Tal como sucedió con los acuerdos de paz, de nuevo sectores cristianos acuden a lo que denominan “ideología de género” para invisibilizar a las personas LGBTI del Plan Nacional de Desarrollo (PND). ¿La razón? La de siempre: la mezcla entre religión y política.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) reúne los objetivos, metas y prioridades del Gobierno nacional, así como sus estrategias en cuanto a políticas económicas, sociales y ambientales y el plan de inversiones de las entidades públicas nacionales. Con alrededor de 1.600 páginas, el PND del gobierno de Iván Duque (2018 – 2022), “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan avanzar para que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados para el año 2030.
Uno de los pactos estructurales del PND, el número III o “Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, contempla reducir la desigualdad y aumentar la equidad de oportunidades. El capítulo “J” de dicho pacto, “Equidad en la diversidad”, está enfocado en las barreras que enfrentan las personas LGBTI para acceder a los servicios de salud, de educación y a empleos dignos y, en general, en cómo lograr el ejercicio de sus derechos obstaculizado por la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.
De la página 339 a la 349, el PND aporta información actualizada sobre violencia asociada a la diversidad sexual y de género en ambientes escolares y propone estrategias para la garantía del derecho a la educación en ambientes libres de discriminación, para superar las barreras por prejuicio y fomentar una cultura para la diversidad, entre otros.
El PND señala: “En coherencia con el principio de no discriminación, la línea ‘Equidad en la diversidad’ presenta estrategias para remover las barreras que enfrenta la población LGBTI para el ejercicio de sus derechos al tiempo que realiza los ajustes institucionales necesarios para la transformación de los imaginarios negativos hacia esta población”.
Sin embargo, una vez conocido el PND, el senador John Milton Rodríguez, cofundador del Partido Colombia Justa Libres, de orientación cristiana, señaló que el capítulo “Equidad en la diversidad” era una apología a lo que ellos denominan “ideología de género”, concepto que ha demostrado ser rentable electoralmente. El argumento del senador es que la discriminación no solamente afecta a las personas LGBTI sino a otras poblaciones no mencionadas en estas 10 páginas.
Efectivamente, entendiendo que son muchas más las poblaciones discriminadas, el PND contempla capítulos para cada una de ellas. Así, por ejemplo, está el pacto XII o “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros y Rrom”, el pacto XIII o “Pacto por la inclusión de las personas con discapacidad” y el pacto XIV o “Pacto de equidad para las mujeres”.
Es cierto que el capítulo destinado a las personas LGBTI no se llama “LGBTI”, sino “Equidad en la diversidad”, mientras que los de otras poblaciones sí se denominan “afro” o “indígenas”. Según Wilson Castañeda, director de la Corporación Caribe Afirmativo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio del Interior argumentaron que lo hacían así para blindar la información, teniendo en cuenta lo incómodo que para ciertos sectores político – religiosos resulta incluir abiertamente a las personas LGBTI en esta clase de documentos.
Este argumento quedó confirmado justamente con las pretensiones del partido Colombia Justa Libres de modificar radicalmente lo que se discutió con las comunidades, en los territorios, como parte del proceso de construcción del PND. “Pero lo que sí está claro es que no puede modificarse lo acordado con las bases, lo que incluye el capítulo ‘Equidad en la diversidad'”, señala Castañeda.
De hecho, la incomodidad de Colombia Justa Libres –respaldada por el Centro Democrático, el Partido MIRA y el Conservador, según Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá– es que el PND contemple un espacio destinado a hacer un diagnóstico de la situación de las personas LGBTI y a establecer estrategias para hacerle frente a la discriminación.
“Les guste o no al senador John Milton Rodríguez y a su partido Colombia Justa Libres, en este país cabemos todos”, Mauricio Toro, representante a la Cámara.
La pretensión concreta del senador Rodríguez y de quienes respaldan su iniciativa es que el capítulo “Equidad sin discriminación” no se enfoque solamente en las personas LGBTI sino que reúna a otras poblaciones. “En otras palabras, pretenden invisibilizar a esta población“, agrega Toro.
La estrategia es similar a la utilizada para eliminar a las personas LGBTI de los acuerdos de paz establecidos entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC: “los cambios implementados en el PND, tal como sucedió con los acuerdos de paz, apuntan a retirar cualquier referencia a la orientación sexual e identidad de género y a reducir a su mínima expresión la mención ‘LGBTI’”, explica Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa.
Todo esto debido a que por sus creencias religiosas, el senador Rodríguez y demás integrantes del Partido Colombia Justa Libres no reconocen que una persona pueda ser LGBTI. Para ellos, estas orientaciones sexuales e identidades de género son “una elección” o el resultado de una educación equívoca pero nunca orientaciones sexuales e identidades de género válidas y respetables.
“Todos sabemos que hay niños, niñas y adolescentes que de manera autónoma se identifican como LGBTI, pero ellos no quieren reconocerlo”, señala el representante Toro. Para el senador Rodríguez y su partido, el hecho de que el PND se refiera a “niños, niñas y adolescentes LGBTI”, atenta contra la autonomía de los padres de familia para educar a sus hijos según sus creencias.
“¿Cómo puede el Estado definir a un niño? La orientación sexual y la educación sexual hasta los 18 años forman parte de las responsabilidades de los padres de familia. El Estado le está quitando la responsabilidad y la autonomía que tienen los padres de familia sobre la educación de sus hijos”, expresó el senador Rodríguez en una entrevista.
Esto evidencia que el senador de Colombia Justa Libres desconoce que los derechos de niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los de los adultos. Y los titulares principales del derecho a la educación son niños, niñas y adolescentes. “Si los menores solamente recibieran la información que sus papás consideran pertinente según sus creencias, los privarían de un estándar mínimo de educación y les cerrarían espacio a derechos fundamentales como el acceso a una educación para la sexualidad acorde con la edad”, explica el abogado Juan Felipe Rivera, experto en educación.
La formación que los papás elijan para sus hijos no puede desconocer los derechos humanos. “Los papás deben contribuir a formar seres autónomos sin pretender imponerles una orientación sexual o una identidad de género“, agrega Rivera.
“Detrás de todo esto hay un interés electoral y el objetivo de legislar según sus creencias religiosas”, Mauricio Toro, representante a la Cámara.
Sin embargo, explica Toro, como el Gobierno no tiene las mayorías en el Congreso de la República y es este quien aprueba el PND, el partido Colombia Justa Libres aprovechó esta coyuntura para presionar al Gobierno: si no acepta modificar el capítulo dedicado a las personas LGBTI, ellos no votarán la aprobación del PND.
“El Gobierno terminó cediendo y, a puerta cerrada, lograron juntar en el capítulo LGBTI a diversas poblaciones. También eliminaron casi todas las menciones ‘LGBTI’ (solo dejaron unas para que la gente no diga que discriminan), la referencia al caso Sergio Urrego y a niños, niñas y jóvenes LGBTI, así como las cifras y estudios internacionales que evidencian la situación de las personas LGBTI”, señala el representante Toro.
A todo esto se suma, agrega la Corporación Caribe Afirmativo, que el PND no menciona las acciones específicas para implementar, reglamentar y ejecutar el Decreto 762 de 2018, proferido en el Gobierno Santos, por el cual se adopta la Política Pública para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. “Parte del problema es que en lo concerniente a acciones, actividades, indicadores y resultados generales, no aparecen los temas LGBTI. Y por no figurar ahí, no está claro quién responde. Eso sería necesario de ajustar”, concluye Castañeda.
Sin embargo, falta esperar si el representante Toro y otros congresistas logran conseguir que el PND retorne a la versión original, previa a los cambios logrados por el senador Rodríguez y quienes lo respaldan.
Enlaces relacionados:
Personas LGBT piden no ser excluidas de los acuerdos de paz
Es un “No” más profundo
Diversidad, polarización y plebiscito
La diversidad sexual y de género presente en La Habana
5 claves para entender el enredo de los manuales de convivencia
Lo que dejó el debate de los manuales de convivencia
En tiempos de paz, la importancia de la empatía
Una diversidad más amplia para el postconflicto
