Colombia enfrenta una emergencia de violencia machista

¿Qué tipo de madre puede mantener años amarrada a la cama a su hija para que la violen y quemarles las manos para que se deje violar? ¿Qué tipo de individuo es capaz de violar a una niña quemada y amarrada a una cama?

¿Qué tipo de padrastro puede ingresar al colegio de su hijastro de seis años para acabar con su vida a puñaladas frente a todos sus compañeritos porque quiere vengarse de su madre?

¿Qué tipo de iglesia encubre a sus sacerdotes pedófilos para guardar su “buen nombre”? ¿Qué tipo de comunidad tolera que en una calle se comercie con la dignidad y la vida de niñas indígenas que se están muriendo de hambre? (Ver: Pederastas en primera plana).

¿Qué tipo de comisaría de familia otorga la custodia de una niña a su padre, presunto abusador, aunque la niña grite con todas sus fuerzas y desesperación que no desea irse con él? ¿Qué tipo de peritos les hacen coaching a los presuntos abusadores de sus hijos para que en las audiencias puedan salir bien librados?

Todo esto sucede en una sociedad que dice “horrible” a cada noticia de estas, pero que al minuto continúa con su scrolling como si las violaciones, muertes, explotaciones sexuales y miles de formas de violencias fueran simplemente una parte del paisaje.

Colombia, un país en el que cada tres horas se reporta un caso de violencia de género, un lugar en el que en 2022 se recibieron casi 18.000 denuncias de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (NNA), en el que se denunciaron al menos 612 feminicidios y al menos 634 asesinatos de niños, niñas y adolescentes en el mismo período.

Se trata de un territorio en el que el 75% de las vulneraciones a infancias y adolescencias ocurre en los hogares y son perpetradas en su mayoría por parientes o conocidos. (Ver: La malintencionada estrategia de intentar asociar la pedofilia con el movimiento LGBT).

Colombia, un lugar en el que el 98% de los delitos sexuales quedan impunes y donde apenas el 10% de las víctimas acceden a algún tipo de servicio de las instituciones. Si esto no configura una emergencia nacional de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿qué más hace falta?

Sentiido habló con mujeres que llevan años luchando junto a las víctimas en medio de este mar de violencia. Esta es una panorámica de lo que está sucediendo.

María Cristina Hurtado es abogada feminista, académica y activista contra la violencia de género y contra las infancias. Ante este panorama, ella y otras 180 personas e instituciones le pidieron al actual Gobierno declarar una emergencia humanitaria por violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero no han obtenido respuesta. (Ver: Acoso sexual: lo que se dice vs. lo que es).

“¿Por qué el estado colombiano no se pronuncia? El hecho de que se declare una emergencia no va a cambiar las cosas, pero se le envía un mensaje a la sociedad de que los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes son importantes y de que el sujeto jurídico de derecho, de la vida, de la dignidad, de la integridad sexual de mujeres, niños y adolescentes es tan importante como el mismo proceso de paz, como los billones que está buscando Hacienda, como la reforma laboral o como la reforma a la salud”, expresa Hurtado.

Este silencio y la pasividad de la sociedad sólo podría explicarse por la naturalización de la violencia que le ha “enseñado” a la gente a convivir con las atrocidades cometidas dentro y fuera de la casa, en zonas rurales y urbanas, en zonas azotadas por el conflicto armado y en ciudades alejadas del mismo. (Ver: “El país no dimensiona lo que como sociedad les hicimos a las personas LGBTIQ”).

Es una violencia machista la que se ensaña no sólo contra mujeres, infancias, adolescentes y minorías. Prueba de ello es la existencia del delito de “feminicidio”. El hecho de que el movimiento de mujeres haya logrado que se tipifique este crimen es de enorme importancia porque al menos nombra el problema, pero la resistencia del sistema de justicia a investigarlo revela el problema cultural de fondo.

“Hay un subregistro grande de feminicidios porque muchos jueces y fiscales se niegan a investigarlos y en su lugar investigan homicidio agravado. Todavía hay jueces y juezas que creen que ese delito es absurdo, todavía hay muchos que dicen: ‘¿cuál es la diferencia entre matar a un hombre y a una mujer?, eso es un homicidio, esas son locuras de las feministas’”, agrega Hurtado. (Ver: Feminismo: lo que se dice vs. Lo que es).

Victoria Eugenia Eusse ha trabajado como pediatra y profesora de medicina durante décadas. Ella ha visto pasar por su consultorio centenares de casos de violencia contra infancias, mujeres y jóvenes. A raíz de todo lo que ha visto en el ejercicio de su profesión, también se ha hecho activista contra la violencia de género.

“En consulta, con frecuencia terminamos hablando de la situación en la casa y casi siempre hay una historia de violencia física, sexual o psicológica de por medio”, explica. (Ver: Mónica Roa: el feminismo ayuda a tener relaciones familiares más sanas).

Eusse agrega que en el día a día las propias mujeres avalan el machismo que sirve de sustrato a esta situación. “Ocurre cuando nos convertimos en madres y empezamos a proteger a nuestro varón, empezamos a hablar mal de la mujer con la que nuestro hijo está saliendo porque lo llamó sugiriendo que es una ‘buscona’. Entonces, esa mujer empieza a preparar a ese hombre que tiene en su casa para que se comporte con sus parejas de igual manera a como se comportaron con ella”, dice.

Los lastres del conflicto

Eusse también reconoce en el conflicto armado una fuente significativa de la violencia intrafamiliar en Colombia y también de la violencia con los vecinos o los desconocidos. “Colombia es un país terriblemente lesionado por casi 60 años de guerra, por casi 60 años de abusos de todo tipo”.

Al respecto, María Cristina Hurtado agrega que los procesos de desplazamiento forzado han empeorado la situación. Ella explica que el desplazamiento no paró con el proceso de paz sino que las mujeres y las familias se han visto forzadas a desplazarse para evitar que sus niños y niñas sean reclutados por los grupos armados o sean explotados sexualmente.

“Esta violencia viene de la sociedad, del estado, de la familia y, por supuesto, de una ruptura moral profunda y de una perspectiva ética de la vida que también ha sido parte de tantos años de vigencia de un conflicto armado que terminó por subvalorar la vida y la dignidad y que se acostumbró a que niñas, mujeres y adolescentes eran valor de cambio en el marco de la guerra y una forma de control territorial”, agrega Hurtado.

La ineficiencia del Estado

El estado colombiano está desbordado por la crisis de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. Un ejemplo de ello es la taza de impunidad de los casos de violencia sexual investigados por la Fiscalía General de la Nación: 97%. Sólo teniendo en cuenta los casos que llegan a instancias de investigación.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a pesar de administrar un presupuesto de 8 billones de pesos, no está presente en todos los municipios del país ofreciendo prevención, protección ni restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes vulnerados diariamente.

Son muchas las falencias, pero tal vez un caso que ejemplifica la gravedad de la situación es el de las Defensorías de Familia -adscritas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- y que junto a las Comisarías de Familia son la cabeza del sistema de protección porque allí llegan los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Jahel Días es defensora de familia desde hace 14 años. Los últimos 10 los ha trabajado en Bogotá y anteriormente estuvo en Tolima y Meta. Ella explica que en muchos municipios del país no hay defensorías y que muchas de las ya existentes no cuentan con los recursos que ordena la ley tanto físicos como de capital humano, pues los equipos deben estar conformados por defensor, psicólogo, trabajador social y nutricionista, pero en la práctica muchas veces no es así.

Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación Económica y Social de Fedesarrollo arrojó que las defensoras de familia están sobrecargadas y que no hay cómo atender apropiadamente cada caso que se presenta.

Este estudio señala que, apenas el 62,9% de las Defensorías de Familia contaban en ese momento, con el equipo técnico requerido.

Tampoco hay protección para los defensores. “Muchos hemos sido víctimas de amenazas, algunos han muerto en el ejercicio de sus funciones y ni siquiera la calificación de riesgo de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) es alta: tenemos riesgo 1, es decir, el más bajo cuando en realidad debería ser alto ya que muchas veces tenemos que desplazarnos a lugares para hacer intervenciones potencialmente riesgosas. Si nos pasa algo la ARL no responde. Aparte de esto, el simple hecho de escuchar todos los días las desgracias ajenas, ver lo que le hace la humanidad a los niños, ya tendría que dar una calificación de riesgo alto”, expresa la funcionaria.

Además de que las condiciones de trabajo ya son adversas, se prevé una carga adicional para las defensorías de familia. Hasta la fecha las defensorías se encargaban de los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes ocurridas fuera del contexto familiar y las comisarías, de los casos de violencia intrafamiliar. A partir de agosto de 2023 las defensorías absorberán todos los casos sin aumentar el personal.

Los problemas del sistema

Como si la violencia y el abuso padecidos no fueran suficiente, el mismo sistema que muchas veces culpa a la víctima de una violencia sexual y la revictimiza durante los procesos judiciales, es el que les quita la custodia de sus hijos a las madres que denuncian violencia contra sus hijos cometida por los padres.

En lugar de proteger a niños, niñas y adolescentes y el vínculo con sus madres, el sistema muchas veces las acusa de alienar a sus hijos contras sus padres para luego entregar la custodia de los hijos a los presuntos agresores. Parece una película de horror, pero es otra de las caras de la violencia institucional contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Un pseudosíndrome, inventado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner -quien defendía la pedofilia- es el recurso que utilizan muchos comisarios de familia y jueces para aducir que el niño víctima de violencia, en realidad no fue víctima, sino que supuestamente está repitiendo un discurso que ha inventado su madre para vengarse de su padre. Los expertos en el tema han aclarado en repetidas ocasiones que no es posible implantar una memoria de abuso sexual en un niño.

Así, se tilda a las mujeres que denuncian los abusos contra sus hijos de “locas”, “histéricas” y “vengativas” a partir de una pseudoteoría que carece de cualquier base científica y que ha sido descalificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psicología.

Sin embargo, fue por “alienación parental” que Ángela* perdió la custodia de su hijo cuando este tenía cinco años. En ese entonces el niño le relató cómo su abuelo paterno se bañaba con él y jugaban a “buenos y malos”.

En una narración que Ángela grabó con su teléfono en ese momento, el niño da detalles del abuso cometido pero la comisaría de familia, a pesar de que abrió una investigación contra el abuelo, le quitó la custodia a Ángela acusándola de indisponer al niño contra su papá.

Ángela se había separado porque su expareja y padre de su hijo le daba golpizas -frente al niño- que en Medicina Legal evaluaron en varias oportunidades y a raíz de las cuales le daban incapacidades de varios días.

Después de muchos ires y venires, la custodia hoy la tiene la abuela paterna -sí, esposa del presunto abusador, quien falleció, y madre del hombre que le daba las golpizas a Ángela-. Esta persona es una concejala de Bogotá a quien Ángela señala de haber usado sus influencias para evitar que ella volviera a tener la custodia de su hijo quien hoy tiene 14 años y ha crecido separado de su mamá.

La periodista Alexandra Correa publicó en el medio digital Cuestión Pública una investigación en la que documenta 25 casos de pérdida de custodia por supuesta “alineación parental”. En estos casos, las mujeres ofrecen evidencias de cómo el sistema de protección infantil estaría separándolas de sus hijas e hijos, para entregar la custodia a los padres, pese a que estos están denunciados por abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar.

“Esta pseudoteoría encajó perfectamente en un sistema machista en el que las leyes las han escrito los hombres a partir de imaginarios arraigados como que la mujer es una loca que quiere vengarse de su expareja o que no puede superar la ruptura. Y es una situación que se presta a la corrupción porque con frecuencia, el abusador tiene más poder económico y social y es muy fácil decir que el abuso sexual no existió, desconociendo lo que dice el propio niño. Pero está claro a partir de lo que han investigado los psicólogos y psiquiatras que un niño no puede inventar un abuso sexual”, explica Correa.

En esto coincide María Victoria Eusse: “Los niños no pueden inventar las sensaciones y emociones padecidas durante un abuso. A un niño tú le puedes decir que diga algo, pero lo que no puedes es implantar sus experiencias sensoriales, eso lo han estudiado y documentado personas muy respetables como el juez argentino Carlos Rosansqui y la psiquiatra argentina Sonia Vaccaro”, concluye.