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Cuando la pandemia aprieta: Alejandra y la desatención a las vidas trans

Género, diversidad sexual y cambio social.

La muerte de Alejandra Monocuco puso en la mira la desatención sistemática de las instituciones a las personas trans, hecho que se incrementó durante la pandemia. No fue una muerte aislada. Otros casos en Colombia así lo demuestran.

Por: Irene Alonso Acosta*

Alejandra Monocuco, mujer trans, sonriendo rodeada de flores con un letrero que dice #JusticiaParaAlejandra.
Alejandra Monocuco se convirtió en el símbolo de la desigualdad a la que se enfrentan las personas trans en el sistema de salud, aún más durante la pandemia. Imagen: Cortesía Juliana Correa @uliadraws

Alejandra Monocuco nació en Magangué (Bolívar) y llegó a Bogotá hace más de 10 años, donde vivió un tiempo como habitante de calle. Por insistencia de sus amigas, aprovechó los hogares y servicios de la Secretaría de Integración Social y logró obtener su diploma de bachiller.

También administró paga diarios y pagó sus estudios de belleza con el dinero que obtenía como trabajadora sexual. Durante unos años, fue manicurista y pedicurista.

Desde hace un año, Alejandra vivía en la casa de Leidy. Se conocieron en Bucaramanga, donde las dos ejercían el trabajo sexual. Ahora, Alejandra le ayudaba con el aseo y la cocina y Leidy le daba para pagar la pieza. Tenía 39 años.

Este año, Alejandra era vendedora ambulante en el semáforo de la 22 con 16, pero como a muchas personas, por la pandemia le tocó guardarse. Cuenta Leidy que como Alejandra vivía con VIH, le daba miedo sentirse en riesgo y por eso en estos meses intentaba mantenerse en casa.

“Ella oía Ana Gabriel y Rocío Durcal, pero ese miércoles puso sus vallenatos. Arregló toda la casa, cocinó, estaba contenta. Ni una tos ni una fiebre”, cuenta Leidy.

La noche del jueves 28 de mayo, Alejandra empezó a tener dificultades para respirar. Leidy se dio cuenta y llamó a una ambulancia que llegó cuarenta minutos después.

Los paramédicos le hicieron una auscultación, le sacaron sangre y le tomaron la temperatura. El diagnóstico: tenía una dificultad respiratoria severa, pero no había de qué preocuparse, posiblemente era consecuencia de una sobredosis de alguna sustancia psicoactiva.

Leidy recuerda que un paramédico preguntó si Alejandra tenía alguna enfermedad. Ella respondió que vivía con VIH. “Cuando yo le dije eso, él se alarmó, se alejó rápido y dijo que lo que Alejandra tenía debía ser pasajero”. La ambulancia se fue. Y cuarenta minutos después, en la madrugada del viernes, Alejandra falleció. El cuerpo fue retirado hacia las 5:30 de la tarde, 14 horas después de su muerte.

Diana Navarro, de la Subdirección para Asuntos LGBT de Bogotá, conocía a Alejandra hacía más de 10 años. Se enteró pronto de su muerte y llamó a Medicina Legal. Ella, junto a su equipo, acompañaron el proceso y estuvieron al tanto de los procedimientos legales. La Secretaría de Integración Social cubrió los gastos del auxilio funerario.

La desatención médica 

Todavía quedan muchas dudas de lo que en realidad pasó cuando Alejandra aún vivía. Leidy, como muchas personas, se pregunta por qué los paramédicos no la asistieron con oxígeno y por qué, estando en emergencia sanitaria por el Covid-19, no les llamó la atención que Alejandra, quien vivía con seis mujeres más, tuviera dificultades respiratorias, uno de los síntomas de este virus.

El documento de uso de pruebas diagnósticas de Covid-19 del Ministerio de Salud indica que a todas las personas fallecidas por infección respiratoria grave con sospecha de este virus, se les debe realizar una toma de la prueba antes de seis horas post mortem.

El cuerpo de Alejandra permaneció 14 horas en el lugar de su muerte sin que se aplicaran los protocolos exigidos. Nunca se sabrá si ella estaba contagiada de Covid-19.

Según el mismo documento del Ministerio de Salud, en caso de que una persona sea atendida en un ámbito domiciliario, el personal médico le debe realizar una prueba si presenta alguno de los síntomas y algún factor de riesgo, entre los que está vivir con VIH. 

Ante lo sucedido, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá emitió un comunicado en el que dijo que desde la llamada de emergencia se conocía de la situación de VIH positivo de Alejandra, y que esto no impidió la atención del personal de salud. “Realizado el procedimiento, la acompañante de la persona firma desistimiento de traslado de la paciente”, señalaba el documento.

Ante la presión de organizaciones trans la Secretaría de Salud emitió otro comunicado el 3 de junio en el que precisa que “no hubo firma de desistimiento escrito” y que eso “fue un error del comunicado”. Además, señala que Alejandra fue quien se negó verbalmente a ser trasladada y que se iniciaríann las investigaciones disciplinarias y contractuales necesarias.

Para la Red Comunitaria Trans, lo que ocurrió no se trató de un error de un comunicado, sino una mentira para cubrir la negligencia que hubo en el tratamiento que se le dió a Alejandra.

Por su parte, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud dijeron que se comprometen a esclarecer lo que ocurrió y a formar a las personas que atienden a la población trans para que esto no se repita.

La alcaldesa Claudia López reconoció en Twitter que “hubo un servicio inadecuado que de haberse hecho bien quizá le habría salvado la vida”.

A lo anterior se suman las difíciles condiciones de subsistencia para muchas personas trans, situación que durante la pandemia ha sido más evidente. Un ejemplo de esto es el acceso al trabajo.

Según el Centro Nacional de Consultoría y la Cámara de Comercio LGBTI, 4 de cada 100 personas trans en Colombia tenían un contrato laboral formal en 2016.

Según el informe Raros… y oficios de la Corporación Caribe Afirmativo, la calle se convierte en uno de los pocos espacios donde mujeres y hombres trans pueden vivir su identidad de género.

La mayoría de personas trans, como Alejandra Monocuco, viven del trabajo sexual, las ventas ambulantes y de otros trabajos informales. Sin embargo, estas labores no están en funcionamiento a causa del aislamiento preventivo obligatorio.

Foto de Alejandra Monocuco sonriendo. en la parte de abajo, un letrero que dice #Justiciaparaalejandra.
Como muchas mujeres trans, Alejandra fue víctima de la negligencia y de los estereotipos del personal de salud sobre las personas trans y que viven con VIH. Intervención de la imagen: Sebas Santafe.

El gobierno nacional y los gobiernos locales se comprometieron desde inicios de la pandemia a dar entregas humanitarias. Pero según Juli Salamanca, de la Red Comunitaria Trans, en muchas regiones de Colombia estas ayudas se realizan a partir de los censos poblacionales, y estos no incluyen variables que den cuenta de si una persona se identifica como trans. Es decir, en muchos casos el alimento no llega. Y si llega, dice Leidy, es poco.

Varias asociaciones de trabajo sexual y la Fundación Género Trans del Sur enviaron una carta en abril de 2020 al gobierno departamental de Nariño en el que exponen “su situación desesperante de hambre” e indican que saldrán a trabajar al no encontrar respuesta por parte del Estado para enfrentar la cuarentena.

Debido a la falta de apoyo estatal, iniciativas de organizaciones como la Red Popular Trans en Medellín, la Red Comunitaria Trans, el Colectivo de Mujeres Trans Amazónicas y el Fondo Lunaria, entre otras, han creado fondos de emergencia y redes de apoyo dirigidos a la población trans.

Con el voz a voz de que hay un fondo de emergencias, aparecieron personas trans en condiciones gravísimas de precariedad. Al menos las pudimos ubicar, pero es un diagnóstico alarmante”, cuenta Lina Quevedo, de la Red Popular Trans.

Darla Cristina González, referente de la población LGBT en la Gobernación de Nariño, señala que en ese departamento no existe una caracterización oficial de la población LGBTI ni hay una identificación de las personas trans en cada municipio.

Esto dificulta saber las condiciones que están afrontando. Y si bien hay organizaciones que en los territorios promueven procesos comunitarios, hay lugares como la costa pacífica nariñense en donde no hay asociaciones de personas trans.

Violencia policial

El problema de la falta de trabajo crea una cadena de dificultades. Si no tienen trabajo, en muchos casos no tienen con qué pagar dónde vivir. Si salen a las calles a trabajar, quedan expuestas al virus y a la violencia policial.

Lina Quevedo señala que en Medellín se ha agudizado la violencia física, verbal y psicológica hacia las personas trans: “Se han realizado detenciones arbitrarias”. Además, continúa, la cuarentena ha reforzado el odio. “Muchos piensan que nosotras somos peligrosas por ser quienes somos”.

La Red Popular Trans de Medellín ha identificado a siete personas que han sido atacadas físicamente, a tres que han sido arrestadas y a una mujer habitante de calle que ha recibido nueve comparendos.

Sin embargo, Lina precisa que hay un subregistro: la naturalización de la violencia hace que las personas trans no denuncien. En muchos casos, denunciar las pone en riesgo.

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo denunció el caso de Estefany, una mujer trans habitante de calle que falleció en la ciudad de Cartagena.

Los vecinos alertaron a las autoridades pues Estefany se desplomó en medio de una calle del barrio Marbella y durante cuatro horas permaneció así por el miedo de las personas de contagiarse de Covid-19 y por las cuatro horas que demoró la ambulancia en llegar.

Finalmente, una denuncia más reciente de la Red Comunitaria trans, muestra cómo la policía disparó balas de goma a mujeres trans trabajadoras sexuales en el Barrio Santa Fe en Bogotá.

El miedo es justificado

El 14 de junio Caribe Afirmativo registró dos homicidios de mujeres trans en 48 horas: Ariadna en la ciudad de Santa Marta y Brandy en Barranquilla. El asesinato a personas trans no es algo nuevo. Según el Observatorio Ciudadano Trans hubo 81 muertes violentas de mujeres trans entre 2005 y 2017 en el departamento del Valle del Cauca.

También, según el informe La discriminación, una guerra que no termina de Colombia Diversa, en 2017 asesinaron a 39 personas trans en el país, más del 45% del total de homicidios contra la población LGBTI. 

Por todo esto a muchas organizaciones trans les preocupa que los logros obtenidos se pongan en mayor riesgo durante la pandemia. De hecho, hay un caso particular que en Nariño prende las alertas.

En la cárcel de Pasto existe un patio de convivencia o “de enfoque diferencial” en el que habitan personas LGBTI. Una propuesta del INPEC fue dispersar a estas personas a otros patios para establecer un espacio de atención para quienes tengan Covid-19. Darla González señala que “si llevan a personas con características diferenciales por enfoque sexual y de género, corren el riesgo de ser discriminadas en patios de delincuencia común”.

La salud, una prioridad

El 9 de junio de 2020 Caribe Afirmativo y la Fundación Arenosa Vive expusieron ante las autoridades de Barranquilla el caso de una mujer trans que vive con VIH, migrante, trabajadora sexual y habitante de calle que se encontraba en un delicado estado de salud.

Solicitaron que se le diera atención médica urgente. La Secretaría de Salud manifestó que realizaría las gestiones pertinentes, pero tres días después no había recibido auxilio alguno

Todo esto evidencia que particularmente durante la pandemia el sistema del salud del país no garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas trans, de quienes viven con VIH y en situaciones de precariedad. Pero esto no es nuevo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha evidenciado que numerosas organizaciones en el continente afirman que con frecuencia se niega el cuidado o tratamiento de salud a las personas LGBT: “Existen informes de personas LGBT que han visto su salud deteriorada rápidamente a causa de la negativa de asistencia médica, e incluso casos de muertes que pudieron ser prevenidas si se hubiese proporcionado un tratamiento médico apropiado”. Los casos de Estefany y Alejandra Monocuco son un claro ejemplo de ello.

Durante la cuarentena no hay quejas hacia el sistema de salud, no porque la situación sea buena sino porque es mínimo el porcentaje de la población trans que goza de estos servicios”, agrega Darla González de la Gobernación de Nariño.

Además, está la discriminación y la falta de conocimiento sobre el VIH. En redes sociales se publicaron comentarios discriminatorios acerca de Alejandra por vivir con VIH y ser trabajadora sexual. Alejandra estaba en tratamiento y durante la pandemia recibía sus retrovirales a domicilio.

El médico y especialista en derechos sexuales y reproductivos Daniel Tobón es enfático en señalar que con los tratamientos adecuados, la mejora en la calidad de vida es inmensa y que se llega a un momento de indetectabilidad en el que el virus no se transmite.

Sin embargo, dice, lo difícil es que las personas conozcan su diagnóstico y tengan un tratamiento. Las razones: el miedo a realizarse la prueba y las barreras que hay para acceder al servicio. 

“En los municipios del Caribe aún persiste la creencia de que las personas LGBTI son las más vulnerables al VIH y que eso es un ‘castigo’ por su ‘estilo de vida’”, informe Arcoiris blanco y negro.

Laura Weinstein, directora de la Fundación GAAT, señala que si ser una persona trans es estar en un lugar de alta vulneración y discriminación, ser trans y vivir con VIH es una doble estigmatización. Incluso entre las personas trans y LGBTI este es un tema del que poco se habla. 

Si bien hay programas locales y nacionales que han avanzado en políticas públicas con enfoque diferencial hacia las personas trans, aún hay mucho camino para recorrer.

En 2017 el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud anunciaron que estaba en construcción la “Guía de buenas prácticas para la atención en salud de personas Trans en Colombia” que proponía abordar las necesidades de las personas trans en cuanto a su derecho a una salud digna. Estaba dirigida a quienes se relacionan con personas trans en atención a la salud.

El Ministerio señalaba que era una propuesta necesaria “para superar las intervenciones fundadas en prejuicios, creencias y teorías desactualizadas que llevan a realizar malas prácticas médicas”. 

Eliana Robles estuvo al frente del proyecto cuando era la coordinadora del equipo para la garantía de los derechos de las personas LGBTI en el Ministerio del Interior. De acuerdo con ella, el Ministerio de Salud se retiró del proyecto y este terminó siendo un documento de recomendaciones en materia de salud del Ministerio de Interior.

La idea era que el Ministerio de Salud lo retomara y que se incorporara en las entidades territoriales, pero hubo cambio de gobierno y eso quedó ahí” cuenta Robles. 

Lo ideal es que teniendo insumos en políticas públicas, varias de las problemáticas identificadas, casos específicos de desatención y las posibilidades abiertas para dialogar con personas LGBTI, las instituciones intensifiquen su atención a esta población e implementen acciones que protejan y garanticen los derechos humanos de estas personas especialmente en tiempos de pandemia. Las vidas trans lo necesitan.

* Comunicadora social y antropóloga. Periodista de Sentiido.

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