Jueces que no le temen a la igualdad

En junio de 1958 Mildred Delores Jeter (mujer negra e indígena) y Richard Loving (hombre blanco) quienes vivían en Virginia, Estados Unidos, y tenían una relación sentimental, viajaron a Washington DC para casarse porque en su estado el matrimonio interracial era considerado un crimen.

Cuando regresaron a Virginia, los Loving fueron denunciados y arrestados por la policía. La pena asignada para el delito de “cometer matrimonio interracial” era de uno a cinco años de cárcel.

El juez León Bazile escribió en el fallo: “Dios Todopoderoso creó las razas de color blanco, negro, amarillo, rojo y malayo, y los colocó en diferentes continentes. Y sino por la interferencia con su acuerdo no habría motivo de tales matrimonios. El hecho de que las razas hayan sido separadas, demuestra que él no tenía la intención de la mezcla de razas.”

Fueron condenados a un año de prisión. El juez les ofreció conmutar la pena, siempre y cuando los Loving se fueran de Virginia por 25 años. La pareja se fue y cuando querían regresar a visitar a sus familiares, debían hacerlo por separado.

Solo hasta 1964 decidieron demandar. El caso se conoce como Loving vs Virginia. Forzando un poco la traducción, podría significar: Los que se aman vs el estado de Virginia.

El 12 de junio de 1967 la Suprema Corte les dio la razón y declaró: “el matrimonio es uno de los derechos civiles básicos…”, por lo cual amparó y anuló la decisión del juez Bazile, quien es recordado por su vergonzosa decisión y argumentación.

En este caso, para que la discriminación ocurriera, solamente se necesitó un juez que usara la ley para justificar el trato diferente a los que eran iguales en derechos; un juez que arropó una decisión racista con algunos argumentos jurídicos concretando así la inequidad.

En Colombia, el matrimonio igualitario fue definido a través de la  sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional. Alejandro Ordóñez, actual procurador general de la nación, un cruzado que añora la inquisición, saltó a los micrófonos a amenazar y a intimidar a los notarios y a los jueces que contemplaran casar a parejas del mismo sexo.

Los notarios, que suelen ganarse su puesto a cambio de prebendas políticas, cerraron filas y se negaron y aún se niegan a aplicar la decisión de la Corte.

Los que hicieron la tarea

Unos pocos jueces han cumplido a cabalidad su tarea y han realizado los matrimonios civiles solicitados por parejas del mismo sexo. Por desgracia, la gran mayoría se ha refugiado en la cómoda excusa de que la Corte no fue clara y han arropado su falta de solidez jurídica – la de los jueces – en supuestos riesgos de ser investigados y sancionados.

Hace un año, un juez me casó con la mujer que amo. Lo hicimos en Gachetá (Cundinamarca), el pueblo en el que se crió mi padre y en el que fallecieron mi abuela paterna y mis tías. Para casarnos, solamente necesitamos un juez juicioso que aplicara la norma y que no se dejara intimidar. Nada más.

Para que la discriminación no ocurriera, únicamente requerimos de un juez que usara la ley para hacer respetar las diferencias. Un juez que se arropó en el análisis de la  decisión igualitaria de la Corte Constitucional de Colombia, que usó argumentos jurídicos y concretó la igualdad.

Hubo algunas protestas en Gachetá. Nunca lo hicieron en la vía miserable que les comunica con Bogotá, pero sí salieron indignados a las calles, dos veces, una a rezar y la otra a marchar, para reclamar porque se había realizado un matrimonio igualitario en su suelo.

Desde los micrófonos, al juez lo amenazaron. Los de siempre le dijeron que le iban a iniciar investigaciones y sanciones. El pasado 25 de septiembre, día que celebré mi primer aniversario de casada, llamé al juez a darle las gracias y a felicitarlo porque él también hizo historia ese día de 2013. Le pregunté acerca de las anunciadas investigaciones y sanciones. Nunca le iniciaron nada.

No puedo dejar de pensar en Martin Luther King: “no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”. Miles de jueces en este país han pasado “de agache” ante la decisión de la Corte Constitucional de avalar el matrimonio igualitario.

Miles de jueces se han dejado ganar por el miedo y por la pereza intelectual de sustentar sus decisiones de manera razonada y jurídica. Su silencio y su cómoda indiferencia han permitido mantener la discriminación contra miles de parejas del mismo sexo que quieren casarse.

Así como el juez Bazile, el procurador Alejandro Ordóñez solamente será recordado como un inquisidor con añoranzas medievales. Sus argumentaciones “jurídicas” serán citadas por la historia como la muestra exacta de la discriminación y la vergüenza.

Los jueces y juezas que están cumpliendo con la labor de amparar el derecho de las  parejas del mismo sexo a casarse, tampoco serán registrados por la historia. Cuando más, serán recordados por las parejas que ayudaron a ser felices. Si yo fuera juez, quisiera ser reconocida por eso y no por mi cobardía.

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