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Pedir permiso para abortar

Coordinadora de proyectos en Sentiido. Doctora en Lenguas y Literaturas Romances (Universidad de California, Berkeley). Profesora de Género y Sexualidad y Literatura Latinoamericana en American University (Washington DC).

El caso de la actriz Carolina Sabino es una muestra de que muchas personas creen que las mujeres tienen que explicar y pedir permiso para abortar.

Carolina Sabino - pedir permiso para abortar
Foto: Archivo particular Twitter / Carolina Sabino

Seamos claros: las mujeres colombianas tenemos derecho al aborto legal y seguro en los tres casos aprobados por la sentencia C-355 de 2006. Entre estos, se incluye la protección de la salud mental de la mujer.

Esta disposición es importantísima pues reconoce que el bienestar de las mujeres no se limita a la ausencia de enfermedades físicas, y que el impacto psicológico de ser obligada a llevar a término un embarazo no deseado puede ser devastador.

Más aún, la medida que permite la interrupción voluntaria del embarazo para proteger la salud mental de las mujeres no quiere decir que la mujer deba sufrir una gravísima condición psiquiátrica.

Lo que este derecho implica es que, en colaboración con un especialista de nuestra elección, las mujeres tenemos la capacidad de medir el impacto que un embarazo y una maternidad no deseadas tendrían en nuestras vidas y tomar decisiones autónomas y responsables al respecto.

Seamos claros: lo que el fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre está haciendo no sólo es indebido desde un punto de vista ético, sino que, como la feminista y abogada de la organización Women’s Link Worldwide Mónica Roa ha aclarado, viola el derecho a la intimidad de la actriz Carolina Sabino; como ella misma ha señalado, ataca su dignidad y sus derechos “como mujer, como ciudadana y como persona”.

La decisión de la Fiscalía de imputarle a Sabino cargos por un presunto caso de aborto ilegal basándose en información obtenida de la interceptación de una conversación privada, de una investigación que nada tiene que ver con el delito del que se le acusa, es muestra de una visión selectiva y altamente sexista de la justicia.

¿Qué le hace pensar al señor fiscal que tiene el derecho a inmiscuirse en la charla de dos hermanas que, cobijadas por la confianza de su vínculo familiar y de afecto, conversan sobre una decisión absolutamente personal?

¿Qué ley cree que lo ampara para interceptar las conversaciones privadas de dos colombianas y utilizarla para incriminarlas en acciones que, para colmo de males, son legales?

La decisión del fiscal Montealegre no solo es muestra de un preocupante desconocimiento de la Constitución y de las leyes colombianas, sino del sexismo que permea nuestro sistema judicial.

Su sesgada interpretación de la ley condona e incita el prejuicio social hacia las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y ratifica un imaginario en el que las mujeres somos reducidas a nuestro cuerpos y estos, a su vez, son puestos al servicio de distintas instancias del poder patriarcal.

Con esta imputación de cargos el fiscal niega la autonomía de las mujeres, pretende intimidarnos para que no ejerzamos nuestros derechos sexuales y reproductivos, y aspira a reinsertarnos dentro de un modelo social en el que hay que pedir perdón y permiso por no cumplir el mandato social de reproducción.

contrario a lo que se imaginan muchos opositores, la decisión de abortar no es fácil ni irreflexiva.

Abortar no es, como fantasean algunos, un alternativa a la planificación familiar, ni una contracepción de emergencia que utilizan mujeres irresponsables y “demasiado” activas sexualmente.

La radicalización del discurso alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo pone en peligro la vida de las mujeres que recurrirán a prácticas inseguras y cierra las puertas a una importante conversación nacional sobre los múltiples factores que llevan a una mujer a tomar esa decisión. Factores que van desde la ausencia de medios para mantener un hijo, la falta de educación sexual, complicadas situaciones de salud de la mujer o del feto, y sí, también, el proyecto de vida de cada persona.

Pero tal vez algo positivo surja de esta situación. Quizás esta puede ser una valiosa oportunidad para tener esa conversación, no con odio y juicio moral, sino en el marco de la salud pública y de derechos humanos de las mujeres. También puede servir para que más mujeres conozcan los alcances de la sentencia C-355 y puedan así acceder a sus derechos si lo desean.

Finalmente, esta conversación puede ser un buen motivo para ampliar el debate sobre la salud de las mujeres más allá de la parte física. Comprender que las mujeres no nos definimos tan solo por nuestro cuerpo y que lo que pase en él nos afecta como seres humanos —y que, por tanto, somos nosotras quienes debemos tener la última palabra a este respecto— es un paso fundamental para la construcción de una sociedad con una igualdad de género real.

Hay que ser muy claros: la decisión que tomó Carolina Sabino no tiene nada de vergonzoso ni de ilegal. Vergonzosa e ilegal es la persecución de la fiscalía. Vergonzoso e ilegal es que las mujeres colombianas tengamos que seguir luchando por acceder a un derecho garantizado hace 10 años, y que tengamos que seguir defendiéndonos por tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos y nuestras vidas.

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