La Fiscalía General de Colombia ha tenido un giro importante a la hora de investigar, acusar y judicializar los delitos contra las personas LGBT. Sin embargo, los recientes hechos sucedidos en esta entidad dejan al fiscal general en una evidente contradicción.
Hace unos meses Sentiido registró el giro que ha tenido la Fiscalía General de la Nación al investigar, acusar y judicializar los delitos en los que las víctimas son lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT).
Sentiido explicaba que las directivas de esta institución buscan dejar atrás la práctica de algunos de sus funcionarios de calificar como “pasionales” –relegándolos, de paso, a un segundo plano- los homicidios contra personas LGBT.
El fiscal general Eduardo Montealegre también ha dicho que deben tomarse las medidas necesarias para impedir que la orientación sexual y la identidad de género se conviertan en criterios de odio o persecución.
En el caso de Sergio Urrego, la Fiscalía rápidamente logró que las directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre respondan por los delitos de discriminación, falsa denuncia, ocultamiento de pruebas y vulneración al derecho a la educación, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, la implementación por parte de la Fiscalía de acciones más contundentes en materia de diversidad sexual e identidad de género, no pueden ser un argumento para ignorar los recientes desaciertos -al menos de los que se han hecho públicos- de esta entidad.
Por una parte, están los millonarios contratos otorgados a dedo por el fiscal general, que aunque legalmente pueden justificarse, dejan serias dudas sobre los mecanismos de elección de los contratistas, los objetivos de los mismos, los montos y si eran necesarios.
Entre los más cuestionados están los celebrados con la politóloga y columnista Natalia Springer. La revista Semana publicó que estos contratos parecen hechos a su medida y a la de su empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS.
La Fiscalía, según relató Semana, llegó al punto de acomodar los requisitos que la firma no cumplía para que no fueran a convertirse en un obstáculo a la hora de otorgárselos.
Tú me ayudas, yo te ayudo
Semana también reveló que cuando Springer entregó el informe con el que le desembolsarían el primer pago, quienes recibieron el documento lo calificaron como vergonzoso.
Una fiscal encargada de supervisar ese contrato cuestionó el origen de muchas de las cifras y datos utilizados por ella y señaló que el documento no cumplía con las obligaciones estipuladas y no era útil para el trabajo que venían adelantando, relató Semana.
Poco después de que se formularan las críticas al trabajo presentado por Springer, el jefe de la funcionaria que dio el concepto, Alejandro Ramelli, salió de la Unidad de Contexto de la Fiscalía y el fiscal general asumió directamente la supervisión del contrato. Springer no solamente recibió el pago correspondiente sino más contratos.
En una reciente columna en Semana, María Jimena Duzán también mencionó un contrato por 174 millones de pesos, entre la Fiscalía y el exmagistrado Néstor Osuna, firmado poco después de que este último renunciara al Consejo Superior de la Judicatura.
“No le queda bien ni al fiscal ni al exmagistrado Osuna que su nombre aparezca como contratista cuando todo el mundo sabe que quien está impulsando su candidatura como nuevo registrador es el fiscal Montealegre”, señaló Duzán.
A los millonarios contratos se sumó el anuncio -que finalmente no se concretó- de imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra la actriz Carolina Sabino por el delito de aborto.
En la mañana del 14 de septiembre Julio Sánchez Cristo dijo en la emisora La W que días antes de que este tema se hiciera público, la oficina de prensa de la Fiscalía les ofreció la nota de Sabino a varios periodistas de distintos medios. En otras palabras, les pidieron que hicieran pública la noticia sobre el aborto de esta actriz y la imputación de cargos.
Como ninguno aceptó considerando que se trataba de un tema de la vida privada, el viernes 11 de septiembre, la oficina de prensa de la Fiscalía les envió a algunos periodistas, mediante un chat, un mensaje que decía que se acababa de radicar la solicitud de audiencia para imputación de cargos contra Sabino por el delito de aborto.
Una cortina de humo
Todo apunta a que la estrategia de la Fiscalía era crear una cortina de humo para desviar el interés de los medios de comunicación sobre el escándalo de los contratos. Sabían que así algunos periodistas se negaran a publicar la historia, no faltarían los que sí lo harían, como evidentemente sucedió.
Con lo que no contaba esta entidad era con que la opinión pública rápidamente captaría su estrategia. Así que no solamente continuaron difundiéndose más revelaciones de los contratos, sino que las redes sociales se llenaron de mensajes reclamándole al fiscal por violentar el derecho a la intimidad y por pasar por encima de la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones.
Por su parte, el portal La Silla Vacía reveló que la Fiscalía, además de contar con una oficina de comunicaciones, tiene entre sus contratistas a periodistas y comunicadores.
Lo sucedido con Sabino demuestra que ni el equipo de comunicaciones de planta ni los asesores externos fueron suficientes para evitar que la vida privada de esta actriz se difundiera como noticia.
Suponiendo –aunque difícil creerlo- que el fiscal Montealegre no estuviera al tanto de este tema, ¿no habría sido más lógico que los expertos en comunicaciones optaran, al menos, por una cortina de humo donde el fiscal no quedara en una evidente contradicción?
Por un lado, es conocido por ser un hombre liberal, que lidera estrategias para que las personas no sean discriminadas por sus libertades individuales y, por otro, la Fiscalía le imputa cargos a una mujer que, acogiéndose a lo estipulado en la sentencia C-355, decide interrumpir voluntariamente su embarazo.
Para completar, la Fiscalía hizo público cómo había obtenido la información de esta actriz: interceptando unas conversaciones entre ella y su hermana Lina Luna, a quien investigan por un motivo muy distinto. La pregunta es: ¿desde hace cuánto tiempo la Fiscalía tendría esas grabaciones y por qué hasta ahora decidió hacerlas públicas?
Julio Sánchez Cristo dijo en La W que la familia de Carolina Sabino está muy asustada porque se han sentido presionados por funcionarios de la Fiscalía.
La hora de la “patraseada”
Como era de esperarse, ante el escándalo que este hecho causó, el fiscal no tuvo otra alternativa que hacer un “reversazo”. Fue así como en la mañana del 14 de septiembre anunció que impartió instrucciones para suspender la solicitud de imputación de Carolina Sabino.
“Soy un defensor del derecho de la mujer al aborto en los casos aceptados por la Corte Constitucional. Personalmente asumiré el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión que adoptó una fiscal dentro del ámbito de su autonomía. Solicitud que contiene bases respetables y que conocí posteriormente a la determinación tomada”, explicó el fiscal en un comunicado.
A todo esto se suma el hecho de que el juez 44 de conocimiento de Bogotá dejó en libertad a los 13 señalados de actos de terrorismo y de ser enlaces del ELN. La Fiscalía les habría imputado los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, el juez consideró que hubo errores de procedimiento y que no se les respetó los derechos al debido proceso ni a la legítima defensa.
En últimas, la apuesta de la Fiscalía por la libertad y la justicia también debería evidenciarse optando por contrataciones más transparentes, respetando la vida privada y los derechos de las mujeres y enfrentando los desaciertos sin cortinas de humo.
