Matrimonio y adopción homosexual, ¿el fin de la sociedad?

Me resulta imposible no estar contento con la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de reconocer el derecho de dos niños a tener una familia conformada por dos mujeres.

Sí, pasaron más de cuatro años para concluir esto. Sí, solamente cobija a los hijos biológicos de uno de los padres o madres del mismo sexo. Y sí, aún falta mucho camino por recorrer para que tengamos igualdad plena con las personas y parejas heterosexuales.

Sin embargo, esta decisión marca un avance significativo y reconoce un aspecto esencial que a veces se desconoce: las personas LGBTI somos tan humanas como las demás y muchas de ellas quieren casarse, conformar familias con hijos y ser legalmente reconocidas.

El fallo de la Corte estuvo acompañado del anuncio público de la relación sentimental entre las ministras de educación y de comercio, industria y turismo. Se debatió, incluso, si podían ser pareja y al mismo tiempo funcionarias públicas y si debían manifestar, abiertamente, que lo eran.

Libertad e igualdad

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a manifestar sus creencias tanto en público como en privado. Esto significa que todos los seres humanos, incluidos los fundamentalistas, pueden seguir y practicar la religión que quieran. Y debemos respetarlos, así crean en María Luisa Piraquive.

Lo que sí podemos hacer es conversar entre religiones y creencias. La Asamblea General de Naciones Unidas afirma: “la comprensión mutua y la interacción entre religiones constituyen dimensiones importantes del diálogo entre civilizaciones”.

El tránsito hacia la paz de la que tanto se habla en Colombia invita a reflexionar en este diálogo y en la coexistencia pacífica. No se trata de negar la existencia del conflicto, sino de encontrar maneras amigables de plantear un punto de vista. Finalmente, hay espacio para todos.

Contrario a lo que algunos dicen, las personas LGBTI no queremos “acabar” con quienes viven en familias conformadas por papá, mamá e hijos. Por el contrario, esta opción es válida para quienes así la desean, pero no debe  imponerse como camisa de fuerza. Los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos y no es posible renunciar a estos ni tampoco quitárselos a alguien.

Todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos consagra: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones”. Y aclara: “El ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades. Puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar fijadas por la ley y ser necesarias para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Y en esto último se escudan algunas personas a la hora de discriminar con sus palabras. Ignoran que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), órgano que interpreta el alcance del pacto, señala que el concepto de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas y no responde a una sola creencia.

Es decir, no son las iglesias o los defensores de una determinada “moral”, las autorizadas para estipular el ordenamiento jurídico y social del país.

Para transformar este panorama, necesitamos acudir a los argumentos y al diálogo constructivo. Y la decisión de la Corte Constitucional, así como la entereza con la que las ministras enfrentaron el debate, son pasos significativos en esta tarea.

El mensaje es claro: queremos tener la posibilidad de casarnos y de adoptar para tener igualdad de derechos, no porque tengamos un plan macabro para acabar con los demás, como sí parecieran tenerlo algunas personas contra las LGBT.

Enlaces relacionados:

De iglesias y otros demonios
La “amenaza” contra la familia tradicional
Matrimonio entre personas del mismo sexo sí amenaza el matrimonio tradicional
Diversidad sexual y nuevas alternativas espirituales