La noción de justicia de la senadora Viviane Morales no le permite ver o admitir que el referendo que lidera es discriminatorio. Su propuesta no busca garantizar el bien superior del menor, sino estigmatizar a las familias que no corresponden con un modelo.
Por: Sonia Garzón Ramírez* y Carine Middelbos**
¿Está de acuerdo con revocar las decisiones que la Corte Constitucional de Colombia ha establecido con el propósito de garantizar el principio de igualdad a las personas no heterosexuales?
Esta debería ser la pregunta del referendo que lidera la senadora Viviane Morales para impedir que las personas solteras, viudas y separadas, así como las parejas del mismo sexo puedan adoptar.
Morales ha invertido sus energías en persuadir a sus colegas de que la Corte usurpó el rol del Congreso al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y al permitirles a estas parejas aplicar a procesos de adopción.
Morales se aterra de cómo la Corte ha ampliado el principio de igualdad a las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). Sin embrago, evita referirse a por qué el Congreso ha eludido su deber de legislar sobre estos temas.
Lo cierto es que Morales impulsa un referendo que, además de negar la igualdad a las parejas del mismo sexo para postularse a procesos de adopción, tira por la borda 140 años de jurisprudencia sobre adopción en Colombia, como lo explicó la senadora Claudia López.
Nadie discute que la adopción no es derecho sino una medida de protección del menor.
De esta manera, pretende arrasar con el camino recorrido para reconocer el principio de igualdad a las personas no heterosexuales. También, pone en entredicho la idoneidad de las personas solteras, divorciadas, viudas y madres cabeza de familia para educar menores.
El principal argumento utilizado por Morales no es motivo de controversia, sino que, por el contrario, es de consenso común: la adopción no es un derecho de los adultos.
Sin embargo, Morales insiste de manera calculada, en señalar que las personas homosexuales reclaman la adopción como un derecho. Este invento que ella repite a diestra y siniestra le ha resultado útil para confundir.
Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá, así como Elizabeth Castillo, abogada y vocera del grupo de mamás lesbianas, entre otras personas, han afirmado reiteradamente: “adoptar no es derecho. Pero los homosexuales, como cualquier ciudadano, tenemos derecho a formar familia. Bien sea teniendo hijos biológicos o adoptados. Esa posibilidad se estaría violando con la propuesta de Viviane Morales”.
Confunde y reinarás
No obstante, en el vídeo de su campaña “Firme por papá y mamá”, Morales insiste en lo que todos sabemos y nadie reclama: que adoptar no es un derecho y que ningún adulto puede exigir que el Estado le entregue un niño en adopción.
¿Cuál es entonces su estrategia y la de otros congresistas que la apoyan al reforzar la equívoca idea de un derecho que las personas homosexuales están reclamando? Y de otro lado, ¿cuál es la noción de justicia de la que Morales tanto habla?
Ella señala que el rol del Estado frente a los derechos de los ciudadanos no es otro que distribuir bienes, objetos, ingresos, servicios, riqueza y todo aquello sobre lo que gobierna.
Bajo esta lógica, afirma que concebir la adopción como un derecho (una idea suya), le implicaría al Estado “dar” los niños que tiene bajo su tutela como si se tratara de objetos.
Esta visión de justicia se asemeja al tono utilizado en la página de su campaña “Firme por papá y mamá” en donde señala que las parejas homosexuales ven a los niños como trofeos.
Esta percepción es una manipulación de teorías de justicia distributiva al equiparar justicia con distribución y reducir la relación entre derechos y obligaciones. Entre sus exponentes se encuentra John Rawls, filósofo político a quien Morales cita en sus intervenciones.
Aunque bien intencionado, el paradigma de justicia distributiva ha sido cuestionado por filósofos políticos y, en particular, desde la perspectiva feminista por Iris Marion Young, quien señala que, aún sin buscarlo, termina por focalizarse en la asignación de bienes materiales o en la distribución de puestos de trabajo.
En una sociedad como la colombiana, con altos niveles de inequidad, esta distribución es necesaria. Sin embargo, en estos casos el Estado se olvida de atender las estructuras sociales que generan las inequidades sociales.
Al definir justicia social en términos de distribución, la sociedad termina haciendo políticas a corto plazo sin cambiar las estructuras sociales, las normas o los hábitos culturales que generan injusticias. En otras palabras, en justicia social no todo se resuelve con distribución.
Siglos de representaciones discriminatorias sobre las poblaciones afrocolombianas e indígenas ponen en evidencia que las normas y la cultura también generan inequidades.
La senadora Viviane Morales presenta como defectuosas a las familias que no corresponden con un único modelo.
Las sociedades cambian
Otra de las críticas feministas a este paradigma distributivo de justicia es que tiende a concebir la sociedad como estática. Se parte de la base de que los individuos a los que el Estado distribuye bienes se mantienen a través del tiempo y no cambian por efecto de la cultura o los hechos históricos.
De ahí que esta visión resulte bastante cómoda para Morales a la hora de posicionar como tradicional un modelo de familia compuesto por un padre y una madre heterosexuales.
Sin embargo, la familia no es un conjunto estático. Un 46 por ciento de las familias contemporáneas no corresponde al modelo heterosexual idealizado por Morales. Pero por el abuso que ella hace de la justicia distributiva, deben mirarse con sospecha las parejas no heterosexuales y las personas solteras, divorciadas o viudas que quieran presentarse a procesos de adopción.
Finalmente, un esquema de justicia que resuelve todo a través de la distribución, no permite declarar como injustas situaciones que tienen que ver con la dignidad y el respeto. Por ejemplo, el proyecto de ley inicialmente presentado por ella pone bajo sospecha a las niñas nacidas y criadas en hogares de madres solteras.
Específicamente afirma: “Entre las hijas, la falta de un padre fue fuertemente asociada con un riesgo elevado de actividad sexual temprana y embarazo adolescente”.
¿Pueden las niñas y las madres a las que esta afirmación se refiere quejarse de ser representadas de maneja injusta? De acuerdo con el imaginario de justicia que Morales presenta, el Estado no tiene manera de actuar para proteger su derecho a no ser discriminadas porque la función de la justicia se limita a distribuir.
Ahora, la función del Estado frente a una petición para aplicar a un proceso de adopción, no es “dar niños” como Molares pretende mostrarlo. Por el contrario, se han construido estrictos protocolos para asegurarse sobre la idoneidad de las personas y parejas que se postulan a estos procesos.
No obstante, la noción de justicia que Morales maneja no le permite ver o admitir que la representación que ella hace del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de las niñas nacidas en hogares de madres solteras, de las personas LGBTI y del 46 por ciento de las familias colombianas no sólo es peyorativa sino discriminatoria.
He aquí el abuso de un paradigma de justicia manipulado con un propósito político y religioso. He aquí un referendo que utiliza la tiranía de las mayorías para negar la igualdad. He aquí un referendo regresivo e injusto diseñado para privar a las personas solteras, viudas y separadas y a las parejas del mismo sexo de aplicar a procesos de adopción.
Un proyecto con el que no se busca el bien superior del menor carente de familia, sino la promoción de la homofobia y la estigmatización de las familias que no corresponden con un determinado modelo.
*Candidata a doctora en Estudios de Género (Central European University-Budapest).
**Investigadora social y activista.
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