Aunque las cifras muestran que persiste la violencia contra las personas LGBT en Colombia, hay algunos cambios importantes que no deben ignorarse.
La organización Colombia Diversa lanzó el 10 de junio su informe de derechos humanos de los años 2013-2014. La información registrada muestra que la violencia, las amenazas y los hostigamientos contra personas LGBT en el país es perpetrada no solamente por individuos sino también por grupos armados al margen de la ley e instituciones como la Policía.
El enfoque más importante de este informe y de la discusión que se dio durante el lanzamiento, es la consideración del prejuicio como el motor principal de buena parte de los actos cometidos en contra de las personas LGBT.
Al considerar que la violencia sexual, la privación de la libertad, el asesinato o el hostigamiento, entre otros, son motivados por los prejuicios que tienen los perpetradores frente a la personas LGBT, se reduce la posibilidad de pensar que este tipo de hechos suceden por “líos de faldas” o porque “quién le manda a ser así”.
Como explicaba Viviana Bohórquez, abogada de Colombia Diversa, las cifras muestran que los crímenes han ido disminuyendo progresivamente. Sin embargo, en ocasiones no son suficientes para mostrar la sevicia con que en muchos casos se efectúan los crímenes contra las personas LGBT.
Los números sobre violencia policial en Colombia (2013-2014) muestran 33 casos registrados en el Valle del Cauca, 28 en Bogotá, 28 en Antioquia y 22 en la Guajira. Las amenazas contra personas LGBT (2010-2014) indican que Atlántico tiene el mayor número de casos registrados (19), seguido de Sucre (11) y de Santander (7).
Aunque las cifras siguen siendo preocupantes, el evento de lanzamiento del informe mostró también otra cara de la situación. En el mismo espacio, estaban reunidos representantes de la Policía, Medicina Legal, la oficina de Derechos Humanos de la Presidencia, la Fiscalía y una sobreviviente del abuso policial y el desplazamiento forzado en Colombia.
El diálogo mostró inevitablemente que aún hay mucho camino por recorrer (especialmente en la Policía), pero también evidenció el compromiso que entidades como la Fiscalía y Medicina Legal han asumido por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y los enfoques diferenciales para tipificar los crímenes más allá del amarillismo y la trivialización.
Sin duda las cifras muestran que persiste en Colombia la idea de que ser trans, lesbiana, gay o bisexual puede ser motivo suficiente para violentar o acabar con la vida de una persona. Sin embargo, es importante resaltar también que en los últimos dos años un mayor número de entidades públicas y privadas así como de medios de comunicación hablan más del tema y se preocupan por hacerlo de manera respetuosa y con conocimiento en la materia.
