Una manera de “ahorrarse” una investigación seria y rigurosa, y de convertir a la víctima en culpable, es calificar los crímenes contra personas LGBT como “líos pasionales”.
El 23 de febrero de 2007, Rolando Pérez fue asesinado en su casa en Cartagena. Lo atacaron por la espalda con un martillo que le destrozó la cabeza.
Poco después, el periódico El Tiempo publicó las declaraciones que, el entonces comandante de la Policía de Bolívar, Carlos Ramiro Mena Bravo, dio sobre el tema: “toda la prueba que se ha recopilado y las informaciones que hemos verificado por parte de la Policía Judicial, indican que los móviles fueron pasionales por cuanto este ciudadano llevaba una vida desordenada, era promiscuo y, en su condición de homosexual, tenía varias personas como pareja”.
Rápidamente el caso se cerró y, hasta la fecha, sigue impune. Como éste, hay otros tantos en Colombia. La pregunta es: ¿por qué algunos crímenes contra personas LGBT, intentan ser desestimados por ciertos funcionarios públicos o medios de comunicación con la expresión “crímenes pasionales entre ellos”?
Pareciera que se quisiera transmitir que, por no ser heterosexuales o por no estar en el “lado correcto de la vida”, las personas LGBT terminan mal. Es una manera de decir “se lo buscaron” y de responsabilizar a la víctima por lo sucedido.
Así, muchas veces cuando se oye la noticia del crimen de una persona homosexual, hay quienes dicen: “como era gay, seguramente lo mató algún amante”.
Se culpa, por ejemplo, a las mujeres transgénero de los abusos que sufren por el hecho de que muchas de ellas sean trabajadoras sexuales. También se justifican las agresiones que padecen algunos hombres gays por ser, presuntamente, promiscuos. De esta manera, el tema no es buscar y sancionar a un culpable sino cuestionar el comportamiento de la víctima.
En el fondo, es una manera de “hacerle el quite” a una investigación rigurosa. Siempre será más fácil señalar rápidamente un responsable, un alguien que “se lo buscó”, que desgastarse averiguando qué pasó realmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación por el alto nivel de impunidad en que quedan los crímenes contra las personas LGBT en Colombia, debido a que un alto porcentaje de las investigaciones son archivadas o tramitadas como “delitos pasionales”.
“Estaba alterado: no volverá a pasar”
Es importante tener claro qué es un crimen pasional, entendiendo que esta no es una clasificación legal: en Colombia no hay un delito llamado “crimen pasional”.
Se habla de éste cuando, generalmente, hay una decepción amorosa de por medio, un interés de venganza o de “cobrarle” algo a alguien. Suele tener lugar en personas de cualquier orientación sexual o identidad de género. De hecho, la mayoría de los que suceden no están relacionados con población LGBT.
“Son más frecuentes entre personas heterosexuales y, con frecuencia, las víctimas son mujeres. Son los llamados ‘feminicidios’ o cuando un hombre, por ejemplo, mata por celos a su compañera”, explica Andrés Rodríguez Zorro, coordinador nacional de Certificación Forense de Medicina Legal.
Para quitarles peso, completa María Mercedes Gómez, PhD en teoría política, se han llamado “crímenes pasionales”, pero en la práctica son actos de violencia contra las mujeres y una muestra de subordinación a un orden masculino.
En la escena del crimen se suelen identificar múltiples lesiones en la víctima, algunas cerca del corazón (por una connotación de “corazón roto”) o en el cuello, la cara o la zona genital.
Para Gómez, la noción de “crimen pasional” está relacionada con una figura jurídica llamada “ira e intenso dolor” estipulada en el Código Penal Colombiano. Implica que la persona cometió el acto violento en un estado emocional alterado. “Esto significa que existe una figura jurídica que, de cierta manera, justifica los prejuicios que conducen a este tipo de situaciones”.
La noción de “crimen pasional”, agrega, puede reducirle la pena al agresor. “El Estado considera que hay razón para que ciertos prejuicios del agresor (como ver amenazada su masculinidad), le hagan perder la razón y lo lleven a cometer un crimen”.
En efecto, el prejuicio se convirtió en algo tan cotidiano que existe un atenuante en lo jurídico. Se entiende que una persona pierda la claridad mental y cometa el crimen y merezca, por tanto, una reducción en la pena. “Es un claro ejemplo de cómo el prejuicio está encarnado en las estructuras sociales”, señala Gómez.
La expresión “crimen pasional” revela dos aspectos importantes: 1. La persona fue provocada, lo que justifica que perdiera la cabeza y entrara en un estado de ira e intenso dolor. 2. El agresor no representa ningún peligro para la sociedad. Lo que le sucedió fue “algo temporal”, siempre y cuando no vuelva a ser provocado.
Violencia en su máxima expresión
Lo cierto es que algunos de los casos que las autoridades se apresuran a calificar como “crímenes pasionales” cuando la víctima es una persona LGBT, en realidad no lo son. Pueden ocultar, por ejemplo, odio y prejuicios por parte del agresor.
Contrario a lo que sucede en países como Uruguay, donde la expresión “crimen de odio” está incorporada en el régimen penal, en Colombia puede tomarse como agravante el hecho de que el crimen evidencie odio y discriminación de por medio.
“Cuando unos ladrones se meten a una casa a robar, generalmente amarran a los habitantes. Si alguno de estos hace ruido, quizás le pegan un tiro, pero en los crímenes de odio se ve un mayor número de lesiones, golpes y puñaladas”, dice Rodríguez Zorro.
La inspección de la escena y la evidencia física consignada en el acta de levantamiento aportan pistas importantes para determinar si fue o no un crimen de esta naturaleza. Sin embargo, lo que revele la autopsia resulta fundamental.
Si el cuerpo tiene múltiples señales de tortura que claramente fueron producidas para provocarle dolor a la víctima, será una prueba contundente para sospechar que se trata de un “crimen de odio”.
En Bogotá, agrega Rodríguez Zorro, los crímenes contra personas LGBT están más asociados a un contexto de robo. “Al hombre que por ser gay lo golpean en la calle hasta matarlo, es raro en esta ciudad”.
Esto no quiere decir que en Bogotá no exista violencia contra las personas LGBT. “Lo que denota es una ciudad con problemas de seguridad y, por supuesto, esta población no es ajena”, afirma Rodríguez Zorro.
La historia generalmente es la de una persona que va a su apartamento con alguien del mismo sexo. Cuando los investigadores llegan a la escena, la encuentran muerta y la ausencia de muchas de sus pertenencias.
“Es difícil identificar si el móvil principal fue hurto o si hay un componente adicional. En ocasiones, hay robo pero también evidencia de actividad sexual. En algunos casos, surge el llamado ‘pánico homofóbico’: al comprobar que un hombre tuvo sexo con otro, comete el crimen”, asegura Rodríguez Zorro.
Sin embargo, así como mueren homosexuales en contexto de hurto, también heterosexuales. Hay hombres que tienen sexo con una mujer que acaban de conocer y terminan robados y muertos.
¿Limpieza social?
En el resto del país, el asunto es distinto. En otras ciudades son evidentes los crímenes de odio contra personas LGBT. En Cali, por ejemplo, a las mujeres trans las matan como una manera de hacer “limpieza social”.
Según Federico Ruíz, director de comunicaciones y prensa de Santamaría Fundación (SF), (entidad que propende por los derechos de las personas LGBT, especialmente de las mujeres trans de Cali) un primer problema es el registro incompleto que existe de estos homicidios porque cuando una mujer trans es asesinada es catalogada como un hombre homosexual. “La toman como un hombre vestido de mujer”.
Para el Mayor Alexander Collazos, jefe de difusión, promoción y cooperación en derechos humanos de la Policía Nacional de Colombia, esto es así porque legalmente en el país, el género solamente puede ser femenino o masculino. “Infortunadamente no está la opción de transexual o transgénero”.
Para completar, en todos los casos de asesinato de mujeres trans que han tenido lugar en Cali, no está la primera persona condenada.
En 2010, hubo dos casos de homicidio el mismo fin de semana en esta ciudad. El primero fue el de un escolta del CTI que asesinó por la espalda a una mujer trans. Fue capturado en el momento de los hechos y se le dictaminó casa por cárcel. A los dos días, incumpliendo la orden, regresó a su puesto de trabajo y se le devolvió su arma de dotación. Ese día, con esa arma, se suicidó.
El otro caso fue el de una mujer trans que ejercía el trabajo sexual y quien fue a comprar licor a un bar. Unos hombres empezaron a molestarla. Ella les respondió y uno de ellos le partió una silla en la cabeza. La mujer sacó una navaja, lo apuñaleó y el hombre murió.
Ella fue capturada. Como no tenía documento de identidad, al otro día le expidieron uno y, a los dos días, ya estaba recluida en la Cárcel de Villahermosa. “Para una mujer trans no es fácil sacar un nuevo documento de identidad pero como había que judicializarla lo hicieron en un momento”, señala Ruíz.
“Cuando una mujer trans es victimaria, todo el sistema judicial trabaja de manera articulada para condenarla, pero cuando es víctima no existe el mismo nivel de efectividad”, dice Ruíz.
En el Caribe colombiano, el año pasado dos mujeres trans fueron asesinadas por un policía fuera de servicio. “La Policía le dio un trato de homicidio simple y le sentenciaron menos de 10 años de cárcel”, completa Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
El precio de los cuerpos
No hay duda de que los crímenes contra personas trans son los menos investigados. Acá, el valor de los cuerpos está jerarquizado y la “ansiedad” que genera el cuerpo de una persona trans (al no ser completamente masculino o femenino) ha llevado a que “valgan” menos que otros. “Entonces, no solamente los crímenes cometidos son mucho más violentos sino que posiblemente tienen el mayor nivel de impunidad”, señala María Mercedes Gómez.
Según el Mayor Collazos, el 90 por ciento de las situaciones de choque entre Policía y población LGBT se da con las mujeres trans, especialmente con las trabajadoras sexuales.
“A veces se ven obligadas a ejercer su oficio en los antejardines de las casas o están rodeadas de venta de drogas, lo que afecta la convivencia. Sin embargo, el primer paso es entender que son situaciones que pueden estar alrededor de ellas y que no hay que involucrarlas de plano”, dice el Mayor Collazos.
Hace unos años eran más evidentes los prejuicios de algunos funcionarios de la Policía y la Fiscalía a la hora de investigar estos casos en Colombia. “Y aunque todavía hay quienes creen que todo crimen LGBT es pasional, esto ha disminuido”, explica Rodríguez Zorro.
Para Castañeda, parte del problema en el Caribe colombiano es que el sistema de fiscalías es muy precario. “En ocasiones, los fiscales desconocen los protocolos y los procesos son muy lentos. Además, para muchos de ellos todo lo LGBT es pasional y con esto desvirtúan otra información”.
De ahí la importancia de continuar con talleres de sensibilización dirigidos a fiscales y policías que aclaren términos relacionados con diversidad sexual y de género y les aporten un contexto sobre población LGBT.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que considera necesario el entrenamiento de autoridades públicas en relación con la garantía de los derechos humanos de este sector de la población.
“La Policía tiene la directiva 006 que estipula el trato adecuado para las personas LGBT. Sin embargo, a pesar de llevar dos años largos en vigencia, no ha sido socializada lo suficiente ni tampoco ha sido útil para capacitar a los funcionarios”, dice Ruíz.
No obstante, a veces son los mismos medios de comunicación los que señalan que fue un crimen pasional. Muchas veces, asegura el Mayor Collazos, no es que los funcionarios se adelanten a decir que fue un “crimen pasional”, sino que los medios transmiten la nota editada y solamente dejan la parte que dice: “dentro de las hipótesis está el crimen pasional. Los periodistas presionan para que las autoridades den declaraciones y, entre más amarillistas resulten, mejor”.
Independiente de que sea un crimen pasional, de odio o por hurto, es obligación de las autoridades liderar investigaciones serias y rigurosas. El hecho de que la víctima sea LGBT no justifica partir de falsas premisas, prejuicios o que deba recibir un trato de segunda categoría. El esclarecimiento de los hechos debe ser el mismo en todos los casos.