No más libreta militar para las personas transgeneristas

La semana pasada se conocieron dos noticias que benefician a las personas transgeneristas (trans) del país. Por un lado, el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al Ejército de Colombia entregarle a Gina Hoyos, en los próximos 20 días y de manera gratuita, una libreta militar de reservista de segunda clase.

A pesar de identificarse como una mujer transgenerista, en su cédula de ciudadanía aparece “sexo: M (masculino)”. Este hecho la obliga, legalmente, a tener que definir su situación militar.

Sin embargo, atendiendo al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a su identidad de género, no tendría por qué hacerlo debido a que ella se identifica como mujer.

El Tribunal de Bogotá se pronunció al respecto como respuesta a una acción de tutela interpuesta por Gallego, argumentando que exigirles libreta militar a las mujeres transgeneristas vulnera sus derechos fundamentales a la integridad, al trabajo, a la igualdad, a no ser sometidas a tratos degradantes, a la libertad de conciencia, a la honra y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

La decisión de este tribunal es importante en la medida en que, en teoría, deberían disminuir los obstáculos para que Gallego sea contratada laboralmente, al menos en cargos públicos.

Según la Ley 48 de 1993, “todos los varones colombianos, hasta los 50 años de edad, deben presentar la libreta militar (la manera de comprobar que tienen definida su situación militar) para celebrar contratos con entidades públicas, ingresar a la carrera administrativa, tomar posesión de cargos públicos y obtener grado profesional en cualquier centro de educación superior”.

El problema de fondo es que al entregarles este documento a las mujeres trans, se refuerza su identidad masculina teniendo en cuenta que solamente se les expide a los hombres.

Es decir, sigue pesando más el sexo que aparece en la cédula de ciudadanía -que ella no eligió- a su identidad de género femenina o como ella se siente y quiere ser tratada. Esto significa que aún no es reconocida como mujer.

Al respecto, el abogado Mauricio Albarracín, director de la ONG Colombia Diversa señala que las mujeres transgeneristas son mujeres y, por tanto, no se les debe exigir ese documento ni mucho menos entregarles una libreta militar de segunda clase. “Algunas soluciones jurídicas en este tema son discriminatorias”, afirmó en sus redes sociales.

Según Albarracín, antes que acordar una acción de tutela contra la entidad que dirige, Juan Florian debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, que al existir conflicto entre la Constitución de 1991 y la ley, se debe optar por las disposiciones constitucionales.

En su opinión, Florian debió seguir los pasos de Luis Fernando Escobar, alcalde de la localidad de Kennedy en Bogotá, quien contrató a Jessica Vistoria Useche una mujer trangenerista, sin exigirle libreta militar.

Al reconocer el empleador que exigirles libreta militar está en contra de las disposiciones constitucionales, se evita que las mujeres transgeneristas que no son contratadas tengan que instaurar acciones de tutela.

En entrevista con Sentiido, Juan Florian explicó que haber optado por la excepción de inconstitucionalidad era arriesgado porque carece de las herramientas jurídicas para respaldar esta decisión. Además, dijo, a la Corte Constitucional no solamente se le solicitó ordenar la contratación de Grace Kelly, sino ampliar los efectos de esta decisión a todos los casos similares en el país.

La ponencia del exmagistrado Alberto Rojas Ríos le ordena a la Subdirección contratar a Grace Kelly sin exigirle libreta militar y establece que en los futuros procesos de selección y contratación donde participen personas transgeneristas no se les exija este documento. Decisión que, por tanto, también beneficiaría a los hombres transgeneristas.

Por último, la ponencia también exhorta al Congreso a tramitar una ley de identidad de género que regule los derechos de las personas transgeneristas. Según Albarracín,  la revista Semana publicó un borrador de la ponencia, pero la sentencia de la Corte Constitucional tiene un impacto aún mayor.

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