El director de la Policía, el general Henry Sanabria, puede tener las creencias religiosas que quiera. La Constitución lo protege. Pero una cosa es su fe y otra las declaraciones que hace y las acciones que emprende como funcionario público.
Me debatí sobre escribir o no acerca de las declaraciones que el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, le dio en una extensa entrevista a Vicky Dávila, directora de la revista Semana. (Ver: El periodismo, en primera plana).
No es un medio de comunicación que acostumbro a consumir, pues no comparto la forma en la que hacen periodismo. Sin embargo, el ruido que hizo en redes y en medios de comunicación me llevaron a leerla y, en esta oportunidad, sentí que era peor callar.
Hay muchos datos que valen la pena analizar en esa entrevista. Desde los “exorcismos” que dice usar el general Sanabria para perseguir delincuentes y luchar contra el mal, pasando por su postura frente a la interrupción voluntaria del embarazo, hasta llegar a sus afirmaciones en contra de las personas LGBTIQ que conviven con VIH y su desinformación sobre el uso del condón. (Ver: Camilo Colmenares: la música me salvó la vida).
Voy a referirme a lo que, personalmente, creo que amenaza los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ, y al peligro que implica un servidor público con tanto poder que desinforma y discrimina a una minoría.
Apenas leí la entrevista me acordé del ex procurador Alejandro Ordóñez, otro servidor público que hace unos años usó su cargo para perseguir a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y para desinformar sobre la anticoncepción de emergencia y el derecho al aborto, entre otros. (Ver: Así viví un foro sobre Matrimonio Igualitario).
Es muy peligroso que un servidor público con tanto poder, como el director de la Policía, desinforme y discrimine.
La despenalización del aborto es una decisión que está cambiando las vidas de las personas que pueden acercarse a los servicios de salud sin miedo a ser criminalizadas.
En 2011, un grupo de 1250 mujeres cansadas de las mentiras de Ordóñez y acompañadas por la abogada Mónica Roa, exdirectora de programas de Women’s Link Worldwide, interpusieron una acción de tutela en la que solicitaban se les reestableciera su derecho a recibir información veraz y completa sobre salud sexual y reproductiva. Luego de un largo proceso, la Corte Constitucional les dio la razón y le ordenó al entonces Procurador retractarse. (Ver: Mónica Roa: el feminismo ayuda a tener relaciones familiares más sanas).
En la entrevista con Semana, el general Sanabria es muy inteligente porque, por un lado, reconoce que el aborto es un derecho constitucional, pero dice que, desde el punto de vista teológico, tiene otra lectura. (Ver: Los argumentos que sustentan la despenalización del aborto en Colombia).
Para él, el aborto es un “pecado muy grave, es matar, es violar el quinto mandamiento”. Incluso dice que hay mujeres policías que interrumpieron sus embarazos hace algunos años y que, a pesar de que se confesaron más de 30 veces, aún se sienten mal. (Ver: La Tía Nohora y su sobrina favorita, la doctora Gil).
A pesar de la distinción que el general muy hábilmente hace, sus palabras hacen mucho daño. En 2022, hace un año, con la sentencia de Causa Justa (C-055 del 2022), la Corte Constitucional despenalizó al aborto hasta la semana 24 de gestación. (Ver: Despenalizar para no abortar).
Es una decisión que está cambiando las vidas de millones de mujeres, hombres trans y personas no binarias, quienes cada vez más pueden acercarse a los servicios de salud sin miedo a ser criminalizadas. (Ver: “Si el Congreso es incapaz de representar a la opinión pública, la Corte Constitucional tiene que asumir ese papel”).
Sin embargo, todavía hay hospitales y servidores públicos que se niegan a cumplir con la sentencia y desinforman a quienes necesitan interrumpir sus embarazos. Las palabras de quien está a la cabeza de la Policía podrían ser usadas como excusa y como una barrera más para acceder al servicio. (Ver: La objeción de conciencia como barrera para abortar).
Adicionalmente, hay mujeres que han sido denunciadas por la Policía por solicitar un aborto o hay casos en los que parejas, ex parejas y familiares llaman a la policía para impedir que interrumpan un embarazo. (Ver: 4 retos del aborto legal en Colombia).
Después de las palabras del general, no puedo evitar imaginarme qué pasará si un policía que se opone al aborto recibe una denuncia sobre una mujer que necesita un aborto. ¿Sentirá que tiene la autoridad para impedirlo? En un país en el que muchos servidores públicos se convierten en obstáculos para el ejercicio de los derechos, la respuesta a esta pregunta parece obvia.
Como si esto no fuera suficiente, el general Sanabria también estigmatizó a las personas LGBTIQ y a las que conviven con VIH, y desinformó sobre métodos anticonceptivos.
Como si estuviéramos en la década de los ochenta, en donde se asociaba el VIH/sida con un “cáncer” que era culpa de los hombres gais, el director de la Policía aseguró que en esa institución hay un alto porcentaje de personas con VIH por culpa de las personas LGBTIQ que no tienen una educación que les permita ser cuidadosas.
No olvidemos que este tipo de narrativas causaron abandono, estigma, falta de información y de acción por parte de los Estados y, como consecuencia, millones de personas murieron.
Lo contradictorio es que al general tampoco le gusta hablar de educación sexual ni de métodos anticonceptivos dentro de la institución que dirige, y afirmó que “el condón es un método abortivo” y que se deben aceptar los hijos que Dios mande. (Ver: La educación sexual es un proceso, no una charla de un día).
Sí, el general que no está de acuerdo con el aborto tampoco lo está con el uso del condón, un método que evita embarazos no deseados y protege de infecciones de transmisión sexual. (Ver: Mi historia con una infección de transmisión sexual).
Como si estuviéramos en la década de los ochenta, el director de la Policía aseguró que en esa institución hay un alto porcentaje de personas con VIH por “culpa” de las personas LGBTIQ.
¿Después de leer las declaraciones de su jefe, un policía que viva con VIH no tendrá miedo de ser estigmatizado en la institución en la que trabaja?
Nuevamente, el astuto general es cuidadoso al decir que la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y que protege a las personas LGBTIQ. Pero sus palabras demuestran lo contrario. (Ver: La Constitución de 1991, un paso fundamental en los derechos LGBT y de las mujeres).
Sus afirmaciones ponen en peligro a quienes tenemos orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a quienes conviven con VIH, dentro y fuera de la Policía.
Yo me pregunto si luego de leer las declaraciones de su jefe, un policía que viva con VIH no tendrá miedo de que la institución en la que trabaja lo estigmatice al punto de no acceder, mediante su seguro médico, a un tratamiento.
O si no tendrá temor de ir a trabajar y cumplir con su función. Me pregunto también si los policías que han sido violentos con la población LGBTIQ, no sentirán que tienen derecho a seguirla violentando.
Esto no es un invento: la ONG Colombia Diversa registró 103 víctimas de violencia policial contra la población LGBTIQ en 2021. Las mujeres trans fueron las principales víctimas. (Ver: Mujer trans, pastora evangélica y mamá).
La discusión no es contra la fe o la libertad de culto, como el mismo general y hasta el presidente Gustavo Petro nos lo han hecho creer Eso también hizo, en su momento, el exprocurador Ordóñez, quien decía que lo perseguían por sus creencias. (Ver: Manuel José Cepeda: la Constitución de 1991 no se hizo para quedarse escrita sino para transformar la realidad colombiana).
El Director de la Policía puede creer en lo que quiera, puede rezar 100 veces al día y confesarse todos los días de la semana, es su derecho. Pero esto va mucho más allá: se trata de un servidor público que discrimina y desinforma haciendo uso del poder que le da su cargo.
Aunque en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa publicaron un mensaje en el que aseguran que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del general Sanabria en el manejo de la institución, las declaraciones del presidente Petro hacen pensar que aquí no va a pasar nada. (Ver: Rodrigo Uprimny: Dios sería el primero en defender el Estado laico).
Es difícil reconocer y aceptar que un Gobierno de izquierda, que se hace llamar feminista y aliado de las mujeres y de las personas LGBTIQ, haya nombrado como director de la Policía a un señor que no sabe que una cosa es su fe y otra, muy diferente, ser la cabeza de una institución que se encarga de proteger a todas las personas y de garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género. (Ver: Vivir en un Estado laico favorece a todas las personas).
A las mujeres y a las personas LGBTIQ les digo que, ante la falta de congruencia entre el discurso y las acciones del actual Gobierno debemos luchar, en unión, por nuestros derechos.
Ojalá el tiempo me demuestre que estoy equivocado, pero por ahora solo siento decepción, rabia y, sobre todo, mucho miedo por las consecuencias de las palabras y acciones del general Henry Sanabria.
El director de la Policía puede creer en lo que quiera. Pero se trata de un servidor público que discrimina y desinforma haciendo uso de su cargo.
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En cuanto a la opinión del columnista considero que en si genera preocupación fijar o señalar que en el gobierno del cambio sienta desilusión por no tomar acciones e incluso sugiere que sea llamado a calificar servicios producto de su opinión y pensamiento dados a conocer en la entrevista a la revista Semana considero que de alguna manera estamos siendo parte de eso que nos afecta directamente en señalamientos y posiblemente discriminación a las creencias religiosas del general creo que es contradictorio los argumentos en el sentido en que en el titular dice que el director puede creer en lo que quiera pero no puede pronunciarse y poner sobre la mesa sus creencias religiosas por el hecho de ser servidor público ni tampoco se puede suponer en las reacciones de los funcionarios publicos como ennlos ejemplos que da el escritor ya que toda vez es un pensamiento del general y solo corresponde a a el no al adoctrinamiento en las escuelas de formacion polocoal en cuanto a lo dicho por el general si debe ser causa de RECHAZO TOTAL por la sociedad ya que este a pesar que se le respeta sus creencias No puede estogmatizar a la población por sus posiciones religiosas al igual que no se debe admitir si es el caso que este pensamiento no pase hacer adoctrinamiento a sus subalternos esto toda ves que contradice los derechos e irrespeta el estado laico como lo es colombia.
En conclusión puedo decir que el punto de vista del autor de la columna me parece que está tergiversado y pone entredicho suposiciones que no suceden o que aún no se han comprobado sin embargo comparto la voz de rechazo a las declaraciones dadas por el señor director general de la policía nacional