Aunque el Congreso de Colombia prohibió el matrimonio infantil, este es el primer paso de un cambio cultural profundo. América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde continúan en aumento los embarazos en niñas entre 10 y 14 años de edad.
Ilustraciones: Los Naked.
Quien no lo haya vivido, no alcanza a dimensionar el horror padecido a tan corta edad: Camila, una niña de los Andes peruanos, estaba encargada de ayudar a su papá en las labores del campo.
Un día, cuando Camila tenía 9 años, su padre la violó por primera vez en una de esas salidas a pastorear los animales y continuó haciéndolo por años hasta que a los 13, Camila quedó embarazada. (Ver: Colombia enfrenta una emergencia de violencia machista).
Ella aguantó todo esto en silencio porque el violador la había amenazado con matar a su mamá y hermano si hablaba. Con el embarazo, su situación de salud física y emocional se volvió crítica y al enterarse de todo, su mamá pidió un aborto terapéutico, que es legal en Perú. (Ver: Los argumentos que sustentan la despenalización del aborto en Colombia).
Sin embargo, el centro médico demoró los trámites y no practicó el aborto a tiempo. Camila se vio obligada a continuar con el embarazo pero con el tiempo, sus condiciones de salud empeoraron y sufrió un aborto espontáneo. (Ver: Aborto en Colombia: lo que se dice vs. Lo que es).
Fue denunciada por “autoaborto” por la misma jueza que investigaba su caso de violación. Así, mientras Camila intentaba sobrevivir, enfrentaba la posibilidad de ir a prisión y era rechazada por su comunidad. (Ver: La objeción de conciencia como barrera para abortar).
Además del increíble cruel caso de violación de sus derechos como niña -por parte del padre, del sistema de salud, del sistema judicial y de la comunidad- lo más aterrador de la vivencia de Camila es que no se trata de una excepción. (Ver: La Tía Nohora y su sobrina favorita, la doctora Gil).
Esa es la realidad de miles de niñas en América Latina y el Caribe, la segunda región del mundo -después del África Subsahariana- con mayor número de embarazos de niñas entre los 10 y 14 años y la primera zona del mundo en la que los embarazos en esta franja etaria continúan en aumento. (Ver: Las luchas del aborto en Colombia).
Aparte de la violencia sexual que se esconde detrás de los embarazos a esa edad, las consecuencias de una gestación y un parto para una niña entre los 10 y los 14 años de edad pueden ser fatales, sin contar con las secuelas emocionales, sociales y económicas para la niña forzada a ser madre, para ese hijo y para toda la familia. (Ver: Qué es el fundamentalismo religioso y qué implica realmente).
Por supuesto, ese segmento etario es el caso más dramático, pues se trata de niñas cuyos cuerpos y psiquis todavía están en el terreno de la infancia y corren peligro de muerte o graves complicaciones por el simple hecho de quedar en embarazo a tan temprana edad. (Ver: Papás y mamás de Colombia: sí a la educación sexual y a los derechos LGBTIQ).
Pero las adolescentes entre los 15 y 19 años también continúan enfrentando los mismos abusos sexuales -en ocasiones por años- y los mismos embarazos forzados que padecen las niñas menores de 14. (Ver: Todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y tu hijo sí se atrevió a preguntar).
Las cifras del horror
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi el 18% de los nacimientos en América Latina corresponde a madres menores de 20 años de edad y cada año, alrededor de un millón y medio de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz.
Y en una región con tan altas tasas de pobreza y desigualdad esta situación sólo empeora la situación socioeconómica de las comunidades más vulnerables.
Estos son algunos ejemplos regionales: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Colombia y México tienen las tasas más altas de embarazo en adolescentes.
De acuerdo con la organización, en Colombia en 2021 se registraron los embarazos de al menos 114.500 niñas y adolescentes, de los cuales 4.732 ocurrieron en menores entre los 10 y 14 años, sin contar los subregistros.
Como lo explica el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, en Colombia uno de cada cuatro niños que nace es hijo de una madre adolescente y una de cada dos madres adolescentes en Colombia fue a su vez hija de una madre adolescente.
Adicionalmente, por un caso de embarazo adolescente de una niña de nivel socioeconómico alto se presentan más de 64 casos de embarazo adolescente de una niña de nivel socioeconómico bajo, reforzando así dinámicas de pobreza.
En Guatemala, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, registró en 2023, 62.306 nacimientos en madres niñas, adolescentes y jóvenes: 60.017 de ellas dieron a luz entre los 15 y 19 años de edad y 2.289 dieron a luz entre los 10 y 14 años de edad.
Esta realidad está íntimamente ligada con las altas tasas de abuso sexual en la región. Sin contar el subregistro, que se estima sea muy alto debido a la ausencia de denuncia en muchos casos y a la ubicación remota de muchas de las víctimas.
Unicef calcula que 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida y que 7 de cada 10 abusos son cometidos por un hombre de la propia familia o muy cercano a esta.
Una de las iniciativas regionales que ha ayudado a crear conciencia sobre esta tragedia es el movimiento “Niñas, no madres”, que nació a partir de una investigación que buscaba determinar las consecuencias de la violencia sexual y del embarazo forzado en niñas menores de 14 años.
Marianny Sánchez es vocera del movimiento y explica que aparte de constatar que las niñas menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgos de morir en el parto que las mujeres adultas, la investigación también determinó que muchas de ellas consideran el suicidio como salida a su situación tras ser abusadas sexualmente y/o luego ser obligadas a tener los hijos producto de dichas violaciones.
Además, la investigación apuntó hacia la revictimización que padecen estas sobrevivientes de abuso por parte del sistema de salud, que muchas veces les niega sus derechos y les da un trato degradante y también el sistema educativo, que las juzga y excluye de las aulas.
También se suman la propia familia, que las rechaza y muchas veces incluso las culpabiliza, así como el sistema judicial, que no les garantiza ni restablece sus derechos sino que por el contrario las abandona a su suerte e incluso las judicializa.
“Todo esto forma parte del continuum de violencias que esas niñas tienen que enfrentar aunque no estén en capacidad de asumir una crianza desde el punto de vista físico, económico, psicológico y social”, explica Marianny.
Y los hijos e hijas, agrega, que nacen de estos embarazos no deseados, de niñas menores de 14 años que claramente no están capacitadas para la crianza, entran en ese mismo ciclo de pobreza en el cual vuelven a suceder estos eventos
Camila, de Perú, Fátima, de Guatemala, Lucía y Susana, de Nicaragua y Norma, de Ecuador, quedaron embarazadas antes de los 13 años tras ser violadas.
Cinco casos, un continente
Para intentar abrir caminos en ese laberinto sin salida en el que son encerradas estas niñas y adolescentes “Niñas, no madres” y otras organizaciones de América Latina han articulado un litigio internacional para llevar cinco casos emblemáticos de niñas latinoamericanas violadas y víctimas de embarazo forzado hasta instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.
Los cinco casos son los de Camila, de Perú (ya mencionada), Fátima, de Guatemala, Lucía y Susana, de Nicaragua y Norma, de Ecuador. Todas quedaron embarazadas antes de los 13 años tras ser violadas o por su padre, o por su abuelo, o por un cura, o por un amigo de la familia.
Y todas fueron obligadas a continuar con el embarazo. Camila tuvo un aborto espontáneo pero las demás fueron forzadas a parir y están criando a esos hijos, sin que los Estados hayan intervenido para restituir sus derechos, impartir justicia u ofrecer algún tipo de apoyo para la crianza de esos hijos. Ellas y sus circunstancias representan la realidad de todo un continente.
“Estos cinco casos tienen varios puntos en común, pero uno de los aspectos más tristes y preocupantes es que los perpetradores de la violencia eran personas del círculo familiar o muy cercano a las niñas, cosa que no es una excepción”, explica Marianny.
Las estadísticas revelan que en la mayoría de los casos, las personas que deberían estar cuidando a las niñas, abusan de su confianza y son los principales agresores. (Ver: “La familia y la escuela, donde más se vulneran los derechos de niños y niñas”).
Marianny Sánchez apunta a otro aspecto prevalente: la falta de acceso a la educación sexual integral en gran parte de la región, aspecto que pone a las niñas -y niños- en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los agresores. (Ver: La educación sexual es un proceso, no una charla de un día).
“En el caso de las cinco niñas, ellas no tenían muchas herramientas para discernir que lo que les estaba pasando no estaba bien y mucho menos sabían cuáles eran los mecanismos a través de los cuales podían denunciar el abuso o pedir ayuda”, puntualiza Sánchez. (Ver: 6 respuestas para los opositores a la educación sexual).
De hecho, la mayoría de estas niñas se dan cuenta del embarazo cuando este ya está en un estado muy avanzado, debido a que sus madres u otros cuidadores se dan cuenta de los cambios físicos.
Muchas veces las niñas no tienen herramientas para discernir que lo que les está pasando no está bien y mucho menos conocen los mecanismos para denunciar el abuso.
La violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en Guatemala, pero la atención del Estado es ínfima.
La reclusión en el ámbito doméstico
A lo largo de 25 años de trabajo junto a mujeres violentadas en Guatemala, Paula Barrios ha visto muchas injusticias. Cuando empezó su trabajo, la violencia física ni siquiera estaba tipificada como un delito en el código penal, se consideraba apenas una falta.
Junto con otras compañeras, creó la organización Mujeres Transformando al Mundo (MTM). “Nos parecía muy importante que una organización acompañara desde una visión feminista a las mujeres que enfrentan a la justicia o que denuncian a la justicia”, explica Paula y agrega que uno de esos casos en los que MTM es colitigante es justamente en el de los cinco casos antes mencionados, en particular a través del caso de Fátima, quien es guatemalteca.
Paula y las personas de su equipo están siempre saturadas de trabajo. La violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en Guatemala, pero la atención del Estado a dicho flagelo es ínfima. (Ver: ¿Por qué se habla de “violencia de género” y no solamente de “violencia”?).
Por ejemplo, en 2022 se registraron aproximadamente 700 feminicidios. Otra de las problemáticas que más preocupan a MTM es el de las violaciones y embarazos forzados de las niñas. (Ver: Decir “no”: un privilegio de los hombres).
“Estos embarazos en niñas -de diez años, de nueve años, de once años- son un signo de la normalización de la violencia sexual como consecuencia de este patriarcado en el que el hombre, sea el padre, el padrino, el padrastro, el tío, el abuelo o quien provee económicamente para que una niña se pueda alimentar y pueda subsistir, considera que esa niña es de su propiedad y que puede disponer de ella como le parezca”, advierte Paula.
Además, Paula agrega que esa visión patriarcal es la misma que impone la maternidad como destino de las niñas y da como ejemplo, la pregunta que les hicieron unos periodistas de su país con ocasión del debate de una ley que proponía legalizar el aborto terapéutico para niñas víctimas de abuso sexual y que quedaban embarazadas antes de los 14 años, proyecto que finalmente no fue aprobado.
“Los periodistas me decían: ‘¿pero si las mujeres nacen para ser madres, qué más da si ocurre antes o después?’ Un pensamiento absolutamente cosificador y patriarcal”, expresa Paula.
Las niñas, continúa, no vienen para ser madres ¿pero qué hace este tipo de argumentación? Regresar a las mujeres al ámbito doméstico, al ámbito privado, desde los inicios de su vida. (Ver: La media naranja y otras trampas del “amor verdadero”).
“Estos embarazos en niñas son un signo de la normalización de la violencia sexual”, Paula Barrios, de Mujeres Transformando al Mundo (MTM)
La red de apoyo que se teje entre activistas y organizaciones logra lanzarle una línea de escape a algunas sobrevivientes de abuso y embarazo forzado a la vez que trabaja para cambiar los ordenamientos jurídicos.
Del abuso al empoderamiento
Sin embargo, la red feminista de apoyo que se teje entre activistas y organizaciones logra lanzarle una línea de escape a algunas de estas sobrevivientes de abuso y embarazo forzado a la vez que trabaja para cambiar los ordenamientos jurídicos de las naciones.
Este el caso de Fátima, cuya identidad real está protegida para evitar nuevas revictimizaciones. En realidad, Fátima ya no es una niña.
Han pasado 13 años desde que fue violada -a la edad de 12 años- por un profesor de su pueblo que era cercano a su familia y en el cual su mamá tenía plena confianza, pues era una persona que gozaba de prestigio en la comunidad y además, les donaba útiles escolares. Eran una familia con escasos recursos económicos.
Fátima hoy es maestra de primaria y además forma parte del equipo de apoyo de MTM para darles una mano a las niñas que hoy llegan pidiendo ayuda a la organización en las circunstancias en que ella llegó hace más de una década.
“Yo tuve muchos episodios de atentar contra mi vida… Cuando quedé embarazada se me cerraron todas las puertas, no me permitieron seguir con mis estudios y, siendo una niña, que te cierren todas las opciones porque vas a ser mamá soltera porque te violaron, es muy duro. Yo pensé: ‘mi vida se acabó’”, recuerda Fátima.
Fue después de que llegó a MTM y que ellas le ayudaron a seguir con sus estudios que empezó a ver que sí había otras posibilidades para ella, porque siempre había soñado con ser médica o maestra y en el momento en que pasó todo, eso era imposible de imaginar
Al ver que las autoridades locales no hacían nada para que se hiciera justicia, MTM elevó el caso de Fátima a instancias internacionales y esto hizo que Fátima se fuera empoderando y asumiendo una vocería por los derechos de niñas que, como ella, hoy siguen sufriendo estas violaciones.
Como lo explica Marianny Sánchez, esto es muestra de la inoperancia de la justicia, un factor perpetuador de este tipo de violencia.
“Si tomamos como ejemplo los cinco casos, vemos que el único agresor que recibió una condena fue el padre de Camila. Los otros están en libertad y uno murió estando en libertad. Es muy duro para las sobrevivientes ver que no pasa nada y por eso hemos ido a otras instancias a buscar justicia”, agrega Marianny.
La idea es que a través de estos casos emblemáticos, se sienten los precedentes para que las legislaciones se adapten para poder garantizar los derechos de las niñas y la restitución de los mismos cuando estos han sido violados, como por ejemplo cuando además de haber sido víctimas de abuso sexual son forzadas a continuar con el embarazo.
“Ya han pasado 13 años y todavía espero que se haga justicia”, expresa Fátima, cuyo agresor anda libre.
Cambio legal y cambio cultural
Todas las personas entrevistadas para este artículo reconocen la necesidad de trabajar, no sólo en la legislación sino en el cambio cultural para transformar esos patrones machistas y misóginos que están detrás de esta realidad. Y uno de esos aspectos culturales es la aceptación social de las uniones tempranas forzadas.
La socióloga Ana Lucía Ramazzini, investigadora de FLACSO Guatemala, ha conducido junto a sus colegas varias investigaciones sobre las problemáticas enfrentadas por las niñas de su país.
Las uniones tempranas forzadas, que muchas veces se denominan erróneamente “matrimonio infantil”, son en su gran mayoría uniones en las que las niñas y adolescentes no tienen voz ni voto sino que se ven abocadas a ellas por decisión de la familia y por la precariedad económica.
Según explica Ana Lucía, estas uniones están ligadas a los embarazos en adolescentes y los embarazos en adolescentes a su vez, están estrechamente ligados con el abandono de la escuela y de cualquier posibilidad de autonomía.
“Lo que pudimos observar es que la unión y el embarazo tempranos encierran a las adolescentes en el ámbito privado reforzando esta idea del destino de ser madre de las mujeres. Y nos llamó la atención que muchas de las parejas que encontramos, estaban conformadas por adolescentes o jóvenes menores de 18 años con hombres que les doblaban y les triplicaban la edad”, puntualiza la investigadora.
Eso refuerza un ciclo de dependencia económica en el que la niña o joven que sale del hogar paterno para el hogar conyugal a tan temprana edad, continúa encerrada en el ámbito doméstico, criando a los hijos y dependiendo financieramente del proveedor económico del hogar.
Según la organización Girls not brides (Niñas, no novias) América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes.
En su hoja de ruta de 2019, Girls not brides informaba que a nivel regional, el 5% de las niñas están casadas o unidas antes de los 15 años y el 25% de las adolescentes y jóvenes están unidas antes de cumplir los 18 años.
A nivel regional, el 5% de las niñas están casadas o unidas antes de los 15 años y el 25% de las adolescentes y jóvenes están unidas antes de los 18 años.
Fátima, Camila, Norma, Lucía y Susana han andado un largo camino desde el momento en que fueron violadas. Han resistido la crueldad de ser forzadas a continuar con un embarazo que no deseaban.
Y se han llenado de valor para hablar por todas esas niñas que hoy están siendo violadas en algún lugar de América Latina y el Caribe para que algún día esto acabe, para que haya justicia, para que se les respete su derecho a elegir la vida que quieren. El resto de la sociedad no puede continuar siendo indiferente.
Jennifer Pedraza, ponente del proyecto contra el “matrimonio infantil” que acaba de ser aprobado en el Congreso de Colombia señala: “por supuesto que la ley no va a acabar con el problema, porque es un fenómeno multicausal, pero sí es un mensaje del estado colombiano para que en su código civil no acepte esta forma de ampliar brechas entre lo rural y lo urbano, brechas de género…Un mensaje del estado colombiano que dice: ‘no queremos que el camino de la infancia sea buscar una pareja o un esposo’, ‘no queremos que los padres vendan a sus hijas’”.
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