La cadena perpetua para violadores no arregla nada

Por Mónica Roa*

¿De verdad queremos acabar con la violencia sexual contra niños y niñas? Por supuesto. El fenómeno es bárbaro y a la mayoría de personas se nos marchita algo por dentro cada vez que conocemos una historia más de un niño o una niña víctima de violación.

De hecho, lo primero que nos sale de las entrañas es exigir todo el peso de la ley para el agresor. Por eso es tan popular la propuesta del Gobierno de aprobar la cadena perpetua para violadores de menores. Pero tal vez tengamos que frenar ese instinto y detenernos a pensar en qué tipo de medidas son las que realmente sirven para resolver esta situación.

El problema no es que tengamos penas muy bajas sino la impunidad rampante. La cantidad de casos que se denuncian es baja, los que se investigan con juicio y rigor son menos y los que llegan a ser condenados realmente pocos. En este sentido es mucho más útil pensar en medidas que fomenten la denuncia, que fortalezcan la capacidad investigativa de los fiscales y que sensibilicen a los jueces sobre la importancia de administrar justicia, libres de prejuicios y estereotipos.

Los adolescentes necesitan aprender a explorar su sexualidad de manera saludable y responsable con ellos mismos y con los demás. No hacerlo deja a la pornografía como educador y el embarazo adolescente como proyecto de vida. Por su parte, los adultos necesitan reaprender lo que saben de sexualidad para erradicar las prácticas abusivas y encubridoras y educar con naturalidad y responsabilidad a niños, niñas y adolescentes.

Si de verdad queremos que cese el abuso sexual contra niños y niñas, además de apostarle a la educación, es fundamental instalar un sistema de alertas tempranas, en el que los adultos que forman parte del entorno de los menores sepan identificar las señales. También, donde contemos con una gran alianza con los sectores salud y educación que, por supuesto, necesitan fortalecer su formación y sensibilización.

Adicionalmente, el 75% de los casos de abuso sexual ocurren en el ámbito familiar, y muchos otros en iglesias y colegios. Es fundamental cuestionar el hecho de que estas instituciones, supuestamente comprometidas con la protección y el bienestar de los menores, sean los lugares más peligrosos para ellos y que, además, cuando surge un caso, sus integrantes prefieran encubrirlo para proteger su buen nombre.

Todo esto supone ver a nuestra sociedad a los ojos, hacer una catarsis colectiva y darnos cuenta de que hemos estado ignorando una realidad que desde siempre ha estado ahí. No es un camino fácil, pero es el que deberíamos seguir. Los problemas estructurales se resuelven con medidas integrales, con presupuesto para financiarlas y con la voluntad política para ejecutarlas. De nosotros depende encaminar el debate.

* Abogada y activista.

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