Sentiido habló con Pedro Julio Pardo, director de Santamaría Fundación, sobre la política pública LGBTI de Cali. También se refirió a la política LGBTI nacional.
En febrero pasado, Mayra Mosquera, secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali, invitó a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI) y, en general a la población de esta ciudad, a conocer los avances en los lineamientos de la política pública* LGBTI de Cali.
Para conocer algunos antecedentes de esta política y una mirada sobre este tema, Sentiido habló con Pedro Julio Pardo, director de Santamaría Fundación, una de las organizaciones de Cali con mayor trayectoria en el trabajo por el reconocimiento de la igualdad de derechos de las mujeres transgeneristas.
Según explica, en 2006, el equipo de trabajo de Santamaría consideró pertinente participar y aportar en el plan de desarrollo de Cali. Decidieron hacerlo en alianza con organizaciones de mujeres lesbianas.
Después de muchos debates, la administración municipal contempló trabajar con estas organizaciones en tres temas: la construcción de una política pública LGBT, la inclusión de mujeres transgeneristas en el sistema educativo y la puesta en marcha de unos juegos deportivos LGBT.
Para el primer punto, se consolidó un comité de asesoría técnica conformado por 11 personas, dos de ellas vinculadas a Santamaría Fundación. El paso a seguir sería fijar los lineamientos de dicha política.
“Mediante consenso abierto, donde estaban presentes ocho de las 11 personas del comité, se determinó que Santamaría cumplía con la mayoría de requisitos para ser la organización responsable de la construcción de dichos lineamientos. Como suele pasar, esto fue causa de desamores con algunas personas”.
A pesar de esto, los lineamientos se construyeron, de manera participativa, bajo el liderazgo de Santamaría. “El presupuesto para la contratación era reducido, alrededor de 45 millones de pesos. Sin embargo, otras personas y organizaciones estaban esperando ser contratadas, algo que nos resultaba imposible porque ni siquiera todo el equipo de Santamaría podía ser vinculado”.
Se suponía que, una vez listos los lineamientos, vendrían dos fases más de trabajo. El asunto fue que, en ese entonces, se presentó el homicidio de un reconocido comerciante de la ciudad, y una mujer trans fue considerada responsable. El hecho tuvo lugar en Granada, zona de Cali en la que había una alta presencia de mujeres transgeneristas trabajadoras sexuales. “Allí mismo habían asesinado a tres de ellas”.
¿Zona libre de trans?
Frente a la muerte del comerciante, los habitantes de la zona le reclamaron al alcalde Jorge Iván Ospina, quien determinó que las mujeres trans no deberían estar en esa zona de la ciudad. “Le decíamos: acá han matado a tres compañeras y no ha pasado nada. Ahora se toman estas medidas porque el comerciante las ataca y ellas se defienden, con tan mala suerte que, lamentablemente, él falleció”.
Incluso, agrega Pedro Julio, las tres mujeres trans que vivían en esa zona, eran arrestadas de manera continua cuando salían a comprar pan o intentaban abordar el transporte público. “Era una zona prohibida para ellas”.
Así que en medio de las tensiones que estos incidentes generaron entre Santamaría Fundación y la administración municipal, durante esa alcaldía no se avanzó más en la política pública LGBT.
En 2012, Rodrigo Guerrero asumió la alcaldía de Cali. Una vez más Santamaría buscó aportar al plan de desarrollo de la ciudad y, para tal fin, se acordaron tres componentes: continuar con la política pública y con los juegos deportivos LGBT, así como organizar unos foros internacionales sobre política pública LGBT.
“Desde que por cuota burocrática, una mujer asumió el cargo de ‘enlace entre el sector LGBT y la administración municipal’, integrantes de distintas organizaciones empezamos a preguntarle por el futuro de la política pública. Su respuesta siempre fue: ‘estamos haciendo el empalme’”.
Así quedó el tema hasta mediados de 2013 cuando las organizaciones LGBT de la ciudad fueron invitadas a participar en un diplomado de política pública donde se construiría la LGBT, coordinada por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle. Es decir, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de Cali había contratado a esta entidad como responsable de la elaboración de dicha política.
“Esto despertó molestias porque se trataba de un diplomado para formar a las personas sobre un tema específico, que iba a ser aprovechado para recoger información para la construcción de la política pública LGBT. ¿Y cómo así que en un diplomado se va a recolectar información para esto?”
Según Pedro Julio, la administración municipal “disfrazó” el tema para que tuviera acogida y, el 70 por ciento de quienes se inscribieron fueron personas heterosexuales, lo que significaba que la política pública LGBT de Cali iba a ser construida por esta población. “No es que crea que no puedan aportar sino que nosotros tenemos derecho a construir nuestra propia política”.
Alrededor de 16 organizaciones se opusieron a esto, mientras que 3 o 4 apoyaron la iniciativa. “Justamente aquellas que están contratadas por la administración. Lamentablemente, algunas personas LGBT se ‘vendieron’ a la alcaldía y el resto quedamos como los polémicos, detractores y conflictivos”.
Para Pedro Julio, una política pública debe tener un paso previo fundamental que en este caso, además, no se dio: un proceso de formación para que la población beneficiada sepa de qué le están hablando, de qué se trata este tema y sea posible construirla de manera que responda a sus demandas.
Y de la política pública LGBT nacional ¿qué?
Dos acciones puntuales llevaron al Gobierno Nacional a tomar la decisión de construir una política pública LGBT nacional. La primera: la evaluación que el Consejo de Derechos Humanos acostumbra hacerle a los estados miembros de las Naciones Unidas.
En este marco, las organizaciones Colombia Diversa, Santamaría Fundación y Caribe Afirmativo entregaron un informe que evidenciaba la violación de estos derechos en Colombia. Para contribuir a superar la situación, el Consejo le sugirió al gobierno colombiano construir una política pública LGBT nacional.
El segundo antecedente fue lo sucedido con una mujer transgénero en el Hotel Tequendama en Bogotá, a quien por su identidad de género le impidieron entrar a un concierto. Ella interpuso una tutela y la perdió en las dos primeras instancias.
Sin embargo, en la sentencia sobre el caso, la Corte Constitucional le ordenó al gobierno la construcción de una política pública LGBT nacional. Los dos antecedentes sucedieron cerca de que el presidente Álvaro Uribe terminara su segundo periodo. “Él nunca había querido abordar el tema, pero tuvo que hacerlo para demostrar la ‘generosidad’ de su gobierno”.
Se constituyó, entonces, un comité de asesoría técnica de la política pública LGBT nacional impulsada por el Ministerio del Interior. Santamaría Fundación no fue incluida en este espacio. Del Ministerio le dijeron a Pedro Julio que elaborara una solicitud señalando por qué era importante que su organización formara parte de dicho comité.
“Fuimos la única a la que se le pidió presentar ese documento. Las otras 13 o 15 personas que participaron lo hicieron por invitación directa, porque se les reconocía su trayectoria, liderazgo o formación académica”.
“Finalmente nos invitaron a Bogotá donde nos reunimos todas ‘las divas LGBT’ de Colombia. En la primera reunión, algunas voces estuvieron de acuerdo en que la Vicepresidencia de la República impulsara una ‘mesa de casos urgentes’, que no ha sido ni mesa ni ha atendido casos y mucho menos urgentes. Tanto que no ha habido respuestas a los cientos de homicidios, casos de abuso policial y persecuciones sociales que hemos denunciado”. Posteriormente, Santamaría junto con otras organizaciones se retiraron de dicho espacio.
Acá está la política pública LGBT
Según Pedro Julio, algunas de las personas que formaban parte de ese comité fueron las que llegaron a “colonizar” el Valle del Cauca con su propuesta de política pública departamental.
“Privilegiando la formación académica o en el exterior e imponiéndose sobre los otros saberes, aparecieron con un documento copiado de la política pública de Bogotá. Dejaron una propuesta que, por su complejidad, aún no se ha podido aplicar”.
Pedro Julio considera que de igual manera pasará con la política pública LGBT nacional. “No se han tenido en cuenta las distintas realidades: no es lo mismo una mujer lesbiana de la academia a una que es recicladora, por ejemplo. La política pública en Colombia se ha convertido en una nueva estrategia de la institucionalidad para buscar nichos de mercado. Y ahora encuentran plata con lo LGBT”.
Justamente a finales de 2013, Hernando Muñoz Sánchez, activista LGBT radicado en Medellín escribió en su perfil de Facebook: “Ya está por terminarse el 2103. Ya entramos en ley de garantías. Lo que no todxs sabemos es que poco o nada se avanzó este año en el proceso de la política pública LGTBI nacional, a cargo del Ministerio del Interior. La Subdirección de Minorías no ha avanzado en casi nada en las metas propuestas. Entiendo que se terminaron los encuentros regionales ¿y? Entiendo que se realizó un encuentro con el Comité de Apoyo Técnico para plasmar la estrategia de Grupos Focales ¿y?”.
Agregó: “Existe un equipo de contratistas (a quienes entiendo hasta cierto punto por su poca posibilidad de gestión por los contratos que tienen), pero la pregunta es: ¿dónde está la voluntad política del director de esa Subdirección y del viceministro encargado del tema? ¿Van a seguir ‘dándonos caramelo’ y sacando mil disculpas? Por favor señores: somos dignxs y merecemos respeto”.
*Se conoce como política pública a un conjunto de acciones y decisiones elaboradas de manera colectiva para atender las demandas de la sociedad o de una parte de ésta, frente a un problema específico. Es, en últimas, la respuesta que el Estado ofrece a unas necesidades determinadas.
Me parece muy poco objetivo por parte de la Gente de Sentiido que no se tenga en cuenta a otras personas que participaron en el proceso de la politica publica LGBTI para dar su opinion al respecto, pues tenemos otro punto de vista muy distinto donde se hablan de 16 organizaciones y realmente solo hubieron aproximadamente 9 personas que se encargaron de sabotear el proceso, entre ellos el señor pedro julio pardo, la realidad es otra y es muy extraño que sean las mismas organizaciones las que no quieran dejar realizar los procesos de politicas publicas, llamense nacional o municipal.
Hola Angelo:
Gracias por comentar. El artículo se titula “Una mirada a la política pública LGBT de Cali” porque justamente se trató de una entrevista para conocer un punto de vista sobre este proceso que se adelanta en Cali. Sin embargo, esto no quiere decir que Sentiido no vaya a publicar otras “miradas” sobre el tema. Saludos.