El suicidio de un joven homosexual

Sergio Urrego, un joven de 16 años que estaba a punto de terminar su bachillerato, decidió quitarse la vida. Según cuenta el periódico El Espectador, la decisión fue producto de una serie de desafortunadas decisiones tomadas por el Gimnasio Castillo Campestre del municipio de Tenjo, institución en la que estudiaba.

Hace un año Sentiido tuvo la oportunidad de llevar a cabo una consultoría sobre acoso e intimidación escolar por orientación sexual e identidades de género en tres ciudades de Colombia.

Durante este proceso, uno de los aspectos que más se destacó fue la importancia de que las instituciones educativas asumieran un papel activo en el reconocimiento y la promoción de la diferencia de sus estudiantes y empleados.

Se encontraron casos exitosos como el de Yólida Ramírez o el de Johana en Medellín, en donde los padres de familia, los estudiantes, los docentes y las directivas lograron establecer un lenguaje común para hacer valer y respetar la diferencia.

Sergio Urrego no corrió con la misma suerte. La difícil situación que vivió en su colegio muestra cómo Amanda Azucena Castillo, la rectora de la institución, tomó decisiones por cuenta propia sin pensar que podía recurrir a herramientas externas para orientarse en un caso tan delicado como este.

Esto demuestra que Castillo, más que ser una formadora, era en realidad “la dueña del chuzo” y ahí se hacía lo que ella creía más conveniente para toda una comunidad académica. 

Cuando una persona que ha vivido tan poco decide quitarse la vida por su orientación sexual y, peor aún, por ver manchado su nombre con denuncias que violentan sus principios, se demuestra que esto fue el producto de una cadena de fallas.

¿En dónde están las actas de reunión de estos comités en torno al caso de Sergio Urrego y su expareja? ¿Tuvieron los estudiantes la oportunidad de exponer sus puntos de vista y de consultar a otros integrantes de la comunidad educativa?

Acá es donde se cuestiona el papel de la psicóloga, quien era una pieza fundamental. Las personas que ocupan este cargo en las instituciones educativas deben, en líneas generales, atenerse a los lineamientos del lugar donde trabajan.

Sin embargo una persona encargada de orientar a los estudiantes tiene también herramientas para buscar asesoría externa y hasta la posibilidad de dar a conocer ante otras instancias si se está cometiendo una arbitrariedad. Tercera falla.

Finalmente, aunque son conocidas las dificultades y la burocracia que obstruye en muchos casos los procesos en las dependencias oficiales, habría que indagar sobre la reacción de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

Si bien funcionarios de esta secretaría iniciaron un proceso a solicitud de los padres de Sergio Urrego, esta institución también tiene elementos para reconocer cuándo se presenta un caso de discriminación, como sucedió con Sergio.

Es lamentable que sólo hasta que aparece una noticia desalentadora como el suicidio de Sergio, se activen nuevamente las alarmas de la discriminación y del control que tienen las instituciones sobre la libertad individual de sus estudiantes.

Aquí hay un largo debate que está en deuda de llevarse a escala nacional. Una educación de calidad no se mide solo con pruebas internacionales ni con los resultados de las pruebas SABER.

Una educación de calidad también debe comprometerse con darles herramientas a los jóvenes para conocerse a sí mismos y para que puedan buscar su propio camino sin sentirse coaccionados o coartados al punto de tener que quitarse la vida, como tantos Sergios Urregos que ha habido hasta hoy.

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