencia, profesor de la Universidad Externado de Colombia y quien investigaba el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.
El final de la década de los ochenta y principios de los noventa fue uno de los períodos más violentos y difíciles para Colombia. Fueron años en los que no solamente ardió en llamas el Palacio de Justicia, sino en el que fueron asesinados dirigentes populares, jueces, policías, candidatos presidenciales, así como cientos de personas en medio de carros bomba. Además, la corrupción estaba más desbordada que nunca. (Ver: “Sobreviví a Pablo Escobar”).
Pero el gran detonante para que en 1989 la gente joven se movilizara fue el asesinato de Luis Carlos Galán, “quien había sido presentado por la gran prensa liberal —y de muchas formas lo era— como la renovación de una clase política desprestigiada. Muchos estudiantes de diferentes universidades se conmovieron profundamente con el asesinato. Algunos fueron al entierro que partía de la Plaza de Bolívar al Cementerio Central y quedaron impactados con los gritos de ¡justicia! ¡justicia!”, señala la abogada Julieta Lemaitre en el libro El Derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales.
“El asesinato de Galán produjo una sensación límite, un sentimiento de tocamos fondo”, Humberto De La Calle en Memorias dispersas.
Cuenta Lemaitre que un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad del Rosario en Bogotá, le pidió al entonces rector Roberto Arias Pérez que les permitiera dedicar un día a la reflexión, invitando a la jornada a estudiantes de otras universidades. El jueves 24 de agosto se reunieron en el Rosario estudiantes de las universidades Nacional, Distrital, Libre, Gran Colombia, Sabana, Javeriana, Andes, Externado, Sergio Arboleda, Jorge Tadeo Lozano y Central.
En ese encuentro los estudiantes acordaron hacer en Bogotá una marcha de protesta el viernes 25 de agosto. Según Lemaitre, era la primera vez en mucho tiempo que estudiantes de universidades privadas salían a la calle a protestar. A la marcha, que se llamó “marcha por la vida” o “marcha del silencio” (como alusión a una manifestación realizada por Jorge Eliécer Gaitán poco antes de su asesinato en 1948) participaron entre 15.000 y 25.000 jóvenes.
Al final, frente al cementerio, los estudiantes cantaron el himno nacional y la canción Sólo le pido a Dios del cantautor argentino León Gieco, repitiendo con fuerza: “sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Sólo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente”. “Había un hastío con la violencia que a esa generación le tocó vivir”, señala Lemaitre.
“Después del asesinato de Galán, los estudiantes, sobre todo los apáticos de las universidades privadas, lideraron una marcha estudiantil que conmovió al país”, Julieta Lemaitre en El Derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales.
El despertar estudiantil no terminó ese día. De esa marcha surgió uno de los movimientos estudiantiles más grandes que ha tenido lugar en Colombia y que giró en torno a una gran propuesta: cambiar la Constitución política de 1886 que hasta entonces regía en el país. “Pese a sus varias y amplias reformas, era un vestido demasiado estrecho para un país que venía cambiando a mayor velocidad”, señala Humberto De La Calle, quien representó al gobierno de César Gaviria ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en su libro Memorias dispersas.
“Con ese objetivo en mente, el movimiento estudiantil conformó dos organizaciones: una de estudiantes y profesores de universidades privadas, que se llamó Todavía podemos salvar a Colombia. Y otra, donde confluían solamente estudiantes de universidades privadas y públicas, que adoptó el nombre de Movimiento Estudiantil por la Constituyente (MEC)”, señala Antonio Navarro Wolff, quien formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en su libro Una asamblea que transformó el país: la historia detrás de la Constitución de 1991.
De las mesas de discusión del Rosario salió la propuesta de hacer un plebiscito para reformar la Constitución: “el plebiscito para el plebiscito”, se llamó. El 22 de octubre de 1989 los estudiantes publicaron un manifiesto en el periódico El Tiempo titulado “Todavía podemos salvar a Colombia” en el que le hacían un llamado al presidente Virgilio Barco para que realizara un plebiscito. El manifiesto les pedía a los lectores que recortaran el aviso, lo firmaran y lo enviaran por correo para que los estudiantes recogieran las firmas que más pudieran.
“La paz se veía como sinónimo de inclusión, pluralismo y respeto”, Julieta Lemaitre.
Cuenta Lemaitre que al final de octubre y durante noviembre de 1989 un grupo de estudiantes, especialmente del Rosario y de la Javeriana, acompañados por el hoy exprocurador Fernando Carrillo y el entonces vicedecano de Derecho del Rosario, Camilo Ospina, se dedicaron a promover la propuesta de universidad en universidad, a recoger firmas en la calle, a buscar espacio en los medios de comunicación y el apoyo de personajes políticos.
Al año siguiente, el 8 de febrero de 1990, en una audiencia con el presidente Barco, los estudiantes le entregaron las 30.000 firmas recogidas de respaldo al plebiscito. El 22 de febrero, El Tiempo apoyó la idea con el editorial: “Por ahí puede ser la cosa”. Al día siguiente se manifestaron a favor de la propuesta el expresidente Alfonso López Michelsen y cinco precandidatos liberales. Pero el asunto no pasó de ahí.
Fernando Carrillo le propuso, entonces, a la decana de jurisprudencia del Rosario, Marcela Monroy, invitar al pueblo a introducir en la urna de votación de las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1990 una papeleta adicional que convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese día se podían depositar en las urnas seis papeletas: una para elegir senadores, otra para representantes a la Cámara, la tercera para alcaldes, la cuarta para diputados a las Asambleas Departamentales, la quinta para concejales municipales y la sexta para escoger el candidato presidencial del Partido Liberal seleccionado por consulta popular.
El hoy exprocurador Fernando Carrillo les propuso a los estudiantes convocar al pueblo a introducir una papeleta adicional en la urna de votación de las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1990 .
Se propuso una séptima papeleta que dijera “Sí” a una asamblea constituyente. Monroy y los estudiantes estuvieron de acuerdo con cambiar su estrategia de recoger firmas para el plebiscito por la de conseguir votos para la papeleta adicional. El problema era que, hasta las elecciones de marzo de 1990, Colombia requería que los electores llevaran a las urnas sus propias papeletas de votación y buena parte de la política electoral consistía en entregarles estas papeletas.
“Esto significaba que los estudiantes tendrían que hacerles llegar una papeleta adicional a los votantes y tenían menos de un mes para imprimir y distribuir cerca de diez millones para alcanzar por lo menos un millón de votos”, cuenta Navarro Wolff en su libro Una asamblea que transformó el país: la historia detrás de la Constitución de 1991.
Sin embargo, la propuesta despertó tanto entusiasmo que el grupo empezó una intensa campaña de visitas a personajes públicos y medios de comunicación buscando apoyo para la nueva idea. Carrillo publicó una columna en El Tiempo en donde proponía que la gente depositaría una papeleta extra pidiendo un plebiscito para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y reformar la Constitución sin tener que recurrir al Congreso para esto.
Pronto el voto adicional fue conocido como “la Séptima Papeleta” por un editorial de El Tiempo de apoyo a la propuesta.
Según Navarro Wolff, los estudiantes consiguieron que esa papeleta se publicara en El Espectador, en El Tiempo y en otros periódicos el día de las elecciones, de modo que la gente pudiera recortarla y depositarla en las urnas. El domingo 11 de marzo los estudiantes amanecieron listos a repartir el “voto por Colombia”, como decía la papeleta.
Al día siguiente, cuenta Lemaitre, la prensa proclamó la victoria de la Séptima Papeleta a pesar de no saber cuántos votos fueron. Lo que sí estaba claro era que el gobierno de Barco tenía el camino despejado para llamar a un plebiscito en las elecciones presidenciales que se celebrarían en mayo y preguntar, ahora sí de manera oficial, si el pueblo convocaba o no a una Asamblea Nacional Constituyente.
Los estudiantes propusieron que, en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990, la gente votara si estaba a favor o en contra de una constituyente. Para esa elección, el presidente Barco expidió el Decreto 927 de 1990 de estado de sitio, que incluía el texto del voto: “¿Para fortalecer la democracia participativa vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución política de Colombia? Sí o No”. Además, este voto ya no sería impreso por simpatizantes, sino que sería un tarjetón en el cual los colombianos podrían contestar “Sí” o “No” a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Las elecciones presidenciales de mayo de 1990 han sido unas de las más tristes de las que se tiene memoria en Colombia. Las fuerzas oscuras habían matado a cuatro aspirantes presidenciales: Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en 1989 y Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990. Quizá por esto, el 89.6 por ciento de los electores (5.236.863 votos) votaron “Sí” a la Asamblea Nacional Constituyente. Esa opinión ciudadana se convirtió en un primer consenso popular, en un mandato ciudadano, en un voto contra la tristeza”, señala Lemaitre.
“La idea de que una nueva Constitución podría contribuir a la paz tuvo gran acogida. En ella creyeron estudiantes, guerrilleros y los millones de colombianos que votaron ‘Sí’ a la constituyente”, Julieta Lemaitre en El Derecho como conjuro: fetichismo legal, violencia y movimientos sociales.
Según Humberto De La Calle en su libro Memorias dispersas, el país había llegado al abismo. “Pero en vez de acudir como era lo usual a una solución autoritaria, buscó una salida en la cantera de la tolerancia, de la inclusión, del pluralismo y de la modernización de sus instituciones. En vez de un deseo de desquite violento, se gestó el propósito de crear un ‘nuevo país’, eslogan que rápidamente César Gaviria adoptó en su campaña presidencial”.
Esa alta votación fue un gran impulso porque reformar la Constitución era complejo. El plebiscito de 1957, producto del acuerdo bipartidista que le puso fin al conflicto liberal – conservador había limitado al Congreso la facultad de reformar la Constitución. “Estaban excluidos del ordenamiento legal todas las reformas con participación ciudadana”, cuenta Navarro Wolff.
En 1978, con el argumento de que el pueblo había delegado en el Congreso el poder constituyente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la propuesta del gobierno de Alfonso López Michelsen de realizar una constituyente limitada o una “pequeña constituyente” enfocada en dos temas específicos: la reforma a la justicia y la administración territorial. La idea reapareció en 1984, en el gobierno de Belisario Betancur cuando Óscar William Calvo, negociador del Ejército Popular de Liberación (EPL), propuso realizar una asamblea constituyente como parte de un acuerdo de paz, pero la idea no prosperó.
En vez de un deseo de desquite violento por la situación que vivía Colombia, se gestó el propósito de crear un nuevo país.
El Gobierno de Barco retiró su proyecto de constituyente del Congreso porque los narcotraficantes, con Pablo Escobar a la cabeza, habían logrado meter en el proyecto “el mico” de la no extradición de narcotraficantes.
A inicios de su gobierno, en 1986, el presidente Virgilio Barco había rechazado la posibilidad de hacer una reforma constitucional. Pero en 1988 acudió a esta opción mediante un plebiscito, propuesta que fue suspendida por el Consejo de Estado. Entonces, al año siguiente el Gobierno intentó de nuevo, pero esta vez por el Congreso.
Según Lemaitre, la propuesta incluía reformas que eran parte de la negociación de paz con el M-19, como la creación de una circunscripción de paz que le permitiera a esa guerrilla ingresar al Congreso. La propuesta incluía la celebración de un plebiscito el 21 de enero de 1990 en el cual se ratificarían las reformas mediante el voto popular.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 1989 el Gobierno retiró del Congreso su proyecto porque, cuenta Navarro Wolff, los narcotraficantes, con Pablo Escobar a la cabeza, habían logrado meter en el proyecto “el mico” de la no extradición de narcotraficantes. Ante esto, el 18 de diciembre de ese año, el M-19 expidió un comunicado proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente para garantizar que algunos de sus integrantes pudieran llegar al Congreso como parte del acuerdo de paz.
“El acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla del M-19 fue el primero firmado en Colombia y en la América Latina contemporánea”, Antonio Navarro Wolff.
Esta propuesta coincidió con el hecho de que, a finales de agosto de 1990, a las pocas semanas de su posesión y con el mandato ciudadano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente César Gaviria adoptó el Decreto 1926 llamando a elecciones para que oficialmente la ciudadanía dijera “Sí” o “No” a una Asamblea Constituyente. El decreto determinaba el número de constituyentes (setenta elegidos por voto popular más dos para grupos que firmaran la paz), la fecha de su elección (9 de diciembre de 1990), el período en el cual sesionaría (150 días) y el temario del que se ocuparía. El decreto fue enviado a revisión a la Corte Suprema de Justicia.
El 9 de octubre de 1990 la Corte publicó la sentencia número 138, con ponencia de Hernando Gómez Otálora y Fabio Morón Díaz, en la que por doce votos a favor contra once en contra, la Corte decidió que el decreto era constitucional y que la Asamblea podía reunirse si los ciudadanos votaban mayoritariamente “Sí”, pero eliminó que la constituyente tuviera un temario preestablecido: este debería ser libre y lo decidiría la Asamblea con total autonomía, permitiendo así redactar una nueva Constitución que reemplazara a la de 1886.
De esta manera, el 9 de diciembre de 1990 la ciudadanía podría votar “Sí” o “No” a la realización de la asamblea. Si marcaba “Sí”, debía escoger la lista de candidatos por la cual votaba para integrarla. Según Lemaitre, la gran sorpresa fue que la votación fue mucho más baja de lo que se esperaba: sólo votaron tres millones setecientas mil personas, teniendo en cuenta que más de cinco millones de personas habían votado en mayo.
El 9 de diciembre de 1990 triunfó el “Sí”, oficialmente, a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.
El partido liberal consiguió 25 constituyentes, la Alianza Democrática M19 consiguió 19, el movimiento de Salvación Nacional, con Álvaro Gómez a la cabeza, eligió 11 y el partido conservador, encabezada por Misael Pastrana Borrero, eligió cinco. El movimiento cristiano logró dos miembros y la Unión Patriótica consiguió dos también.
Los indígenas tuvieron una circunscripción especial que eligió a dos constituyentes. Hasta entonces en Colombia, explica Navarro Wolff, seguía vigente la Ley 89 de 1890 que en su encabezado decía: “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Esa ley establecía que, para muchas decisiones, los indígenas debían ser tratados como menores de edad.
“La Constitución de 1991 es el hecho más importante del siglo XX, una revolución sin sangre”, Julieta Lemaitre.
En diciembre de 1990, la Presidencia de la República publicó las “preguntas para el debate” para despertar la discusión. De manera simultánea se abrió un proceso de discusión ciudadana a través de conversatorios, foros y eventos en todo el país. Durante las primeras semanas de funcionamiento, la Asamblea recibió proyectos de reforma de la Constitución presentados por organizaciones públicas o miembros de la Asamblea, y propuestas presentadas por organizaciones sociales y no gubernamentales. En total, se presentaron entre el 12 de febrero y el 8 de marzo de 1991, 25 proyectos completos de nueva Constitución y 139 textos sobre cambios parciales. Esas propuestas se sistematizaron y fueron entregadas a las subcomisiones.
El 4 de julio de 1991 fue proclamada en una gran ceremonia por televisión, la nueva Constitución Política de Colombia. Los tres presidentes de la constituyente, en coro, declararon la vigencia de la nueva Constitución. Empezó así el país un camino hacia la igualdad al que todavía le falta mucho por recorrer.
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