El riesgo de ser LGBT o mujer en Honduras

El 28 de enero, el Congreso de Honduras de mayoría conservadora (61 de los 128 congresistas pertenecen al Partido Nacional, actualmente en el gobierno), blindó dos artículos de la Constitución: el 67 que prohíbe el aborto y el 112 que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. (Ver: Aborto: lo que se dice vs. Lo que es). 

Esto significa que a partir de ahora esos artículos sólo podrán modificarse con la aprobación de las tres cuartas partes del Congreso. Es decir, si está conformado por 128 congresistas, se necesitarían mínimo 96 votos para modificarlos. 

Sin embargo, organizaciones feministas y LGBT han denunciado irregularidades en este trámite legislativo. Para empezar, todo se hizo en un debate exprés el 21 de enero que se ratificó a la semana siguiente (cuando es obligatorio realizar tres debates), el número de votos no coincidió con el número de diputados que participaron y se aprobó con 84 votos, no con los 86 que exige la ley.

Además, la Comisión Dictamen que propuso esa prohibición fue creada para discutir la emergencia del Covid 19, no para restringir derechos. Por esto, la Red Lésbica Cattrachas presentó el 18 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma.

A esto se suma que Honduras es uno de los países latinoamericanos más violentos con las mujeres (en solo dos meses de 2021 suma, al menos, 32 mujeres asesinadas) y que tiene uno de los mayores índices de discriminación hacia personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe. 

Según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de Cattrachas, desde junio de 2009 a la actualidad se han registrado 373 muertes violentas, de las cuales 118 fueron personas trans. Los casos tienen un 91% de impunidad. A pesar de haber logrado la inclusión en el Código Penal del agravante de violencias basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género, ninguna sentencia de este país lo ha tenido en cuenta.

Además, es el país de Latinoamérica con menos avances en el reconocimiento de derechos y protección legal de personas LGBT, a pesar de las denuncias de organismos internacionales de derechos humanos. ¿Qué pasa, entonces, en Honduras? ¿Por qué el rechazo de sus líderes políticos por los derechos sexuales y reproductivos y por qué tanta violencia contra las personas LGBT? En buena medida, porque el fundamentalismo religioso cada vez toma más fuerza alimentando prejuicios y estereotipos. (Ver: Los pasos de gigante de la avanzada conservadora).

Para empezar, en Honduras está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo y no existe la figura de unión libre para esta población. Tampoco se reconocen las uniones celebradas en otros países. A esto se suma una norma del año 2000 que les prohíbe a las personas LGBTI donar sangre. También, la Ley de Policía y Convivencia Social permite el encarcelamiento hasta por 24 horas por “atentar contra la moral, el pudor y las buenas costumbres”, hecho que se ha tomado como excusa para que la policía acose y arreste de manera arbitraria a las personas trans que ejercen el trabajo sexual.

Además, en los juzgados se desestiman los casos de violencia doméstica que involucran personas trans o parejas lésbicas porque el Poder Judicial considera que no están protegidas por la Ley de Violencia Doméstica. Por supuesto, no es de extrañar que a las personas homosexuales no se les permita la visita íntima en centros penitenciarios y, menos, la adopción de menores. Tampoco es posible para las personas trans el cambio de nombre ni de sexo en los documentos de identidad. (Ver: El detrás de cámaras del decreto del cambio de sexo en Colombia). 

Por todo esto, según el servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos, entre enero de 2007 y noviembre de 2017 al menos 4.385 personas LGBT solicitaron asilo a este país señalando persecución por identidad de género u orientación sexual. Honduras, después de El Salvador, fue el segundo país que presentó más solicitantes de asilo de esta población. Incluso, el 15 de enero de este año, 10 días antes de la ratificación de la reforma antiderechos en el Congreso, 300 personas LGBTI se fueron en una caravana desde Honduras rumbo a Estados Unidos. 

“La gente migra no solo porque el Estado hace lo imposible por disminuir derechos sino porque el fundamentalismo religioso, los medios de comunicación y las campañas de odio, hacen que la gente crea que las personas LGBTI somos objetos para asesinar, que somos cuerpos desechables”, señala Indyra Mendoza, de la Red Lésbica Cattrachas.

En este complejo panorama hay un episodio particular que se ha convertido en un caso emblemático de las violencias que vive esta población, pero que a su vez representa una esperanza de justicia para Honduras y para América Latina: el caso Vicky Hernández, una mujer trans de 26 años asesinada entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de junio de 2009 en San Pedro Sula, en un toque de queda decretado a raíz del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Era trabajadora sexual y formaba parte del colectivo Unidad Rosa. 

Esa noche, cuenta Claudia Spellman, directora del colectivo, Vicky, quien desconocía la orden del toque, salió a trabajar. Al día siguiente, apareció con golpes y un tiro en la cabeza. Era usual que la policía hiciera detenciones ilegales. “Venían, sacaban sus armas para atemorizarnos y nos golpeaban. Nos decían que éramos una mala imagen para la ciudad, que éramos hombres y no teníamos por qué vestirnos como mujeres”.

Integrantes de Cattrachas empezaron a seguir el caso y se dieron cuenta de que al cuerpo de Vicky nunca se le realizó la autopsia y que en los dos años siguientes asesinaron a las testigas que habían logrado huir esa noche. Cattrachas, además, registró que 15 mujeres habían sido asesinadas durante el golpe de Estado, que la mayoría eran trabajadoras sexuales y que ocho habían sido asesinadas durante toques de queda. Es decir, cuando la única responsabilidad de la vigilancia de las calles recae en las fuerzas armadas del Estado. Cattrachas también registró que 31 personas LGBT fueron asesinadas en los siguientes seis meses. 

Esta organización entregó estos registros a la Unidad de Muertes Violentas del Estado, pero la investigación no avanzó y el Estado cerró el caso de Vicky, argumentando que no había pruebas suficientes. Ante esto, en 2012 Cattrachas llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2018, la CIDH emitió recomendaciones a Honduras como investigar realmente qué pasó y consolidar estadísticas oficiales sobre víctimas de violencia por orientación sexual e identidad de género.

Ante el incumplimiento del Gobierno, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Se trata del primer caso que llega a esta Corte de violencia letal contra una persona trans, el primero de una persona en el golpe de Estado de 2009 y el primero de una trabajadora sexual.

Sobre la situación de las personas trans y la violencia policial, Claudia Spellman, de Unidad Rosa, dijo: “Cuando nos llevaban a prisión sólo había mofa y discriminación. Nos hacían lavar los baños sin poder tomar un poco de agua y las personas con VIH no podían tomar su medicación. También llamaban a los medios de comunicación para que nos tomaran fotos sin peluca, con el maquillaje corrido para burlarse y fomentar la violencia”. 

En la presentación del caso ante la Corte IDH, la CIDH responsabilizó al Estado de Honduras de la ejecución de Vicky Hernández y de la negligencia en la investigación del caso. Además, calificó el crimen de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género. El Estado de Honduras negó su responsabilidad argumentando que no hay pruebas que respalden la participación de agentes estatales.

Para el abogado Carlos J. Zelada, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico (Perú), quien fue perito durante la audiencia virtual que lideró la Corte IDH el 12 de noviembre de 2020, este organismo tiene una gran oportunidad de avanzar en las violencias hacia las personas LGBT y, en particular, hacia las personas trans. Zelada plantea que la Corte IDH tiene al menos cuatro retos clave:

El primero es sobre la forma de establecer el nivel de responsabilidad del Estado de Honduras. En otros casos, la Corte IDH ha sancionado al Estado por no haber investigado bien, pero no se le ha responsabilizado directamente por estos crímenes. El segundo, ampliar el uso de la Convención de Belém Do Pará que hasta ahora solo se ha utilizado para sancionar violencia contra mujeres cisgénero, no trans. (Ver: Qué dijo la Corte Interamericana sobre los derechos de las personas LGBT). 

El tercero tiene que ver con el uso de la palabra “transfeminicidio”. De incorporarse en la sentencia, ayudará a la comprensión de que la violencia contra las mujeres trans tiene características particulares respecto de la violencia contra las mujeres cisgénero. Y el cuarto, es poner sobre la mesa la discusión sobre la erradicación de las violencias. Es decir, ir un paso más allá de la visión punitivista y pensar en la prevención. “La Corte podría llamar la atención de los Estados sobre la importancia de hablar de género, diversidad sexual y la violencia que sufren las personas que cuestionan el mandato de género para pensar en estrategias de prevención desde la etapa escolar”, comenta Zelada. (Ver: 8 puntos clave de la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre derechos LGBT).

Tanto el abogado Zelada como Indyra Mendoza, de Cattrachas, están optimistas frente al pronunciamiento de la Corte IDH, pero a ambos les preocupa la reacción del Estado hondureño cuando se conozca la sentencia, pues es muy posible que este no tenga la voluntad de cumplir lo que se le ordene. Por eso -señala Zelada- hay que brindar mucho apoyo a la implementación de la sentencia, debe haber vigilancia regional e internacional, presionar al Estado para que cumpla y acompañe a la sociedad civil para que se sepa que Honduras no está sola.

“Se nos están muriendo las mujeres en los hospitales mientras los diputados aprovechan su poder para imponer sus creencias religiosas. A ellos no les importan las vidas de las mujeres, sino su ideología. ¿Por qué no hay respeto hacia el Estado laico, si supuestamente lo somos? (El artículo 77 de la Constitución señala: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna)”, se pregunta Nahomy Alas, psicóloga y activista de la organización Siempre Vivas.

Líderes de organizaciones de derechos humanos en Honduras coinciden en que en este país hay una violación sistemática del Estado laico. En el país hay una profunda influencia de pastores evangélicos y de la Iglesia católica en decisiones de interés nacional, llevando a que la mayoría de congresistas (del Partido Nacional, de corte conservador, y del Partido Liberal que a pesar de su nombre, no tiene mayores diferencias con el Nacional) proponga y ratifique normas con base en sus creencias religiosas que atentan contra los derechos de muchas personas.

Por ejemplo, el 10 de noviembre de 2015 la Confraternidad Evangélica de Honduras le solicitó al presidente del Congreso que detuviera toda iniciativa a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, la investigación Los profetas del presidente, del proyecto Trasnacionales de la Fe (liderado por Columbia Journalism Investigations) explica que en 2018 el pastor evangélico Miguel Muñoz oficializó la llegada de Capitol Ministries al Poder Legislativo.

En pocas palabras, explica la investigación, Capitol Ministries (con su principal patrocinio en la Casa Blanca del gobierno Trump y, particularmente, del entonces vicepresidente evangélico Mike Pence) evangeliza a líderes políticos del mundo y promueve un movimiento que cuestiona los derechos de las personas LGTBI, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población migrante. 

En Honduras, reconocidos líderes evangélicos integran o han formado parte de comisiones gubernamentales. Para la muestra, el presidente de la República Juan Orlando Hernández nombró al pastor Alberto Solórzano en una comisión de educación pública. Solórzano, quien fue presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras entre 2010 y 2018, señaló en una entrevista que este nombramiento se debe a que la mayoría de la población de Honduras es cristiana, desconociendo que la Constitución de Honduras es clara: los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer propaganda política invocando motivos religiosos.

En 2017 el pastor del ministerio evangélico Vida Abundante, Evelio Reyes, llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a orar por el proceso electoral y apareció en un canal televisivo que cubría el proceso hablando sobre la defensa de los valores cristianos, entre ellos el matrimonio entre un hombre y una mujer. El periodista le preguntó: “¿Aquellos que no compartan la fe cristiana no pueden ser electos?” A lo que Reyes contestó: “sería suicidarse, el pueblo cristiano debe apoyar aquellas opciones que van de acuerdo con esa herencia bíblica judeocristiana que hemos recibido”. 

En 2017 durante las elecciones presidenciales, la candidata a la presidencia Marlene Alvarenga señaló: “De ser presidenta de Honduras voy a presentar una reforma constitucional para colocar a Dios como el único ser supremo, omnisciente, omnipresente y todopoderoso, para que pueda dirigir la vida de cada hondureño”. Y Luis Zelaya, candidato del partido liberal expuso: “caímos en la trampa de que el Estado es laico y sacamos a Dios de las escuelas ¡Qué error más grande!”.

Según la encuesta de opinión pública regional Latinobarómetro, en 2015 Honduras era el tercer país en Latinoamérica que más confiaba en la iglesia como institución: el 43,6% de los encuestados se identificó como católico y el 42,1%, como evangélico. De acuerdo con una investigación realizada por el Pew Research Center de Washington, este es el país con mayor crecimiento evangélico de Latinoamérica. Actualmente existen más de 17 mil iglesias que funcionan en todo el país, según la Confraternidad Evangélica.

En este contexto no sorprendió que el pasado 21 de enero Mario Pérez, diputado del Partido Nacional, presentara el proyecto antiderechos que fue aprobado. Pérez es el mismo que ha afirmado que Honduras es “el pueblo de Dios” en las sesiones del Congreso y que promovió un bono económico por parte del Estado para pastores en situación de vulnerabilidad. Este es el panorama de un país que se supone democrático y que no les permite a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y en el que las personas LGBT son discriminadas por su orientación sexual e identidad de género. El camino es rodear a Honduras y que se haga justicia. Un cambio de rumbo es posible.

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