Después de más de 500 días de debate, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24. Estos son los principales argumentos que llevaron a la Corte a tomar esta decisión.
Por Andrea Domínguez*
El 16 de septiembre de 2020, el movimiento Causa Justa, conformado por más de 90 organizaciones y 135 activistas de Colombia, interpuso una demanda ante la Corte Constitucional para que se declarara inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal. En otras palabras, para que eliminara el aborto como delito en el país.
Después de más de 500 días de debate, la Corte expidió la Sentencia C-055 de 2022 señalando que a partir de ahora el aborto no será un delito en Colombia, siempre y cuando no se realice después de la semana 24 de gestación. A partir de ese momento se podrá practicar sólo si se comprueba una de las tres causales: violencia sexual, malformación fetal y riesgo para la salud de la madre. (Ver: “Si el Congreso es incapaz de representar a la opinión pública, la Corte Constitucional tiene que asumir ese papel”).
Estos son algunos datos clave que ayudan a entender mejor la decisión de la Corte Constitucional de Colombia:
La decisión de la Corte es inapelable y de inmediato cumplimiento
En otras palabras, no existe la posibilidad de apelación. El aborto legal hasta las 24 semanas de gestación no tiene marcha atrás y debe ser un servicio de salud accesible de manera inmediata. (Ver: ¿Por qué me importa el derecho al aborto?).
Después de más de 500 días de debate, la Corte Constitcuional expidió la Sentencia C-055 de 2022.
El Congreso debe regular el servicio, pero el Estado debe garantizarlo ya.
En su sentencia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a emitir una regulación sobre el aborto que garantice su acceso, el derecho a la información de las personas que desean interrumpir el embarazo y la eliminación de obstáculos y barreras para ejercer dichos derechos.
Sin embargo, la sentencia tiene efecto de cumplimiento inmediato. Es decir, el Estado no puede excusarse en la falta o demora de regulación por parte del Congreso para no prestar el servicio. Desde 2006, cuando la Corte permitió el aborto bajo tres causales (violencia sexual, malformación fetal y riesgo para la salud de la madre) el sistema de salud ya cuenta con rutas de atención que debe garantizar. (Ver: Las luchas del aborto en Colombia).
El límite de 24 semanas como plazo máximo para interrumpir el embarazo es por las dificultades de acceso al sistema de salud en Colombia.
En zonas rurales y alejadas de Colombia no existe el número suficiente de clínicas ni de profesionales de la salud que presten el servicio de aborto, lo que significa que muchas personas tienen que desplazarse a capitales para acceder a este procedimiento.
Además, muchas de ellas no tienen acceso a pruebas de embarazo para, en caso de estarlo, poder tomar una decisión pronto. “No estamos hablando de una mujer en Bogotá, de clase media alta que tiene acceso a información y a salud, sino de aquellas que están muy lejos de esa realidad”, dice la abogada Valeria Pedraza de la organización Women’s Link Worldwide (WLW). (Ver: Ninguna mujer tiene en su plan de vida abortar)
Mientras estuvo penalizado, el aborto en Colombia fue castigado de manera desproporcionada entre mujeres que viven en condiciones vulnerables.
Según Valeria Pedraza, abogada de Women’s Link Worldwide (WLW), entre 1998 y 2016 hubo cerca de cinco mil procesos de aborto y un cuarto de las condenas que se han impuesto han sido en contra de menores de edad, incluso niñas, que deberían estar cubiertas por la causal de violencia sexual. El 97% de las mujeres denunciadas por el delito de aborto eran habitantes de zonas rurales. En Bogotá, el 85% de las mujeres denunciadas pertenecía a estratos 1, 2 y 3. (Ver: Aborto en Colombia, ¿qué ha pasado desde 2006?).
El aborto ilegal es más costoso para el Estado que el aborto legal.
De acuerdo con la investigación “El costo de la atención postaborto y del aborto legal en Colombia” de Elena Prada, Isaac Maddow-Zimet y Fátima Juárez, los costos en Colombia por atención posterior a abortos que resultan en complicaciones pueden reducirse de manera significativa si se proveen los servicios de manera oportuna en instituciones de primer nivel y mediante el uso de métodos de aborto seguro, no invasivos y menos costosos.
Según el estudio, el promedio del costo directo de la atención de una mujer con complicaciones por un aborto fluctúa entre $44 y $141 dólares, lo que representa un costo directo para el sistema de salud de cerca de $14 millones de dólares anuales.
Un aborto legal en una institución de segundo o tercer nivel oscila entre $213 y $189 dólares respectivamente, en parte debido al uso del procedimiento de dilatación y curetaje. En las instituciones privadas especializadas de primer nivel en donde se usa la aspiración manual endouterina y el aborto con medicamentos, la mediana del costo de la prestación del servicio es mucho más bajo ($45 dólares).
Despenalizar el aborto no aumenta automáticamente el número de abortos.
La literatura científica indica que despenalizar el aborto no aumenta el número de abortos practicados en un país. Cuando se despenaliza, gran parte de los abortos que eran practicados de manera clandestina, pasan a ser contabilizados por el sistema de salud y se hacen visibles. Además, contrario a lo que sucede cuando las mujeres se tienen que someter a abortos clandestinos, cuando ellas acceden a un aborto seguro proporcionado por el sistema de salud, acceden también de manera inmediata a métodos anticonceptivos que se ofrecen desde el mismo momento en que se realiza el aborto.
De acuerdo con Laura Gil, ginecóloga e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, el 80% de las mujeres que se practica una interrupción voluntaria del embarazo acepta de inmediato el uso de algún método anticonceptivo de alta eficiencia. Por eso, despenalizar el aborto puede disminuir el número de embarazos no deseados a mediano y largo plazo y también el número de abortos que se practiquen.
El estudio “Incidencia del aborto entre 1990 y 2014: niveles y tendencias mundiales, regionales y subregionales”, publicado en la revista médica The Lancet, señaló que las tasas de aborto han disminuido significativamente desde 1990 en el mundo desarrollado -donde el aborto legal es más frecuente- pero no en el mundo en desarrollo. Un punto de referencia es Canadá, donde a partir de la despenalización del aborto el número de procedimientos fue disminuyendo. Adicionalmente, explica la abogada Pedraza, allí más del 90% de los abortos ocurren en el primer trimestre del embarazo y sólo el 0.6% se hacen después. (Ver: Preguntas que hay detrás de la decisión de abortar).
La despenalización del aborto puede evitar que más abortos sean realizados en etapas avanzadas del embarazo.
Entre el 10 y el 15% de los embarazos no deseados son interrumpidos después del primer trimestre y solo el 2% tiene lugar más allá de las 20 semanas, de acuerdo con WLW. Eliminar el delito de aborto del Código Penal permitirá que la mujer que busca un aborto pueda acceder a este procedimiento tan pronto como sea posible, que el profesional de la salud actúe con más libertad y, en consecuencia, que las personas no se vean obligada a enfrentar las múltiples dilaciones y barreras que hoy viven. (Ver: Aborto en Colombia: cifras reveladoras).
Aunque exista el plazo de las 24 semanas, la gran mayoría de los abortos se seguirán practicando durante el primer trimestre del embarazo.
Los abortos que se practican cerca de la semana 24 son excepcionales.
La mayoría de abortos se practican durante el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, algunos avanzan antes de que se pueda acceder a la interrupción voluntaria. La ginecóloga Laura Gil explica esto a través de un caso: “Atendí recientemente a una paciente, una adolescente indígena de 14 años, que venía de la selva y había sido víctima de abuso sexual. Ella no se había dado cuenta de que estaba embarazada hasta que le creció la barriga, ya tenía más de 24 semanas”.
Y agrega Gil: la gente piensa en estos casos y cree que estamos hablando de una adolescente que estudia en un bachillerato y que se puede hacer una prueba de embarazo a los ocho días, o que es alguien que sabe qué es un abuso sexual. No es así. Muchas veces esta niña creció con los abusos de su familia y ni siquiera sabía que estaba embarazada.
La gente asume que cada persona tiene la misma capacidad de enterarse del embarazo en la semana ocho o diez y también que quien busca un aborto en el límite de la semana 24 tiene una mala intención. Según Gil, su experiencia profesional le indica todo lo contrario. Cuando una mujer tiene que tomar una decisión por encima de las 24 semanas, le duele y le parece muy difícil. “Pero es tan apremiante la situación que tiene que hacerlo”. (Ver: Despenalizar para no abortar).
Penalizar la interrupción voluntaria del embarazo es discriminatorio.
No existe ningún procedimiento o servicio de salud que sea sólo requerido por los hombres y que esté prohibido. El aborto es un procedimiento que sólo requieren las mujeres y personas gestantes y que es ilegal en muchos lugares del mundo. Según Laura Gil, ginecóloga del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, “parecería que cuando la mujer queda embarazada deja de ser humano porque ya no tiene el mismo derecho a la salud, a la autonomía y a la dignidad que tenía antes de quedar embarazada. Eso es discriminatorio porque pone al hombre y a la mujer en lugares diferentes en cuanto a la protección de su salud”.
El hecho de que el aborto sea penalizado es un castigo para las mujeres que además no las disuade de abortar porque esta es una práctica que se realiza esté o no prohibida. Pero catalogar el aborto como “crimen” equivale a castigar a la mujer que decide no aceptar la maternidad obligatoria. “El objetivo es realmente proteger un orden social en el que se supone que la mujer tiene que ser mamá y aceptar todos los hijos que vengan, así ella no se sienta capaz de criarlos. Lo que estamos castigando es que la mujer no haya querido ser mamá”, afirma la ginecóloga Gil.
Las personas prefieren evitar un embarazo no deseado antes que abortar.
Es frecuente escuchar: “despenalizar el aborto hará que las mujeres lo utilicen como método anticonceptivo”. Según las expertas, esta afirmación sugiere que las mujeres no son conscientes de que es mucho más fácil usar anticonceptivos que abortar. “Abortar tiene un costo emocional, en tiempo y en dolor físico y pretender que para ellas es tan fácil abortar como utilizar un método anticonceptivo es realmente reducir a las mujeres a animales que no tiene la capacidad de discernir”, afirma Gil. (Ver: Aborto en Colombia: lo que se dice vs. Lo que es).
Profesar una religión y condenar la penalización del aborto no son asuntos contradictorios.
Según Stephanie Mahecha, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, en los textos sagrados solo se aborda el aborto para referirse a instancias jurídicas que indicaban cómo proceder ante un aborto. Por otro lado, afirma: “no necesitamos que un sacerdote nos diga si podemos o no abortar. Nosotras creemos en la maternidad elegida, en la libertad de conciencia y en la agencia moral que tenemos para tomar nuestras propias decisiones. Las creencias religiosas no pueden convertirse en una culpa y en una carga de criminalización porque esto omite el mismísimo centro del cristianismo, que es el amor y la misericordia”.
Hay un abismo entre una ruta de aborto clandestino y una de aborto legal.
Una mujer que accede a un servicio clandestino de aborto está sometida a todo tipo de abusos, comenzando por la condición indigna de tener que esconderse y aceptar lo que le propongan en una clínica de abortos ilegal, en cuanto al método y las condiciones sanitarias del procedimiento.
En el sistema de salud tiene la posibilidad de elegir hacerlo con medicamentos en su casa, si está en las primeras semanas del embarazo, o acceder a un procedimiento practicado en el centro de salud. También tiene acceso a un servicio de emergencia si hay alguna complicación postaborto, mientras que una mujer que recurrió a un servicio clandestino podría abstenerse de buscar ayuda por miedo a ser denunciada. En una ruta de interrupción del embarazo dentro del sistema de salud, la persona recibirá el mismo día del aborto toda la asesoría necesaria para empezar a planificar con un método de anticoncepción de alta eficiencia. En una ruta clandestina, esto ni se menciona.
En las primeras semanas del embarazo hay un cigoto, luego un embrión y luego se forma el feto. Se habla de “bebé” después del parto.
Hablar de “bebé” desde las etapas tempranas del embarazo es incorrecto científicamente hablando, pero es una de las palabras que usan quienes se oponen al aborto para ejercer una presión moral sobre la persona que quiere interrumpir su embarazo. Según Laura Gil, ginecóloga, antes de la semana nueve no se habla de feto sino de embrión. Esta es una etapa de cambios celulares en la que ni siquiera hay una morfología.
A partir de la semana nueve ya existe una morfología externa y se han formado todos los sistemas desde el punto de vista estructural. Pero esto no quiere decir que sean funcionales y por eso es que, si en ese momento hay una pérdida espontánea, el feto no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir.
El feto no es sujeto de derechos.
La jurisprudencia en materia de aborto reconoce la vida prenatal como un bien jurídico a proteger, pero no reconoce que el feto sea sujeto de derechos y tenga personalidad jurídica, según explica la abogada Valeria Pedraza. “La jurisprudencia señala que la protección de la vida prenatal no puede implicar un desconocimiento de los derechos de la persona embarazada, que sí es sujeto de derechos. Es desproporcionado privilegiar la protección de esa vida prenatal sobre la vida ya formada y los derechos de las mujeres”.
Los profesionales de la salud se benefician de la despenalización del aborto.
La penalización del aborto también vulnera el derecho a la libertad de profesión y oficio del personal de salud que practica interrupciones del embarazo debido a que dentro del gremio médico hay un estigma sobre estas personas. Muchos de los profesionales de la salud que practican abortos son excluidos de los círculos profesionales y otros terminan presentando objeción de conciencia así estén de acuerdo en que las personas tienen derecho a acceder a un aborto seguro. (Ver: La objeción de conciencia como barrera para adoptar).
El aborto ha estado presente a lo largo de la humanidad y casi siempre han sido los hombres los que han tenido la última palabra sobre el tema.
En un texto chino de medicina escrito tres mil años antes de Cristo aparece la primera receta de un abortivo oral. Aristóteles defendía el aborto para limitar los nacimientos en las familias muy numerosas y pobres e Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, se refirió a fórmulas abortivas.
Los aztecas utilizaron hierbas para facilitar la expulsión del feto, tanto para practicar abortos como para ayudar en los partos y según el Código de Hammurabi (1790 A.C.) en esa época el aborto pertenecía al ámbito doméstico a menos de que se produjera por golpes ocasionados por un hombre a “la hija de hombre”, caso en el cual el agresor era castigado.
La despenalización del aborto implica un cambio social importante.
Esta decisión implica un cambio social importante en la consolidación de la ciudadanía de las mujeres. Como lo dijo Ana Cristina González Vélez, doctora en bioética y una de las fundadoras de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que forma parte de Causa Justa, el movimiento que lideró la demanda que llegó a la Corte Constitucional: “Si bien el avance es enorme, la Corte dejó pasar una oportunidad histórica de eliminar totalmente el aborto del Código Penal y así fue porque todavía hay quienes pretenden imponer la maternidad forzada. Se trata de las mismas fuerzas que antes estuvieron en contra del divorcio, de que las mujeres tuviéramos cuenta bancaria y de que fuéramos dueñas de la tierra. Pero el camino esta abierto y con él la posibilidad de que las mujeres disfruten de sus derechos y de la libertad que hoy se les reconoce”. (Ver: Feminismo en Colombia: una historia de triunfos y tensiones).
*Periodista. Email: adominguez@sentiido.com
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