La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley DOMA que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer para efectos federales. Tres mujeres están detrás de este logro.
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional La Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) y también dejó sin piso legal la Proposición 8 de California que reversaba la aprobación del Matrimonio Igualitario en dicho estado.
Estas decisiones tienen varias implicaciones. Primero, se restituyó el matrimonio entre personas del mismo sexo en California, lo que lleva a que ahora sean 12 estados, más el Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington DC, la capital), los que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Quiere decir que ahora el 30 por ciento de los estadounidenses viven en lugares que reconocen el matrimonio igualitario.
Pero quizás el fallo que más resonancia ha tenido es el que declaró inconstitucional la ley federal DOMA. Aprobada en 1996 durante la administración Clinton, definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer para todos los efectos federales.
Haber declarado inconstitucional la Ley DOMA no significa que, a partir de ahora, todos los estados deban aprobar el matrimonio igualitario, porque eso en últimas es competencia de cada uno. Sin embargo sí soluciona el vacío legal que tenían las parejas del mismo sexo que estaban casadas. Establece, además, un precedente de que federalmente todos los matrimonios son válidos y no hay dos “categorías” al respecto.
Antes de esto, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados que lo permitían, no podían aspirar a beneficios federales como solicitud de visas, pensiones de sobrevivientes, seguridad social y reducciones de impuestos.
Este último aspecto, de gran sensibilidad en los Estados Unidos, fue la gota que derramó la copa. En 2009, Edith Windsor demandó la ley cuando tras el fallecimiento de su esposa —con quien había convivido por 40 años— tuvo que pagar más de 350.000 dólares en impuestos de patrimonio, pues el IRS (organización federal encargada de los impuestos, equivalente a la DIAN en Colombia) se negó a reconocer la unión y en consecuencia no le otorgó los beneficios que aplican a los matrimonios heterosexuales en esos casos.
Pero el efecto que este fallo tiene en la vida de millones de personas es enorme y va mucho más allá de los impuestos. El derrocamiento de DOMA impacta aspectos que van desde sucesión patrimonial, pensiones y salud hasta la dignidad y tranquilidad que confiere saber que el Estado reconoce y protege a todas las uniones y familias por igual.
Todos por igual
Además, la decisión tiene un fuerte impacto para los colombianos —y todos los inmigrantes que viven en los Estados Unidos— que tienen o aspiran a formar parejas o familias con personas del mismo sexo, pues por primera vez en la historia de este país, todas las personas estarán sometidas a las mismas leyes de inmigración, sin importar su sexualidad.
De hecho, esta equiparación ante la ley fue quizás el principal argumento que esgrimieron los magistrados que defendieron su inconstitucionalidad.
En la página 22 del concepto del magistrado Anthony M. Kennedy se lee: “el efecto principal de DOMA es singularizar a un subconjunto de matrimonios autorizados por los estados y hacerlos desiguales. El propósito principal es imponer desigualdad […] Las responsabilidades, como los derechos, refuerzan la dignidad y la integridad de una persona. Y DOMA se las ingenia para privar a algunas parejas casadas bajo la ley de su estado, pero no a otras, tanto de derechos como de responsabilidades”.
Otro aspecto poco mencionado y que vale la pena destacar es que de los cinco magistrados que lograron la estrecha mayoría con la que se aprobó el fallo (5-4), tres son mujeres: Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor —la primera magistrada latina— quienes se unieron con Anthony Kennedy y Stephen Breyer para defender la igualdad federal de todos los matrimonios.
Con mucha frecuencia, cuando las mujeres han llegado a altas posiciones políticas o relacionadas con la justicia, han tendido a priorizar la protección de los derechos humanos y a promover la igualdad y la justicia de todos, pero sobre todo de las minorías históricamente marginadas.
No es gratuito que estas decisiones estén siendo tomadas por la Corte que ha tenido mayor número de mujeres en la historia de los Estados Unidos. En el fallo del día anterior, en el que se restringieron los derechos al voto de las minorías, puede verse también una marcada división de género: las tres magistradas votaron en contra mientras que cinco —de los seis magistrados hombres que la conforman— votaron a favor.
Lo anterior trae a la mente otros dos importantes momentos ocurridos este año, uno de ellos el pasado martes en la noche. En una jornada maratónica en la que tuvo que declarar por más de nueve horas, la senadora demócrata de Texas Wendy Davis logró tumbar una ley que habría dejado a Texas —el segundo estado más grande de los Estados Unidos, con una población aproximada de 26 millones de personas— con tan sólo cinco clínicas legales para hacer interrupciones voluntarias del embarazo.
De haber sido aprobada, la ley también habría prohibido los abortos después de las 20 semanas sin importar los riesgos en la salud física o mental de la madre.
El peso femenino
Finalmente, vale recordar el importante papel que jugaron las mujeres en el veredicto que condenó a Ríos Montt en Guatemala y que puso en primera plana la violencia sexual que miles de mujeres sufrieron bajo su mandato.
Aunque la condena ha sido revocada, mujeres como Claudia Paz (la Fiscal General de Guatemala), Jazmín Barrios (la jueza que presidió el tribunal que lo condenó) y Paloma Soria Montañez (abogada y coordinadora de la línea de trabajo Crímenes Internacionales de Género de Women’s Link Worldwide) se unieron a sus colegas norteamericanas y continúan liderando un proceso en el que hombres y mujeres trabajan juntos para cambiar dinámicas jurídicas machistas que de manera sistemática han excluido, violentado e invisibilizado la violencia física y simbólica contra millones de personas que no se ajustan a los paradigmas de las sociedades.
Todos estos procesos tienen resonancia en Colombia y deben ser un ejemplo para llevar a la justicia a quienes han cometido crímenes atroces que han sido invisibilizados y condonados. También, para defender los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y garantizar la igualdad a todos los ciudadanos.
Crear figuras jurídicas inciertas aplicables a un grupo de personas basándose única y exclusivamente en su orientación sexual tiene el mismo “propósito declarado y el efecto práctico” que los magistrados arguyeron como base de la inconstitucionalidad de DOMA: “imponer desventajas, un estado distinto y, en consecuencia, un estigma, en todos aquellos que entren en matrimonios entre personas del mismo sexo” (21). En el caso colombiano, la última parte podría simplemente leerse: “todos aquellos que entren en uniones solemnes”.
En los últimos meses Colombia ha sido protagonista de acalorados debates sobre temas similares: el fuero militar, la posibilidad de “perdón y olvido” o “perdón sin olvido” o ni lo uno ni lo otro para las FARC, la siempre amenazada interrupción voluntaria del embarazo que salva la vida y la salud de tantas mujeres y, por supuesto, el derecho a la igualdad de las personas sexualmente diversas.
Colombia debe tomar nota. Lo que ha pasado en los Estados Unidos y el gran esfuerzo en Guatemala confirman tendencias históricas. Cada vez son más personas las que exigen igualdad legal y real en las sociedades.
Gracias también al trabajo y empoderamiento de muchas mujeres que están cambiando la perspectiva desde la cual se analiza la ley y se administra la justicia, los resultados cada vez son más palpables y duraderos.
