Uganda y Rusia son dos de los países que han promulgado leyes que violan los derechos humanos de las personas LGBT. Cuatro expertos explican qué acciones pueden emprenderse en estos casos.
Si por acá llueve, por allá no escampa. Esta parece ser la frase que más se ajusta a la situación que vive la población LGBT de Rusia y Uganda, dos de los cerca de 80 países en los que ser homosexual es prácticamente un delito.
Sin desconocer que en Colombia y otros países de la región, las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas aún no gozan de igualdad de derechos y son víctimas de discriminación, en estos otros lugares el asunto ha llegado a límites insospechados.
Para la muestra, en junio de 2013 el Gobierno de Vladimir Putin aprobó una “ley anti-gay” en Rusia que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, con el fin de proteger a los niños y a la familia”.
Quedaron prohibidas, entre otras, las manifestaciones públicas de cariño entre personas del mismo sexo y que profesores o educadores se expresen a favor de la igualdad de derechos de la población LGBT. De hacerlo, deberán pagar generosas multas.
Por su parte, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó el pasado 24 de febrero una ley que sanciona hasta con 14 años de prisión a las personas homosexuales. La norma contempla cadena perpetua para aquellas que “insistan” con el tema y castiga a familiares y allegados que no denuncien a quienes tienen estas “prácticas”.
Para analizar las acciones que podrían emprenderse para evitar que leyes como estas prosperen, Sentiido consultó a cuatro expertos:
¿Qué pueden hacer los gobiernos de otros países para presionar para que en Uganda y Rusia se revoquen estas medidas?
Los tratados internacionales firmados por estos países en materia de protección de derechos humanos, son los que determinan la manera en que la comunidad internacional puede actuar. Por esto, es necesario revisar su estado de suscripción y ratificación.
“Sin embargo, generalmente los países que adoptan estas medidas han sido reacios a comprometerse con la garantía de las libertades, la igualdad y los derechos humanos”, señala Laura Victoria García, directora del Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
La legislación interna de un país no puede ir en contra de las obligaciones adquiridas internacionalmente. De hacerlo, sus gobernantes podrán ser cuestionados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El problema es que, en ocasiones, todo esto queda en “presiones políticas” que no tienen mayores consecuencias en la práctica, debido a que el derecho internacional carece de mecanismos jurídicos para llegar a penalizaciones.
“Sin embargo todos los gobernantes, especialmente aquellos de Estados poderosos, podrían manifestarse -como lo hicieron en su momento contra el apartheid (sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia)- señalando que estas leyes constituyen un régimen discriminatorio, un apartheid por orientación sexual e identidad de género. Y que, por consiguiente, impondrán sanciones económicas”, afirma Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJusticia.
Según Jorge Parra, politólogo y consultor en derechos humanos, tanto Estados Unidos como los países bajos anunciaron recientemente, a propósito de estas normas, que revisarán sus políticas de cooperación internacional. “Aunque hay una línea muy delgada entre esa revisión y llevar a cabo sanciones económicas porque se estaría pasando por encima de la soberanía de un país y de su autonomía legislativa”, enfatiza Parra.
Así que, por lo pronto, presiones económicas no se ven, como no las ha habido con otros países de África que han promulgado leyes similares.
En relaciones internacionales, añade Parra, las represiones económicas son el último recurso y en casos de genocidio por ejemplo. “Como las medidas adoptadas por Uganda o Rusia están ‘justificadas’ constitucionalmente según su moral, es muy difícil que el sistema internacional intervenga de manera efectiva”, completa García.
En la mayoría de tratados comerciales que actualmente suscribe Europa se incluye una cláusula que le permite a la Unión Europea imponer restricciones cuando se presentan violaciones a los derechos humanos, tales como esclavitud laboral, trabajo infantil o trata de personas.
“Si la Unión Europea expresara que de mantenerse leyes como las de Uganda o Rusia habría sanciones económicas, ejercería una presión política considerable”, aclara Uprimny.
Para García, la igualdad de derechos de las personas LGBT es una causa efervescente en el mundo, pero en proceso de consolidación. “No hay ningún país, salvo dos o tres que están a la vanguardia, que se atrevan a imponer sanciones económicas por este concepto. No conozco antecedentes de violaciones de derechos a comunidades indígenas o afro y que otros países hayan acudido a sanciones económicas”.
¿Cómo puede una persona de cualquier país rechazar estas medidas?
Además de manifestar su repudio en las redes sociales, también puede presionar a su respectivo gobierno para que asuma actitudes críticas frente a las normas adoptadas por Uganda y Rusia.
“Otra alternativa es enviar a la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, cartas y comunicados con numerosas firmas y adhesiones, para que la Asamblea General de las Naciones Unidas tenga más herramientas para emitir resoluciones condenando esta discriminación”, añade García.
Pese a no tener alternativas jurídicas, estos organismos tienen un peso político importante. “Otra modalidad de ayuda es enviar donaciones que contribuyan a la labor que adelantan las ONG en dichos países”, concluye Parra.
¿La legislación de un país puede pasar por encima de los derechos humanos?
En Uganda para empezar, explica Parra, se está violando la constitución del país porque ésta garantiza los derechos a la privacidad, la no discriminación, la dignidad y a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Ahora, cuando los Estados se comprometen internacionalmente en materia de derechos humanos, no pueden usar su legislación interna como excusa para incumplir con estas obligaciones”, afirma María Adelaida Palacio, investigadora y docente del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Sergio Arboleda.
Hay unos límites establecidos en los tratados suscritos de protección de derechos humanos y unos mínimos que no pueden ser violados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas ius cogen (que amparan intereses colectivos fundamentales y se encuentran en una posición jerárquica superior con respecto al resto de disposiciones del ordenamiento).
“Los países tienen que ajustar su legislación a sus obligaciones en derechos humanos y la discriminación por orientación sexual es reconocida en el derecho internacional”, completa Uprimny.
El presidente de Uganda podrá argumentar que su país no ha ratificado tratados que le prohíban penalizar la homosexualidad. “Sin embargo, habría consenso general en el derecho internacional de los derechos humanos respecto a que criminalizar la homosexualidad con normas tan severas, es discriminatorio. El problema es que no son claros los mecanismos jurídicos para actuar de una manera eficiente”, aclara Uprimny.
¿Qué acciones pueden llevar a cabo las organizaciones de derechos humanos?
“Depende de las obligaciones que países como Uganda o Rusia hayan adquirido internacionalmente. Sin embargo, organizaciones como la ONU deben sentar una posición crítica, de preocupación y sugerencia”, explica Palacio.
Sin embargo, una acción clásica de las ONG de derechos humanos es realizar monitoreos para documentar casos que evidencien la violación de derechos humanos y los impactos de estas medidas y, con este material, tratar de presionar a dichos Estados. “Eso no tiene fuerza jurídica pero sí política en la medida en que logre movilizar opiniones públicas y a otros gobiernos”, dice Uprimny.
Con esta información es posible llegar a la ONU, a las organizaciones de cooperación internacional, a Amnistía Internacional y a la comisión africana o al tribunal europeo de derechos humanos y movilizar a la sociedad civil.
“También, en la medida en que la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos considere que hay una violación grave de una población específica en un país, puede solicitar tener presencia permanente allí. Aunque esto requiere de la aprobación del Estado”, enfatiza García.
Las personas o grupos afectados pueden denunciar su situación en la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas para que dicho organismo solicite más información y pueda elaborar un informe. “Esto es útil para conocer con mayor detenimiento la situación y que las Naciones Unidas emitan una resolución en materia de derechos humanos”, añade García.
Según Uprimny, adelantar labores educativas también es un paso fundamental. Aunque no tengan un impacto inmediato, son definitivas. “Este tipo de leyes se fortalecen en la medida en que la mayoría de ugandeses las apoyen. Y lo hacen, en buena medida, por prejuicios fundamentados en desconocimiento. También sería importante que artistas y políticos respetables defendieran públicamente la igualdad de derechos”.
¿Leyes como la promulgada en Uganda también buscan demostrar independencia frente a los países occidentales?
Pueden ser vistas como una manera de “ejercer soberanía” de forma arbitraria y pasando por encima de los derechos de los ciudadanos. “Lo curioso es que Uganda o Rusia participan de los mecanismos de Naciones Unidas de protección de derechos humanos”, señala Parra.
Sin embargo, añade García, todo apunta a que los gobernantes de Uganda están más preocupados por la represión interna que por demostrar independencia ante países como Estados Unidos.
“Están lejos de las preocupaciones de la comunidad internacional. Su prioridad es conservar un monopolio económico producto de la explotación de los recursos del país y seguir manteniendo a la gente en la ignorancia para continuar dominándola”, explica García.
Es importante, enfatiza Uprimny, que las estrategias de la comunidad internacional, no toquen las fibras nacionalistas de estos países porque esto podría radicalizar los prejuicios y afectar aún más a las poblaciones locales.
“Es legítimo que la comunidad internacional intervenga, pero eso no quiere decir que deban hacerlo con insultos porque esto puede generar la reacción de ¿por qué nos van a imponer su visión de mundo si nosotros tenemos la nuestra? Y ratificar aún más esas medidas arbitrarias”, concluye Uprimny.
¿Es efectivo firmar las peticiones que circulan por Internet condenando estas leyes?
La efectividad de estas peticiones depende de la voluntad política que tenga los países a quienes se les reclama. Sin embargo, el activismo virtual y firmar las peticiones que circulan a través de páginas como Avaaz.org o Change.es, es importante porque evidencian que la opinión pública internacional condena estos actos.
Ahora, su impacto es mayor cuando se articula con acciones más concretas y activismo en otros espacios, como peticiones judiciales o mediante movilizaciones más visibles.
“Es válido firmar esas peticiones pero al mismo tiempo se puede hacer una solicitud a los gobierno de cada persona para que asuma una actitud crítica frente a estas medidas”, afirma Uprimny.
En últimas, son peticiones políticas que tienen un alcance restringido. “Se están enfrentado a gobiernos a los que poco les interesa el tema. Lo más importante sería llevar el asunto a escenarios internacionales y lograr, por ejemplo, una resolución de las Naciones Unidas en contra de estas medidas”, afirma García.
¿Qué hacer con un diario como Red Pepper de Uganda que publicó nombres y fotos de 200 personas “acusadas” de ser homosexuales?
El argumento de las directivas de estos medios es que están haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión y que gozan del respaldo de sus lectores. Sin embargo, estas publicaciones son una clara violación a los derechos a la igualdad, la privacidad, el debido proceso y, en algunos casos, a la vida.
Ahí podrían intervenir tanto organizaciones de derechos humanos como de prensa. “Estados, organizaciones y ciudadanía están llamados a denunciar porque se está generando un riesgo de vulneración de derechos. Y este tipo de actitudes hace que la violencia se legitime y se convierta en parte de la cotidianidad”, afirma Palacio.
Para determinar las acciones más apropiadas a llevar a cabo, completa Uprimny, es importante adelantar un trabajo articulado con organizaciones de derechos humanos y, particularmente, con aquellas locales que defienden los derechos de la población LGBT porque conocen mejor las dinámicas internas.
“Un tribunal ugandés había fallado en contra de uno de los periódicos que hace esto, pero no se tomaron los correctivos necesarios. Habría que insistir en la primacía de los derechos humanos sobre el interés particular de un medio de comunicación. El asunto también es discutir hasta dónde puede llegar la libertad de prensa”, asegura Parra.
¿Son agravantes el hecho de que leyes como estas aumenten la violencia contra las personas LGBT?
Un Estado no solamente tiene la obligación de no violar los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción sino también de protegerlos. Y si opta por aprobar leyes que incrementen la violencia contra una población no está cumpliendo con esto.
Acá hay varios derechos en juego: la discriminación por orientación sexual o identidad de género y la violación a la integridad física y personal. “Una discriminación por razón de la orientación sexual puede convertirse en un tema de salud pública”, explica García.
Una ley puede cuestionarse por sus efectos. “Técnica y jurídicamente es más difícil porque debe demostrarse la relación, pero es posible”, afirma Uprimny.
Evidenciar los impactos de las llamadas leyes “anti-gay” es importante. “Es clave la documentación y las investigaciones pertinentes para, con evidencia, exigir a los estados la protección de los derechos humanos”, completa Parra.
Ahora, muchas veces estas medidas “anti-gay” son adoptadas con base en justificaciones religiosas y no en derechos. “En este caso, habría una violación al derecho a la libertad religiosa o de cultos, porque no todas las personas siguen los mismos principios”, señala García.
La gravedad de la violación a los derechos humanos es evidente a nivel internacional, la dificultad está en tomar medidas en el ámbito jurídico.
¿Qué acciones pueden llevarse a cabo contra los llamados “centros de terapias de conversión de personas gais”?
Si estos espacios están ubicados en países latinoamericanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un papel determinante. En todo caso, el primer paso es identificar qué tipo de regulación existe en cada país al respecto.
Según Parra, la Organización Panamericana de la Salud declaró que estas “terapias” no están permitidas. “La ONU explicó que se trata de formas de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Están prohibidas a la luz del derecho internacional y, adicionalmente, de varias constituciones”.
Ahora, si son espacios propiciados por el Estado son absolutamente discriminatorios y violatorios de los derechos humanos.
La existencia de esos lugares es injustificada, pero una clara violación de los derechos humanos sería obligar a una persona a frecuentarlos. “El Estado debe controlar esos abusos”, dice García.
En conclusión…
Frente a las presiones internacionales, los gobernantes de Uganda y Rusia podrían responder que las leyes “anti-gay” forman parte de su soberanía.
“Pueden argumentar que no han ratificado ningún tratado que prohíba limitar los derechos de la población LGBT al punto de criminalizarla. El hecho de que los compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos no estén expresos en tratados sino en otros documentos cuya fuerza jurídica es más débil, limita las posibilidades de actuar de manera efectiva”, concluye Uprimny.
En todo caso, son situaciones que deben convocar la solidaridad internacional y llamar la atención de la ciudadanía, los Estados y organizaciones internacionales. Ameritan movilizaciones y una continua presión política.
Ayudas recomendadas:
La Asociación Internacional de Lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (ILGA) publicó un listado de recomendaciones para apoyar a la Coalición de la Sociedad Civil de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CSCHRCL), en su lucha contra las leyes que atentan con los derechos humanos de las personas LGBT:
1. Alce la voz: Es importante seguir hablando en contra de estas leyes y lo que implican en términos de seguridad de la población LGBTI sus aliados, así como en salud pública y derechos humanos.
2. Promueva manifestaciones en diferentes ciudades y frente a las embajadas de Uganda.
3. Convoque a compañías multinacionales que tienen negocios en Uganda para que hagan públicas sus preocupaciones sobre la ley. Por ejemplo: Heineken, KLM, British Airways, Turkish Airlines y Barclays Bank, entre otras. Estas son firmas que respetan los derechos LGBT en sus políticas internas.
4. Presione para suspender la ayuda de donantes y recortar la ayuda a sectores que no muestran respeto por los derechos humanos. El gobierno holandés, por ejemplo, recortó su ayuda al sector justicia de Uganda.
5. Presione a los servicios de inmigración de cada gobierno para que tengan en cuenta en sus políticas de asilo a las personas LGBTI de Uganda, Nigeria, Rusia, Camerún y otros países donde la homofobia es patrocinada por el Estado.
6. Emprenda acciones urgentes como enviar mensajes al gobierno y embajadas de Uganda para protestar por las medidas.
7. Invite a las celebridades para que se pronuncien en contra de estas leyes.
8. Sugiérale a organizaciones de cooperación internacional como USAID, el Fondo Mundial y aquellas encargados de trabajar con VIH / SIDA que se pronuncien.
9. Llame la atención internacional en temas como la corrupción, la apropiación de tierras o la supresión de la libertad de los medios de comunicación que tiene lugar en Uganda. Es importante intensificar la crítica hacia otros abusos que están pasando y recordarle al mundo que esta ley está siendo utilizada como excusa para desviar la atención de otros asuntos más oscuros.
10. Presione a su gobierno para que convoque de vuelta a sus embajadores a sus respectivas capitales.
11. Contribuya con apoyo físico, financiero o técnico para impugnar la ley en la Corte Constitucional y en la Corte de Justicia de África Oriental.
