Trabajadoras sexuales de Boyacá denuncian persecución y agresiones por parte de policías, especialmente contra las mujeres trans. Las alcadías no responden.
Por: Irene Alonso Acosta*
Con Juliana Giraldo ya van al menos 21 mujeres trans asesinadas en Colombia en lo que va de 2020. Una muestra de lo que vive esta población son la persecución y las agresiones por parte de policías a trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres trans, en el departamento de Boyacá.
Entre enero y agosto de este año, la organización Femidiversas registró al menos 20 casos. Por esta situación, el primero de septiembre, la Plataforma Feminista Boyacense le dirigió a la Defensoría del Pueblo una denuncia pública.
El argumento de la Policía es que ha aumentado el número de trabajadoras sexuales provenientes de Venezuela y de otras ciudades y municipios del país, lo que ha causado problemas de convivencia. Sin embargo, Femidiversas registró que parte del problema en Duitama es el acoso y las agresiones contra ellas por parte de comerciantes, taxistas y residentes, quienes les dicen que se vayan de la ciudad. (Ver: Cuando la pandemia aprieta: Alejandra y la desatención a las vidas trans)
“Quieren criminalizar a las trabajadoras sexuales y desaparecerlas de los lugares en los que ejercen su forma de supervivencia”, Plataforma Feminista Boyacense.
La Policía también señala que en ciudades como Duitama las trabajadoras sexuales suelen ubicarse cerca del antiguo terminal de transportes, espacio en el que no pueden trabajar porque el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) así lo estipula.
Sin embargo, ni el actual POT de Tunja ni el de Duitama mencionan si hay o no zonas específicas permitidas para esta actividad. Pareciera, más bien, que el objetivo de algunas autoridades es alejar a las trabajadoras sexuales de estas ciudades. De hecho, a raíz de las agresiones y hostigamientos que han vivido en municipios como Sogamoso y Paipa, algunas de ellas se han ido para Tunja y Duitama.
Andra Hernández, de la red LGBT de Boyacá y defensora de derechos humanos, señala que Tunja y Duitama son las ciudades en donde hay mayor concentración de trabajadoras sexuales en el departamento y mayor persecución de la Policía.
Desde marzo se han registrado en Tunja al menos seis denuncias por agresión: “hay casos de maltrato con bolillo, gas pimienta, cachetadas y hubo uno en el que desnudaron a una chica”, dice Hernández.
El pasado 27 de agosto la organización Femidiversas recibió el testimonio de una trabajadora sexual sobre un cliente que la denunció por hurto, después de que ella se negara a tener relaciones sexuales sin protección. Los policías la agredieron físicamente. A ella, a su pareja y a una compañera que la defendió les subieron a una patrulla, les pegaron y les rociaron gas pimienta.
La situación en Duitama es similar. “Se refieren a ellas como hombres, se burlan y las tratan como si fueran delincuentes. Muchos policías piensan que el trabajo sexual lo ejercen personas que no quieren hacer nada o que les gusta que las toquen”, cuenta Kimberly Ochoa, abogada de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Por todo esto, el 12 de octubre de 2019 se realizó en esta ciudad el Kabaret Transfeminista: una manifestación artística de las mujeres trabajadoras sexuales trans en contra de la represión policial y el hostigamiento por parte de algunos ciudadanos.
Habitantes del sector se quejaron por el evento y Sneider Cárdenas, secretario de Gobierno de ese momento, llegó al lugar con patrullas de policía diciendo que la administración no había dado permiso para “adelantar actos y bailes de exhibicionismo por parte de transexuales”. (Ver: Brigitte Baptiste, una navegante del género)
En Tunja, miembros de la Policía se acercaron a las trabajadoras sexuales y les dijeron que eran unas ratas.
Al respecto, la entonces candidata y hoy alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez, indicó que había que evitar este tipo de actividades de prostitución en la ciudad. El tema llegó al Concejo de Duitama. En plenaria, la vocera de la zona del antiguo terminal dijo que había negocios que se habían convertido en el foco de descomposición social más grande de la ciudad.
Por su parte, habitantes del sector denunciaron falta de control por parte de la Policía y “agresividad de los transformistas y de las prostitutas”. También, que negocios y establecimientos hoteleros habían perdido clientes o tenido que cerrar a causa de esta situación.
¿Qué se concluyó? Que quienes ejercen el trabajo sexual debían tener un sitio legalmente determinado para tal fin, alejado de la zona residencial y comercial de la ciudad, aunque en febrero de este año en una mesa de trabajo Constanza Ramírez, alcaldesa de Duitama, señaló que no iba a proteger “delincuentes”.
Si bien en un principio la idea de la administración fue enviar lejos a las trabajadoras sexuales, llegaron al compromiso de que las mujeres buscarían una casa y la administración apoyaría los costos de arriendo durante un tiempo. Pero esto no se ha concretado.
Algunas mujeres sí quieren reubicarse porque quieren trabajar en un sitio donde no sean agredidas. Otras se resisten a ubicarse en una casa porque no tienen los recursos para costearla, porque saben que perderán trabajo y porque sienten que es una forma de esconderlas y de excluirlas aún más.
Para la Casa de la Mujer de la UPTC y la Red LGBT de Boyacá la solución no es decirles “hagan lo que tengan que hacer, pero allá lejos”. Afirman que es necesaria una política que evite la criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales, donde se respeten sus derechos humanos y puedan tener una vida digna. También se necesitan oportunidades de trabajo y de estudio para quienes no quieran ejercer el trabajo sexual. (Ver: Conocer personas trans).
Miembros de la Policía les exigen a las trabajadoras sexuales de Tunja y de Duitama que se vayan .
Además, según la Corte Constitucional de Colombia, el trabajo sexual es una actividad comercial lícita y las personas que lo ejercen gozan de una protección basada en los derechos de igualdad, libertad y dignidad.
A través de la Sentencia T-073 de 2017, la Corte solicitó que las administraciones locales delimiten usos del suelo en sus POT para tal fin. Aún así, los POT tanto de Tunja como de Duitama están desactualizados. En ninguno de los dos se mencionan los lugares en donde se puede o no ejercer trabajo sexual.
Por esto, para Kimberly Ochoa, el argumento sobre el uso del suelo que utiliza la Policía para decirles a las trabajadoras sexuales que se vayan de la zona, e incluso de Duitama, es una excusa para agredirlas: “mientras las ciudades no tengan delimitada en el POT una zona específica para ese tipo de actividades, estas se pueden ejercer en espacios que no sean cercanos a colegios, hospitales o residenciales y eso se está cumpliendo”.
Además, con la Sentencia T-594 de 2016 sobre el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la libertad personal y la libre circulación, la Corte ordena no acudir a la recuperación de espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las trabajadoras sexuales.
Diana Reina, directora de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y desarrollo social de Tunja, señaló que, para empezar a resolver esta situación, la Secretaría formará a 160 policías sobre enfoque diferencial y atención humanizada. También realizarán seguimientos de los casos denunciados.
Reina señala que la Alcaldía de Tunja inició un proceso de censo de las trabajadoras sexuales y una caracterización de esta población para identificar quiénes necesitan nivelación escolar.
En Duitama, la alcaldía abrió hace poco la Casa de la Mujer. Ana María Engativá, funcionaria del centro, señala que que en conjunto con la oficina asesora de programas sociales también harán un censo y caracterización de la población.
Sin embargo, ninguna de las Secretarías de las alcaldía Duitama que Sentiido contactó respondieron a las denuncias de las trabajadoras sexuales ni sobre cuándo estarán actualizados los POT al respecto.
* Comunicadora social y antropóloga. Periodista de Sentiido.
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