El hecho de que entre 1995 y 2013, el 40 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años experimentó violencia física y/o sexual por parte de sus parejas, llevó a que más organizaciones se sumen a decirle “no” a la violencia de género en Colombia.
Entre el 22 y el 24 de junio se llevó a cabo en Bogotá el “Instituto de justicia para combatir la violencia de género: violencia intrafamiliar y sexual”, con el propósito de contribuir a enfrentar todas las formas de violencia basadas en género. El objetivo del evento era capacitar a algunos de los funcionarios a cargo de abordar, investigar y sancionar estos hechos.
La iniciativa forma parte de la asociación público privada “Voces contra la violencia”, liderada por la Fundación Avon, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Vital Voices Global Partnership, organización no gubernamental fundada en 1997 por la hoy candidata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, que tiene como objetivo visibilizar a las mujeres.
El objetivo del Instituto de justicia que tuvo lugar en Bogotá y que ya se ha implementado en otros países, es contribuir a tomar medidas para mejorar la protección de las víctimas y la respuesta de la justicia penal en Colombia.
Para tal fin, expertos en violencia doméstica llevaron a cabo un entrenamiento multidisciplinario dirigido a jueces, funcionarios judiciales, fiscales, representantes de organismos gubernamentales y proveedores de servicios no gubernamentales de Colombia.
Entre los objetivos del Instituto estaban aclarar dudas sobre la manera de aplicar las leyes en Colombia y tomar conciencia sobre el peligro de la impunidad. “La violencia doméstica es un obstáculo para el empoderamiento social y económico de las mujeres, que viola la dignidad y la oportunidad que cada persona merece”, dijo Christine Jaworsky, directora del Programa para la mujer de la Fundación Avon.
Durante estos días se capacitaron a 45 funcionarios en legislación sobre violencia familiar y agresión sexual, en cómo responder frente a la intimidación y en cómo realizar una entrevista efectiva con la víctima.
También se analizaron casos de violencia intrafamiliar y se llevaron a cabo ejercicios sobre la recolección de evidencia. Asimismo, se reflexionó en qué le hace falta a Colombia para evitar la impunidad en estos casos y se desarrolló un plan de acción.
Entre los motivos para seleccionar a Colombia, está el hecho de que entre 1995 y 2013, alrededor del 40 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años experimentó, al menos una vez, violencia física y/o violencia sexual por parte de sus parejas.
Asimismo, durante 2014, el Instituto Nacional de Medicina Legal realizó 75.939 peritajes en el contexto de violencia intrafamiliar. El 64 por ciento de los casos correspondieron a violencia contra la pareja. De estos, el 85 por ciento son de violencia contra las mujeres.
En el evento de presentación del Instituto de justicia en Bogotá estuvo presente Alejandra Borrero, actriz y directora de Casa E, quien recordó que a través de la organización “Ni con el petálo de una rosa”, promueven, a través del arte, un mundo sin violencia contra las mujeres.
Por su parte, Natalia Ponce de León, sobreviviente a un ataque con agentes químicos en 2014, dijo que estando en el hospital Simón Bolívar donde le salvaron la vida, tuvo oportunidad de compartir con otras mujeres en una situación similar.
“La manera como los medios de comunicación han manejado el tema de los ataques con químicos, ha llevado a aumentar el número de ataques”, Alejandra Borrero, actriz y activista.
“Entendí su dolor -el mismo mío- me puse en los zapatos de ellas, tomé fuerza y en 2015 creamos la Fundación Natalia Ponce de León que busca defender, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de ataques con agentes químicos, ofreciéndoles asesoría y acompañamiento psicológico y legal, con el fin de contribuir en su proceso de reinserción en el entorno laboral, familiar y social”, señaló Ponce de León.
También explicó que no son una ni dos las sobrevivientes a estos ataques, son miles de personas las que han pasado por esta situación tan dolorosa.
“La impunidad en Colombia respecto a estos ataques es del 99 por ciento. Y la rabia y la impotencia que sentí me llevaron a trabajar para aumentar las penas y crear un castigo ejemplar. El primer resultado de esto es la Ley 1773. Estos ataques dejaron de ser catalogados como lesiones personales porque la recuperación toma toda la vida, requiere miles de cirugías y un trabajo psicológico permanente. Hay que empoderar a estas mujeres que están en el olvido para que renazcan”, agregó Ponce de León.
También dijo que esta lucha no es solamente de ella sino de todas las personas porque a cualquiera, en el momento menos pensado, le puede pasar.
