El hecho de que la Fiscalía General de la Nación cuente con un equipo especializado en género y enfoques diferenciales, evidencia el giro de esta entidad frente a los temas de diversidad sexual y géneros.
Para muchas personas, la muerte del activista Guillermo Garzón, ocurrida el 15 de noviembre de 2014, no pasó de ser un caso más de hurto en Bogotá. Finalmente las cámaras registraron a unos hombres que entraron a su apartamento y posteriormente salieron con algunas de sus pertenencias empacadas en una maleta.
Para otras, fue un “crimen pasional” porque creen que los homosexuales (Garzón era abiertamente gay) se matan entre sí por celos o por problemas de pareja. Hace unos años, algunos de los investigadores de crímenes como este habrían podido inclinarse, a vuelo de pájaro, por una de estas dos hipótesis y así declararlo a los medios de comunicación.
Pero el asunto cambió a raíz del proceso de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación (Decreto 016 de 2014) que entre otras cosas determinó la conformación de un equipo de género y enfoques diferenciales.
Quedó claro que en casos como el de Garzón las hipótesis de investigación debían contemplar, además del hurto, que el crimen haya sido motivado por su orientación sexual o su labor como activista de derechos humanos.
Aunque calificar como “pasionales” crímenes como este no tiene ninguna implicación en términos legales, el hecho de que se haga y de que esto sea replicado por los medios, de alguna manera justifica al agresor. Se entiende que una persona golpeó o asesinó a otra en un momento de ira, por celos o en un arrebato sentimental.
Es común que la expresión “crimen pasional” salga a la luz cuando la víctima es una persona LGBT. Por esto, la Fiscalía está trabajando en la creación de una política para abordar los casos de esta población con protocolos especiales de investigación, un modelo de atención y un módulo de formación para erradicar del discurso la idea de que los crímenes contra estas personas son pasionales.
De hecho, el homicidio de Guillermo Garzón fue declarado por la Fiscalía como caso connotado. Esto significa que en la investigación debe tenerse en cuenta que se trataba de un defensor de derechos humanos y de un hombre que públicamente se identificó como gay.
Esto implica determinar si los agresores lo eligieron teniendo en cuenta su orientación sexual y analizar de qué tipo de violencia fue víctima.
Ir más allá
Hay casos que, en apariencia, podrían parecer estar motivados solamente por el hurto, pero hay características que llevan a pensar que para robar a una persona no es necesario acudir a tanta violencia.
“No es lo mismo, por ejemplo, que una persona haya sido asesinada de un disparo a que lo haya sido con cinco, de los cuales tres fueron en la cara y donde además hay signos de violencia sexual. Eso comunica otras cosas”, señala Mauricio Noguera, fiscal asesor del equipo de género y enfoques diferenciales.
Para la investigación del caso Garzón, la Fiscalía estableció un comité técnico jurídico donde funcionarios de distintas dependencias discutieron cómo acompañar al fiscal encargado a esclarecer si el homicidio tuvo que ver con su activismo u orientación sexual.
También se resaltó que Garzón pudo haber conocido a su agresor en un bar gay o por medio de redes sociales. “Esto nos permite comprender que muchas de las violencias que se dan contra hombres gais, están asociadas a contactos que establecen en estos espacios”, afirma Noguera.
Aunque esto ya ha sido denunciado por líderes o activistas, es un avance que se tenga en cuenta en una entidad como la Fiscalía porque permite aprovechar el conocimiento y la información de las organizaciones en las investigaciones.
Como parte de la implementación de acciones más contundentes frente a los delitos cometidos contra las personas LGBT, la Fiscalía busca multiplicar las voces de funcionarios expertos en género y enfoque diferencial.
“Tenemos 35 fiscales destacados o encargados de atender temas relacionados con población LGBTI. Y la idea es que estén en capacidad de acompañar a otros en el ámbito local”, explica Noguera.
La Fiscalía también se trazó una ruta de acciones a seguir para garantizarles a las mujeres trans un acceso, sin obstáculos, a la justicia. Y se estableció de manera específica con ellas y no con el resto de personas de la sigla LGBT, porque al no ser reconocida su identidad de género o al ser percibidas per se como criminales, tienen más trabas al respecto.
Exceso de violencia
“Adicionalmente, en el caso de estas mujeres, está diagnosticado un exceso de violencia. Hay encuestas que hablan de que casi el 100 por ciento denuncia que ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida”, señala Noguera.
La información que se tiene de homicidios y de violencias contra buena parte de estas mujeres, requiere de un acompañamiento especial por parte del Estado.
Con las personas bisexuales, los hombres homosexuales o las mujeres lesbianas el asunto es distinto. Primero, porque el nivel de violencia es menor. Segundo, porque el código penal contempla la orientación sexual pero no la identidad de género debido a que la legislación colombiana no la reconoce.
Los casos de violencia contra las mujeres trans tienen, además, un menor éxito procesal porque son archivados, llevan mucho tiempo en investigación preliminar o no hay agresores detenidos. La idea, entonces, es revisar y agilizar esos procesos.
Cuando las mujeres trans son las victimarias -también sucede- la Fiscalía debe velar por ofrecerles las garantías contempladas dentro de sus funciones para que sean debidamente juzgadas y procesadas.
Frente a la gravedad de los delitos, la respuesta de la Fiscalía es darle prioridad a ciertos casos. Allí está incluido el enfoque diferencial y, como parte de este, la población LGBT.
“Si hay una serie de casos especialmente preocupantes, se priorizan y se estudian. Esto permite entender mejor de qué tipo de violencia se está hablando, lo que deriva en conclusiones que contribuyan a resolver las investigaciones más rápido y de una mejor manera”, concluye Noguera.
